La Fiscalía Anticorrupción presentará, en los próximos días, una querella criminal contra el ex líder del SOMA, el Sindicato Minero Asturiano de la UGT, José Ángel Fernández Villa, para que se investigue judicialmente el origen de su fortuna personal que asciende a 1,4 millones de euros regularizados en la última amnistía fiscal. Tras las investigaciones policiales llevadas a cabo durante dos años, el Ministerio Público cree que Fernández Villa se pudo apropiar de dietas del sindicato, y, tal vez lo más significativo, del importe de certificaciones falsas de la obra  de la residencia para mineros jubilados que se sufragó con dinero público y que, tras los sobrecostes correspondientes, costó en torno a los 30 millones de euros.

La residencia geriátrica de Felechosa, en el municipio de Aller, está destinada a albergar mineros de la tercera edad. Fue un proyecto llevado a cabo por Fernández Villa cuando era dirigente del SOMA en calidad de presidente del Montepío Minero Asturiano. El sindicalista investigado colocó, como gerente del centro, a Rolando, uno de sus dos hijos, con un sueldo de 50.000 euros anuales y un blindaje de una anualidad en caso de despido. En la presidencia del Montepío situó a su amigo y veterano dirigente minero, José Antonio Postigo. Una hija de este último también entró a trabajar en la residencia.

Precisamente un constructor cercano a Postigo, propietario de la firma Alcedos de los Caballeros, resultó ser el adjudicatario de las obras de construcción del centro. El presupuesto inicial fue de 27,73 millones de euros. Al final, el proyecto se elevó hasta los 29,9 millones.

La Fiscalía investigó minuciosamente las cuentas. En principio no se detectaron irregularidades hasta que aparecieron unas certificaciones de obra falsas. Un dinero que no aparece y que se sospecha pudo a pasar a engrosar la cuenta de Fernández Villa. La familia ha justificado este patrimonio de 1,4 millones, que Fernández Villa regularizó fiscalmente en la amnistía decretada por el Ministerio de Hacienda en 2012, por “el cobro de una herencia”.

Tras la publicación de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, Villa, de 73 años de edad, no ha querido hacer declaraciones. Su familia dice que está enfermo. Fue el motivo que alegó para no declarar ante la comisión de investigación abierta por el parlamento asturiano. Sus hijos dicen que “todo es mentira”. Pero lo cierto es que la Fiscalía ya tiene preparado el escrito de querella criminal que instruirá un juzgado asturiano.

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