Este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado el nombramiento de la fiscal-jefe de Sevilla, María José Segarra, como nueva fiscal general del Estado en sustitución del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, quien ha estado en el cargo apenas seis meses. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciará hoy lunes 18 sobre la idoneidad de Segarra para el cargo de fiscal general del Estado.

Su nombramiento, propuesto por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tendrá que pasar este trámite, y posteriormente ir al Congreso de los Diputados.

El puesto de fiscal general del Estado tiene en estos momentos una especial relevancia, sobre todo por las tres causas abiertas a consecuencia del “procés”, una en el Tribunal Supremo, contra los ex miembros del Gobern de Cataluña en prisión preventiva, y los cinco huídos, Carles Puigdemont incluido; otra en la Audiencia Nacional, contra el Major de los Mossos d’Esquadra, Lluís Trapero, y tres personas más; y las del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, sobre todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las dos primeras, instruidas por los magistrados Pablo Llarena y Carmen Lamela, ya están en la fase intermedia, con la instrucción concluida. No así la del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que sigue su curso.

Pero, además, Segarra tiene otros frentes abiertos, que suponen las reivindicaciones de la mayoría de los fiscales y que, además, coinciden con las demandas de su propia asociación UPF, y que son aquellas relacionadas con la “formación, justicia digital, independencia fiscal, autonomía presupuestaria y derogación del artículo 324 que establece los plazos de instrucción de los sumarios”, según un portavoz de UFP.

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