Quienes me conocen saben que desde mi llegada al Congreso he manifestado mi opinión sobre los efectos dramáticos de la deslocalización y la globalización, no solo sobre los derechos humanos sino también sobre la destrucción de nuestro tejido empresarial y el Dumping Social. Cuando parece que las empresas ven en parte agotados los beneficios de las prácticas tradicionales de deslocalización, “irrumpen” en el escenario económico los Tratados de Libre Comercio como la nueva generación de instrumentos de globalización.

De hecho en las próximas semanas se somete al pleno del Congreso de los Diputados, la aprobación de un tratado internacional que puede tener importantes repercusiones sobre nuestra economía, pero también sobre nuestros derechos sociales, laborales y ambientales se trata del Acuerdo Económico y Comercial Global de la Unión Europea con Canadá, más conocido como CETA, que se nos ha presentado como un pacto entre países amigos para facilitar el libre comercio y las inversiones, pero que esconde perversas intenciones entre sus mil seiscientas páginas de texto.

Una vez más nos encontramos con que una cuestión que puede afectar de forma intensa a la vida de las personas y al desarrollo socioeconómico de nuestros territorios, sea tan poco explicado y conocido, pasando por nuestras vidas como si su alcance se fuera a limitar a las “altas esferas” de la política Internacional. Pues bien, con esta reflexión pretendo suscitar el interés y preocupación de todos, por una situación sobre la que aún estamos a tiempo de impedir que se convierta en una realidad muy perjudicial e irreversible.

El tratado incluye la creación de Tribunales de Arbitraje ajenos a los sistemas judiciales estatales y europeos, por medio de los cuales las multinacionales podrán demandar a los estados por cantidades multimillonarias en caso de que aprueben leyes que limiten la obtención de beneficios por estas corporaciones. Del mismo modo, se crean instrumentos como el Foro de Cooperación en materia de Reglamentación, que contará con la asistencia de las partes interesadas (léase aquí “las empresas transnacionales”), con potestad para revisar y condicionar cualquier propuesta de ley o regulación de los Estados, antes de ser sometida a trámite parlamentario. Todo esto supone, de facto, la usurpación de las competencias a los tribunales de justicia, gobiernos y parlamentos elegidos democráticamente por la ciudadanía y la posibilidad de afectación de las grandes empresas sobre normativas sociales internas, con el consiguiente alejamiento, una vez más, de un modelo de Estado que recupere su capacidad de “intervenir” para proteger a sus ciudadanos. En definitiva, una nueva aparición de ese capitalismo feroz que determina, por sí mismo y sin escrúpulos, el presente y futuro de los ciudadanos.

Propone también el tratado, la “armonización y simplificación de la normativa”, que supondrá flexibilizar las leyes de protección de la salud pública, la seguridad alimentaria, los trabajadores, los consumidores o el medio ambiente. Y mientras el texto del acuerdo se extiende en reglamentos y medidas de garantía a los inversores y sus beneficios, los escasos párrafos dedicados a los derechos laborales, sociales o ambientales no van más allá de una declaración de intenciones generalista y circunstancial.

En cuanto a los capítulos puramente mercantiles, se proyecta una mayor liberalización de servicios públicos, limitando la capacidad del sector público para prestar servicios básicos para la sociedad, así como la eliminación de aranceles a la importación y ayudas a la exportación, ya de por sí escasos pero que sirven a la protección e impulso de sectores fundamentales como el agroalimentario.

Y por último, con respecto a los efectos previstos de la aplicación del tratado sobre la economía europea, la propia Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha emitido un informe recomendando la no aprobación del CETA, al prever la pérdida de 204.000 empleos a corto plazo, el aumento de la precariedad laboral y la brecha salarial, perturbaciones sectoriales y la total desprotección de las pequeñas y medianas empresas, que generan 2/3 del empleo en la Unión Europea.

Entonces, ¿es legítimo apoyar la aprobación del CETA desde un posicionamiento de izquierdas? Si queremos avanzar hacia un modelo comercial y económico que respete los derechos humanos, sociales y ambientales, la respuesta es, NO. Si defendemos la democracia y el Estado de Derecho, Social y de Bienestar la respuesta es, NO.

Cientos de organizaciones y colectivos (sindicatos, consumidores, jueces, agricultores, pequeñas empresas, ecologistas…) de Europa y Canadá y más de dos mil trescientos ayuntamientos y gobiernos regionales europeos se han opuesto a la firma de este tratado. El Tribunal General de la UE ha obligado en fechas recientes a la Comisión Europea a admitir a trámite una iniciativa ciudadana contra la firma del acuerdo apoyada con más de tres millones y medio de firmas.

Creo que ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos que cumplan con la obligación de informar a los ciudadanos con claridad y dejar de hacer (más) oídos sordos a este clamor social.

Termino tal como he empezado diciendo “CETA: lo llaman libre comercio y no lo es”.

 

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Diputada del PSOE por Ourense. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Vigo, Diploma de Dirección Pública, INAP, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social desde 1993, Árbitro en elecciones sindicales y AGA. Secretaria General Delegación del Gobierno Ourense (2004-2008). Habilitación Letrado sustituto Abogacía del Estado 2006. Actualmente: Portavoz adjunta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Portavoz adjunta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

1 Comentario

  1. Es importante que la ratificación de este acuerdo comercial llamado CETA, por el congreso español en este mes de junio,sea rechazo por la izquierda.

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