Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han esperado hasta el último momento para darse de baja voluntaria como militantes del PSOE, casi al mismo instante de conocer que el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado. Ambos se adelantan así por poco a la decisión del PSOE, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.

En un auto de un centenar de páginas, el juez procesa a los expresidentes de la Junta y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza ‘política’ de la causa.

El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo.

En esta pieza permanecían imputados 51 exaltos cargos y exmiembros del consejo rector de la agencia IDEA, pero el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

En un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado procedimiento específico contra un total de 52 personas, aunque el exdirector general del antiguo IFA Francisco Mencía falleció durante la instrucción de la pieza.

De este modo, la magistrada incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”, por hechos relativos a la participación “activa y consciente” de todos ellos en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico “en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta en el seno del Control financiero permanente del IFA/IDEA”.

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