La futura ley de la Vivienda que prepara el Gobierno tripartito de Baleares prevé que las entidades que cuenten con más de diez pisos en propiedad que hayan permanecido vacíos y sin uso durante al menos dos años deberán inscribirlos obligatoriamente en un registro y ceder su gestión de forma temporal al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con el fin de destinarlos a alquiler social.

Esta es la medida estrella que contempla el texto inicial del ejecutivo presidido por la socialista Francina Armengol con el apoyo de Podemos y los econacionalistas de MES por Mallorca y MÉS por Menorca.

De este modo, la futura norma autonómica contempla que los grandes tenedores (personas físicas y jurídicas con diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo) estén obligados a inscribir sus viviendas en un registro y ceder temporalmente al Ibavi su gestión, destinada finalmente a alquiler social. En caso de incumplimiento, estos propietarios se exponen a una sanción administrativa, informó el Govern balear en un comunicado.

Estas medidas han sido presentadas al resto de entidades representadas en la Mesa de la vivienda. La tramitación parlamentaria de la norma no ha hecho más que comenzar aún, por lo que el texto definitivo está sujeto a cambios.

La ley balear de vivienda considerará vacía aquella vivienda que lleve un mínimo de dos años desocupada. El registro de viviendas desocupadas se nutrirá tanto de las procedentes de desahucios hipotecarios como de otras que los grandes tenedores mantengan sin utilizar durante dos años o más. El Ibavi se encargará de gestionar durante tres años estas viviendas sin ocupar como parte de la bolsa de viviendas de alquiler social.

Asimismo, los grandes propietarios también deberán ofrecer a las personas afectadas por un proceso de desahucio hipotecario la posibilidad de quedarse en la casa pagando un alquiler social o bien ofrecerles la posibilidad de una vivienda alternativa. Se considerará una infracción muy grave el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades bancarias.

Otro aspecto destacado que también contempla la nueva normativa es que obligará también a que los proveedores de energía (agua, electricidad, gas) avisen a los servicios sociales de los ayuntamientos antes de ejecutar cualquier corte de suministro con el fin de impulsar un alquiler social “accesible”, estableciendo cesiones de pisos vacíos para promover el alquiler social precisamente en estos momentos en que el precio de la vivienda sube notablemente en Baleares.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que el objetivo principal de la ley es “facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna” y a mantenerla, y además incluye medidas para combatir la pobreza energética.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, detalló también que la ley prevé asimismo la creación de un servicio de acompañamiento universal y gratuito para guiar a los ciudadanos en situaciones de riesgo de pérdida de su vivienda, como que no puedan pagar el alquiler o una hipoteca, y brindar información en procesos de compra, alquiler y financiación para que puedan defender sus derechos.

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