Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido que “el Gobierno no permitirá que Cataluña sea la voz única de quienes se saltan la Ley”. Por su parte Junts pel Sí y la CUP parecen hacer oídos sordos y tienen en mente la convocatoria de un referéndum de independencia. Lo que se ha dado en llamar el procès sigue su marcha pese a los esfuerzos de la vicepresidenta. La encomendera no sólo ha de utilizar su despacho barcelonés, sino comprender qué pasa en Cataluña y cómo está la situación.

Las afirmaciones de Santiago Vidal respecto a que el independentismo tiene los datos fiscales de los ciudadanos que viven en Cataluña, no dejan de ser mera anécdota. La Generalitat lo ha negado. Pero es significativo del tipo de movimientos que se hacen, poco a poco, para encaminarse a convertir la comunidad autónoma en un país independiente. O ¿es ya casi independiente y casi nadie se ha dado cuenta?

 

La CUP apoya los presupuestos y guardan un dinero para…

Han sido unos meses duros para el equipo de Carles Puigdemont en su pretensión de tener cerrados cuanto antes los presupuestos catalanes. La CUP no sólo apoya la independencia sino que tiene un aspecto social radical que no encaja con los presupuestos social-liberales de Junts pel Sí. El caramelo del referéndum no es suficiente. Por eso han estado presionando para obtener una serie de partidas sociales.

Los planteamientos sociales de la CUP no encajan con los presupuestos liberales de Junts pel Sí

El Gobierno catalán ha tenido que establecer un acuerdo con los sindicatos de la educación para contratar a 5.500 nuevos profesores. Además, la CUP ha logrado establecer un aumento de 45 millones de euros para la renta garantizada de ciudadanía, otro de los puntos de fricción durante las negociaciones con Junts pel Sí. A ello habría que sumar los 208 millones de la Renta Mínima de Inserción.

En los Presupuesto para 2017, Puigdemont ha establecido una partida presupuestaria de 330 millones sin asignación concreta. Estos millones de euros son los que quedan reservados para la ejecución del referéndum y el posible inicio del proceso de independencia.

Desde la Generalitat, por su parte, quitan importancia a esos datos y destacan que todos los gobiernos dejan partidas sin asignación para contingencias. No dicen si el referéndum es contingente.

A todo esto habría que sumar 93 millones de euros destinados a la Agencia Tributaria Catalana, o 34 millones de euros que, oficialmente, quiere destinar a la Agencia de Ciberseguridad, el organismo que ha de sustituir al Cesicat. O lo que es lo mismo, el servicio de espionaje catalán dirigido por los Mossos d’Esquadra.

Los presupuestos contemplan la creación de las agencias Tributaria y Ciberseguridad catalanas

 

¿Qué les falta para independizarse?

Artur Más afirmó en 2014: “Tenemos que engañar al Estado”. En referencia a ir construyendo poco a poco un Estado dentro del Estado. Pero ¿cuánto les queda para tener ese Estado dentro del Estado?

Educación ☺:

El sistema de normalización lingüística y de inmersión cultural catalana está extendida en todo el sistema educativo. Si se declarase la independencia el sistema educativo seguiría su curso.

Interior y Justicia☺☻:

La mayoría de los Comisarios y gran parte de los Mossos d’Esquadra son partidarios del independentismo. Respecto a la judicatura, Neus Munté no ha negado que existan, al menos, 300 magistrados independentistas: “debe haber jueces independentistas y otros que no lo son”. A esto habría que añadir el Cesicat que ya lleva un tiempo en funcionamiento. Eso sí, carecen de Ejército (no necesario en sí) y de fuerzas policiales que cubran todo el territorio y el mar.

Tejido Empresarial ☺:

Pese a declaraciones como las de Javier Vega de Seoane del Círculo de Empresarios: “los empresarios huyen como de la peste de situaciones donde no se cumple la ley, como está ocurriendo en Cataluña”, no deja de ser cierto que existen empresarios que se mueven en la delgada línea del sí y el no. El empresario, y ex-consejero de Telefónica, Carles Colomer está creando un lobby empresarial que sirva de contrapoder al Círculo de Economía, pero que no se vea claramente vinculado a los posicionamientos de CDC, en la actualidad PDeCAT.

Colomer y el resto de impulsores quieren darle a la nueva organización un sesgo liberal y catalanista, que pueda incluir posturas políticas que contemplen desde el independentismo hasta la continuidad del actual marco constitucional, según han apuntado fuentes internas de los promotores. Junto al lobby, por medio de una Fundación, se creará un think tank de intelectuales liberales independentistas denominado Col.lectiu de Catalans Lliures.

Muchas empresas están cambiando sus domicilios sociales a otras comunidades, pero no han dejado de seguir trabajando y haciendo negocio en Cataluña. Recuérdese que el dinero no tiene patria, ni color. Por tanto, en caso de independencia seguiría existiendo un tejido empresarial. Cuestión bien distinta sería su mayor o menor productividad.

El ex-consejero de Telefónica Carles Colomer está creando un lobby empresarial que sirva de contrapoder al Círculo de Economía

Acuerdo Social ☺☻:

Donde más problemas podría encontrar el proceso independentista es en el conflicto social. Actualmente, la mayoría de las encuestas muestran una división casi 50/50 en favor y en contra de la independencia. Que no del referéndum. Respecto al referéndum hay más o menos un gran acuerdo entre la ciudadanía. Para los votantes de Junts pel Sí y la CUP el referéndum debe llevarse a cabo “legal o ilegalmente”.

Entre los partidos de ámbito estatal hay discrepancias. El 41,7% de electores del PP desobedecen a su partido y respaldarían que Catalunya votase sobre la independencia en una consulta pactada. El 52% de los votantes de Ciudadanos también apuestan por una consulta pactada. Y el 72,2% de los simpatizantes del PSC apuestan por el derecho a decidir dentro de la ley.

En cuanto al resultado de la eventual votación, el “Sí” a la secesión cuenta con un colchón de 8,6 puntos sobre el “No”, pero sigue sin llegar al 50% de los votos. La independencia se impondría ahora mismo con el 48,9%, mientras que los detractores se quedarían en el 40,3%. Entre los que aseguran que irían a votar en el referéndum, el apoyo al Estado catalán rebasa el 80%, mientras que los partidarios del no son mayoría entre los que no están seguros de participar o se sitúan en estos momentos en la abstención.

Estos datos los tienen en cuenta en la Generalitat y tienen dudas respecto a llevar a cabo el referéndum. Oriol Junqueras y ERC se muestran reacios a convocar el referéndum, según fuentes internas. Esta reserva está en relación con el apoyo independentista. En total votaron 2,3 millones de personas en el 9N de 2014. Si hubiese menos participación, entonces todo el independentismo quedaría tocado de muerte para mucho tiempo.

La independencia se impondría ahora con el 48,9%, mientras que los detractores se quedarían en el 40,3%

Relaciones Internacionales ☻:

Por muchos viajes que hagan Puigdemont o su “ministro de Exteriores” Raül Romeva para conseguir un apoyo explícito para el proceso, es complicado que lo obtengan. Si el referéndum es unilateral los países de la UE y la gran mayoría de los Occidentales rechazarán a corto plazo el reconocimiento. Si el referéndum fuese pactado sus opciones se abrirían al reconocimiento. Pero a día de hoy, desde Moncloa o el Parlamento no hay mayoría que apoye un referéndum legal.

Si el referéndum es unilateral, los países de la UE y la gran mayoría de los Occidentales rechazarán a corto plazo el reconocimiento de Cataluña independiente

Hacienda ☻:

Posiblemente sea, junto al reconocimiento internacional, donde se encuentra el mayor déficit para decir que Cataluña es un Estado dentro de un Estado. Las partidas presupuestarias sobre la futura Agencia Tributaria Catalana avanzan en ese sentido. Así como el proyecto de la Asamblea Nacional Catalana cuando lanzó la campaña Declara’t a Catalunya. En ella se solicitaba que se hiciese entrega de los datos fiscales a la Agencia Tributaria Catalana para que esta pudiese tener todo el censo fiscal el día de la desconexión con España, ya que la Hacienda española se negaba a ceder los datos de los contribuyentes catalanes.

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