El partidismo más intolerante se ha impuesto una vez más al bien común, pese a que en este caso concreto se trata del bienestar de decenas de miles de escolares andaluces, que han debido sufrir además la inacción de la clase política por haber permitido que en 40 años de autonomía los centros escolares sigan siendo, a día de hoy, los únicos edificios públicos sin una refrigeración adecuada. El proyecto de ley de bioclimatización de los colegios públicos de Andalucía, aprobado por la Cámara andaluza con el único voto en contra del PSOE, es un claro ejemplo de este partidismo más visceral, que se antepone sin rubor ni complejos al bienestar común de los escolares.

El hasta ahora socio del Gobierno de Susana Díaz ha enmendado el proyecto de ley que respaldó tanto como el PSOE, único que votó en contra

La iniciativa de Podemos que el pasado febrero recibió por sorpresa el beneplácito de la mayoría del Parlamento autonómico para su tramitación tras dejar solo en contra del mismo al partido en el gobierno, el PSOE de Susana Díaz, dormirá probablemente el sueño de los justos en un cajón olvidado de la Cámara autonómica. Con unos claros responsables: el PSOE, por votar en contra de la norma y por poner continuos palos en la rueda, y también PP y Ciudadanos, por enmendar una iniciativa parlamentaria avalando los intereses particulares de la educación privada concertada, ajena por completo a la red pública de enseñanza.

Tras ocho meses de tramitación parlamentaria, Ciudadanos ha puesto casi tantas enmiendas al proyecto al que dio el visto bueno como su hasta hace poco socio de gobierno, el PSOE. 21 el primero, 22 los socialistas. Mientras, el PP, que también votó a favor de la futura ley de bioclimatización, sumó 17 enmiendas.

Tanto los diputados del PP como los de Ciudadanos han puesto todo su empeño en que la futura ley incluya a los centros privados concertados entre los beneficiados de la climatización de las aulas públicas, algo que ha provocado un airado rechazo de la comunidad de madres y padres impulsora de esta demanda ciudadana. “Si PP y Ciudadanos quieren meter en los conciertos educativos la mejora y mantenimiento de las infraestructuras de esos centros privados, que proponga una modificación o propuesta legislativa en ese sentido, pero que no utilice la ley de bioclimatización para esto”, apuntan desde Escuelas de Calor.

En este punto se encuentra ahora, a grandes rasgos, la infructuosa tramitación de una ley que había ilusionado a buena parte de la comunidad educativa andaluza, sobre todo a los impulsores de la misma, la citada asociación de madres y padres Escuelas de Calor, un grupo de 200 Ampas que comenzaron a movilizarse en 2017 para evitar de una vez por todas que sus hijas e hijos soportaran sus horas lectivas en unas condiciones climáticas intolerables en una comunidad como Andalucía, donde buena parte del curso escolar se llegan a superar claramente en el interior de las aulas los 27 grados centígrados que la ley estipula como máximo permitido.

Desde que el pasado 14 de febrero el PSOE andaluz se quedó solo en minoría en la Cámara autonómica mientras veía que todos los partidos de la oposición, incluido su bienhallado Ciudadanos, daban su apoyo al proyecto de Podemos, la desesperante burocracia parlamentaria, unida al constante runrún del adelanto electoral en Andalucía, más el interés partidista de PP y Ciudadanos por arrimar el ascua a sus intereses en pos de la educación privada, han posibilitado que este proyecto de ley tenga a día de hoy las horas contadas y quede en agua de borrajas.

Los representantes de las madres y padres de Escuelas de Calor ponen nombre y apellidos al principal instigador en poner palos a la rueda de la futura ley: el diputado de Ciudadanos José Antonio Funes, presidente de la comisión que lleva esta iniciativa parlamentaria y que se cerró por completo en banda a que se tramitara por la vía de urgencia antes del pasado verano. Otras leyes como la relativa a la formación profesional, propuesta por el PSOE, sí corrió mejor suerte. Entonces el idilio PSOE-Ciudadanos funcionaba con la sincronización de un reloj suizo.

Mientras tanto, la Consejería de Educación de la Junta ha proseguido con su denominado plan de actuaciones concretas y puntuales –“un parcheo indecente y arbitrario”, según estas Ampas– en un porcentaje ínfimo de centros escolares de la comunidad, que en palabras de los impulsores de las movilizaciones “no es solución para tan grave problema” porque el departamento que dirige Sonia Gaya carece de soluciones “integrales” para los colegios públicos de la comunidad, más de 6.000.

Mientras el curso escolar nada más que ha hecho comenzar en Andalucía, con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, algo que a los climatizados diputados andaluces que están bloqueando la futura ley no debe sorprender a estas alturas, Susana Díaz aún no ha tenido tiempo de comprobar las condiciones climatológicas de los numerosos colegios públicos que ha podido visitar, la inmensa mayoría sin habilitar en este sentido. Y todo ello pese a que en sede parlamentaria aseguró que fue a los colegios públicos “a título personal” a hablar con los padres y con los profesores, y que comprobó ‘in situ’ que “no todos los colegios son iguales”. Hay más de 6.000 centros escolares públicos en Andalucía. Las actuaciones puntuales realizadas por la Consejería de Educación desde que se iniciaron las movilizaciones de padres y alumnos hace más de un año apenas alcanzan las 200, apenas un 3,3% del total. Y ocho meses después de que el Parlamento de Andalucía diera luz verde al proyecto, buena parte de sus señorías estiman que tienen cosas más importantes que legislar antes de que la presidenta andaluza pulse el botón rojo del adelanto electoral.

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2 Comentarios

  1. Los colegios concertados son centros privados contratan a sus profesores,tienen su estatus y jerarquía .
    Porque este empeño de incluir una mejora de los mismos a costa del dinero público .
    Se debería hace una ley que en las aulas el máximo permitido son 25 grados ,los centros públicos lo adaptaremos con los impuestos y los privados tendrán ellos que encargarse .
    Cusndo la ley del tabaco habilitaba zona para fumadores ,bares y establecimientos tuvieron , que pagar sus adecuación y los centros públicos la suya .
    Porque tanto intereses de financiar lo privado ?

  2. Los centros privados concertados tienen prohibido el cobro de cantidad económica alguna a los padres de los alumnos por la enseñanza que reciben sus hijos. Su financiación está acordada con la administración (por eso es concertada) y, es un hecho, que es más económica que las escuelas públicas.

    La adecuación a la Ley de bioclimatización de todos los centros que atienden a alumnos escolarizados a través del sistema de educación pública (ya sean centros públicos o privados-concertados) debe ir acompañada de una dotación económica. ya que estos centros dependen únicamente de la financiación pública. Ninguno de ellos, tanto públicos como privados-concertados tienen permitido el cobro de cantidad alguna por la escolarización de sus alumnos. ¿O acaso quiere usted que cometan un delito cobrándoles a los padres por la educación de sus hijos cuando ya la han pagado con sus impuestos?

    Le recuerdo por otra parte que la Constitución española garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, y la garantía de esa libertad educativa la ofrecen los centros privados, al ofrecer un estilo de enseñanza distinto al público. ¿Quiere negar usted un derecho constitucional que asiste a los padres? Supongo que su respuesta es no. En caso contrario se autocalificaría como antidemócrata y estaría alineado con los dictadores más repugnantes de nuestra historia que querían imponer el pensamiento único (comunismo-nazismo,,,) Pero seguro que no es su caso ¿verdad?

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