Cientos de personas se han concentrado en defensa de Juana Riva y contra la incomprensible inadmisión del recurso de amparo decidido por el Tribunal Constitucional, apoyada por colectivos como la plataforma 7N contra la violencia machista.

Al principio de la concentración se ha el atentado en La Rambla de Barcelona, y se ha recordado a las víctimas. También se ha condenado la muerte de una mujer en Totana (Murcia).

Se ha leído un comunicado denunciando por lo que está pasando Juana Rivas,por querer proteger a sus hijos y negarse a entregarlos a un maltratador. “

El comunicado lo ha leído Beatriz Benavides, secretaria de Igualdad del PSOE de Móstoles “Ante una injusticia como esta, es nuestra obligación estar al lado de la víctima”.

También han intervenido la escritora Lola Robles, además de Ángela González Carreño, madre de una niña de siete años asesinada en 2003 por su padre maltratador, logró una condena de la ONU a España por no proteger a la menor.

El manifiesto se ha leído mientras se coreaban lemas como “ningún maltratador es un buen padre” o “nos tocan a una, nos tocan a todas“,

En la lectura del manifiesto se ha pedido a la Fiscalía que recurra la inadmisisión del recurso de amparo para evitar la entrega de los hijos a un padre condenado por maltrato, reclamando las convocantes de la concentración, el cumplimiento de la medida 143 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que exige adoptar medidas para que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género.

Para la Plataforma 7N, el TC tenía razones fundadas para aceptar el recurso de amparo como es la protección de los menores, velar por el interés superior de los hijos. Considera que no se está aplicando el artículo 31.2 del Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España, que exige tomar medidas “para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños”, que también rige en Italia, país al que –por los artículos 63 y 64 del mismo Convenio- España debe transmitir “sin demora” y “sin necesidad de petición previa” toda la información y pedir cooperación, con el fin de asegurarse de que se toman las medidas protección apropiadas para la madre y los hijos.

En su comunicado la Plataforma 7N, además, el Tribunal Constitucional no ha interpretado las leyes a la luz del Pacto de Estado contra la Violencia de Género recién aprobado en el Parlamento (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 08.08.17), cuyo punto 4 llama a “intensificar la asistencia y protección de los menores”, y mucho menos alguna de las comparecencias, como la de la Jueza de Violencia Paloma Marín que propuso “con relación a la mejora de la protección de los menores, dado que el artículo 48.2 del Código Penal prevé la suspensión del régimen de visitas, propone establecerla con carácter imperativo en todos los casos en que el/la menor hubieran presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”.

Este caso recuerda al de Ángela González Carreño, sobre el que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas señaló hace dos años:

El Comité observa con preocupación la falta de comprensión por el Estado parte de su obligación de diligencia debida y la falta de seguimiento de los dictámenes del Comité sobre la comunicación núm. 47/2012, González Carreño c. España. Observa que las medidas adoptadas por el Estado parte para capacitar a los jueces y los abogados sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y para incorporar sus disposiciones en su ordenamiento jurídico son insuficientes. Le preocupa además que las propias mujeres, especialmente las mujeres de las zonas rurales y las mujeres migrantes, no conozcan sus derechos con arreglo a la Convención y, por consiguiente, carezcan de la información necesaria para reivindicarlos”.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada mantiene para el próximo lunes, 21 de agosto, la citación a Juana Rivas en una comparecencia prevista en su día para dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores pedidas por este último.

La comparecencia no se ha suspendido al tratarse de un trámite que está pendiente en la vía civil. La evolución de los acontecimientos, en caso de que Juana Rivas fuera detenida o se personara voluntariamente ante la justicia o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podría llevar al juez a tomar otra decisión al respecto.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha declarado a la prensa en Algeciras, es necesario garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho, entre todos “pues de lo contrario se puede entrar en una espiral difícil de revertir”.

Ha afirmado que el caso de Juana Rivas es “un tema delicado” si bien, “aunque uno no las comparta, las decisiones judiciales están para cumplirlas”.

“Es verdad que ha habido recursos a las altas esferas de la justicia en España, pero también es cierto que hay unos antecedentes que hace que uno se plantee muchas cosas“, el ministro ha resaltado que “se corre un riesgo si no defendemos todos el Estado de Derecho“.

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