El retorno del ejercito a sus cuarteles es esencial para recobrar la paz, aunque en días recientes López Obrador anticipó que las fuerzas armadas aun permanecerán al frente de la seguridad.

Declaración a todas luces razonable, el deseo es que los militares nunca más realicen tarea de policía.

¿Pero de qué manera ordenar la retirada?

Si hay evidencias de que el crimen está en condiciones de enfrentar al tu por tú a las fuerzas armadas, si hay evidencias de vasos comunicantes entre ejército y crimen.

Se trata de un proceso de vuelta no del decreto de retorno. Los derechos humanos son pura narrativa, el combate a fuego abierto ha dejado sin vida a más de 300 mil de mexicanos que fueron objeto de ejecución y han al menos 40 mil desaparecidos.

San Fernando, Tanhuato, Tlatlaya, Ayotzinapa son símbolos del terror, sin embargo, detrás hay cientos de fosas, ahí justo en dónde el control estuvo bajo el mando militar las fosas se propagaron como hongos.

La guerra contra el narcotráfico además de aniquilar derechos y personas tejió intereses, la impunidad de las torturas y ejecuciones es tan sólo una arista del conflicto, el desbordamiento del crimen en las fuerzas armadas o la incorporación militar al crimen es un cultivo que ha desmontarse con tiento.

La guerra se declaró hace 12 años, pero detrás hay una larga historia de complicidad entre narcotráfico y poder, la fama del Chapo eclipsó a Caro Quintero. La industria del crimen no se decretó con la declaración de guerra de Felipe Calderón, ésta la llevó a su apogeo, la hizo tema nacional pero no le dio vida.

Por más buena que sea la voluntad presidencial no sería suficiente para acabar con el poderoso entramado: dinero, armas e interés imperial. Las instituciones están con alfileres ante este poder que en términos llanos es el poder entre los poderes reales.

El proceso debe llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades, debe esclarecerse los hechos, luchar contra la impunidad es erosionar ese poder, los que violaron, torturaron y ejecutaron deben afrontar la justicia sin importar que lo hicieran uniformados.

Las fuerzas armadas deben reivindicarse, sus miembros ser reconocidos por sus hazañas y castigados por su saña, quienes abusaron de la institución no lo hicieron amparados en la defensa de la patria sino inspirados por el hampa.

Hay que recuperar la vida institucional que se degradó con los millones de pesos que se dejaron de invertir en educación, en ciencia o en cultura. Dinero que sirvió para darlos a las fuerzas armadas y abonar a su guerra.

La justicia es tan sólo una de las condiciones para alcanzar el retorno de las fuerzas armadas, otra condición es renunciar a la lucha contra las adicciones como un tema de seguridad y atenderlo como un asunto de salud, las drogas si se prohíben se cotizan, el mercado negro es la natural consecuencia.

La otra condición es convencer al gobierno estadounidense que su ensayo de combate al narcotráfico tiene repercusiones para ambas naciones, que la violencia se propaga como la peste y no reconoce divisiones políticas.

Justicia, legalización y redefinición de política con los Estados Unidos pueden hacer que el estado de derecho mexicano sea una realidad y no sólo teoría constitucional, que las instituciones sean verdaderas.

Hay que empezar por la justicia, la legalización implica un amplio debate para alcanzar reformas, la relación con Estados Unidos implica acabar con la vergonzosa relación de dependencia que llegó al extremo en la administración de Peña Nieto.

Para alcanzar justicia hay que afrontar la verdad a la letra de la ley y lo que salga por más insatisfacción que traiga habrá de ser mejor que el proceso simulado, que la falsa condena o lo que es igual: impunidad.

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