El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese definitivo de actividad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, según ha informado BComú en las redes sociales. El Ayuntamiento, gobernado por Ada Colau, argumenta para echar el cerrojazo definitivo del centro que carece de licencia de actividad e incumple las normas de seguridad contra incendios, según informa El Periódico.

El teniente de alcalde de la capital catalana Jaume Asens ha asegurado a través de su cuenta en Twitter que este jueves se anunciaría el cierre: “Estos agujeros negros no caben en una #BCNCiudadDeDerechos”. La también teniente de alcalde Janet Sanz ha mostrado, también vía Twitter, su “orgullo inmenso” por la orden de cierre de la instalación.

BComú también ha publicado una serie de tuits en el que se asegura que el Ayuntamiento ha utilizado una “rendija legal”, pero que para la clausura definitiva se necesitará seguir luchando. El diputado electo al Congreso de EnComúPodem, Xavier Domènech, también ha expresado su alegría a través de la red social: “Una grandísima noticia que hace que muchas cosas valgan la pena. Gracias, gracias por recuperarnos la dignidad”.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona buscan “la manera” de emitir la orden de cierre de la instalación, que cerró provisionalmente el 5 de noviembre para realizar unas obras de remodelación y que hasta el momento no ha abierto de nuevo sus puertas.

El CIE tenía que haber reabierto sus puertas el pasado mayo, pero el Ministerio del Interior lo pospuso sine die. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, la conselleria de Justicia y entidades ciudadanas habían pedido en reiteradas ocasiones el cierre definitivo del centro.

Por la tarde, el Gobierno en funciones ha decretado la reapertura del centro, pasando por alto la decisión acatada por el Ayuntamiento de Barcelona, desde el que ya han anunciado que llevarán a cabo medidas coercitivas si el centro, finalmente, reabre sus puertas.

Todos los grupos que ocupan el consistorio, a excepción de Ciudadanos y PP, se han mostrado de acuerdo al afirmar que la decisión tomada por la Delegación del Gobierno en Cataluña es un “menosprecio” al Ayuntamiento, desde el que lo han visto como una provocación.

Por su parte, Ada Colau ha pedido al Ministro del Interior en funciones que “respete la ley y los derechos humanos”.

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