La comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo ya tiene propuestas encima de la mesa. Sus trabajos comenzaron con la comparecencia de la ministra, Fátima Báñez, y están siguiendo con varios expertos. De momento, hay una que se lleva la unanimidad de los parlamentarios, incluso de los sindicalistas que deberán refrendar estos trabajos. Es urgente, necesaria e inaplazable la separación de las fuentes de financiación. El Gobierno no puede demorar por más tiempo una decisión que viene de antiguo.

Las pensiones contributivas a las que tienen derecho los trabajadores y familiares de los mismos que han contribuido al sistema lo suficiente en tiempo y en forma, deberán ser financiadas con las cuotas de los activos. El resto, es decir, viudedad no contributiva, orfandad y complemento de mínimos deberán financiarse vía presupuestos generales del Estado. Y, a partir de ahí, vienen los matices.

Reforzar la contributariedad del sistema es otro de los puntos más destacados por los expertos que han comparecido en la comisión parlamentaria. Es necesario reformar los criterios para que las cuantías sean proporcionales a la cuota que se ha pagado durante la vida laboral. En este sentido, lo más relevante es que se pide la elevación de las bases para que las cuotas se acerquen a la prestación a la que tiene derecho el beneficiario a la edad de retiro. El problema es que este punto choca frontalmente con la tesis de los representantes de Ciudadanos que piden una discriminación positiva hacia los trabajadores autónomos. Para ellos, el partido naranja exige la congelación de sus cuotas y un incremento de la cuantía de la prestación de jubilación. El resto de las fuerzas políticas no está de acuerdo con este criterio. Ya ha habido problemas por el anuncio del Gobierno de incrementar dichas bases de cotización y revisar las de los autónomos como para que, encima, el Pacto de Toledo vaya más allá. Pero es que, tal y como han señalado los expertos, “si no se revisan los criterios de cuotas y prestaciones, el sistema está condenado a ser deficitario”.

En lo que a edad de jubilación se refiere, los expertos piden que se acelere el periodo transitorio establecido en la última reforma de tal manera que sea antes de 2018, a ser posible en 2017, cuando se empiece a aplicar los 67 años como el límite mínimo para el retiro. Además, se ha extendido, y mucho, la idea de incentivar la compatibilización de la jubilación con el mantenimiento de la actividad laboral. Lo que ya no está tan claro es el porcentaje que debería pagar cada parte. Lo más extendido es que sea 60% de la pensión por parte del empresario que contrata o prolonga la actividad del jubilado, y el 40% restante complementado por la Seguridad Social

El punto que, sin duda, va a generar más controversia es el que se refiere al periodo de cálculo de la cuantía. Ahora mismo es de los quince últimos años, que, año tras año, se va incrementando. Los expertos creen que debe establecerse, ya, en toda la vida laboral del trabajador. En este punto, tanto la izquierda, PSOE, Podemos, y sindicatos, han advertido que, de aprobarse tal recomendación, se abriría una brecha en el actual consenso existente en torno a las pensiones públicas ya que la cuantía final, en tal caso, sería “sensiblemente inferior” a la que se percibiría si se mantiene el periodo de cálculo entre quince y veinte años el límite que están dispuestos a pactar.

No parece que vaya a haber muchas diferencias en el periodo mínimo para tener derecho a una pensión. Los 37 años establecidos en la última reforma pueden llegar a convertirse en 40. Otra cosa es que la izquierda quiere que se mantenga el límite para el 50% de percepción en 25 años, y el 25%, mínimo, en 15 años. PP y Ciudadanos quieren “endurecer” estos criterios hasta los 30 y 20 años respectivamente.

Y por último, las cuotas. Aquí sí que hay diferencias esenciales entre los miembros y expertos. Se sigue insistiendo, por parte de los más próximos a las tesis empresariales, de que las cuotas sociales que soportan los empresarios son “un impuesto que grava el empleo”. Pero lo cierto es que los expertos más rigurosos señalan que si no se mantiene este sistema, las pensiones públicas no estarían, en ningún caso, aseguradas. En cuanto a los incentivos, como son las actuales tarifas planas de las cuotas, los expertos ven necesaria la financiación total por parte del Estado.

 

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