Los analistas no se cortan al decir que la actuación del actual Consejo General del Poder Judicial, cuya composición obedece a la reforma llevada a cabo por Ruiz Gallardón, “es la peor de toda la historia del organismo de gobierno de los jueces”. Incluso peor que la del organismo que presidió Carlos Dívar cuando a este se le acusó de haber gastado “de manera irregular” el dinero asignado. Las sospechas de parcialidad y de plegarse a los intereses políticos, están a la orden del día.

Ahí está, todavía sin resolverse, la investigación que la comisión disciplinaria lleva a cabo sobre el juez Salvador Alba. Sustituyó a Victoria Rosell, diputada de Podemos en la anterior legislatura, como titular del juzgado nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El ex ministro Soria se querelló contra ella por prevaricación y cohecho. La jueza habría retrasado deliberadamente una causa en la que está imputado por delitos fiscales el empresario Miguel Ángel Ramírez, que, al parecer, mantiene relaciones económicas con su pareja.

Cuando Rosell pidió excedencia para ir en las listas de Podemos, su sustituto preparó, con Ramírez, una declaración que iba a servir a este juez para redactar un informe contra Rosell que le había solicitado el Tribunal Supremo para decidir la apertura de una causa contra la ex diputada. La cosa se descubrió gracias a una grabación. Rosell ha vuelto a su despacho, y de la investigación de lo sucedido poco o nada ha trascendido.

Al juez Elpidio Silva, que envió a la cárcel al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo condenó a 17 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. El tribunal lo presidió el magistrado Arturo Beltrán. Un condenado por otra causa, la de viajes Marsans, Ángel del Cabo, contó a un educador de la cárcel de Estremera, donde estuvo interno, que a  un hijo de Beltrán, Miguel Blesa le concedió un crédito hipotecario de 18 millones de euros para comprarse una finca que iba a ser subastada. Beltrán emitió un voto particular pidiendo la absolución de Silva. Otro de los miembros del Tribunal, María Tardón, sí podría estar más relacionada con este asunto al haber sido consejera de Caja Madrid durante la época de Blesa, y haber obtenido, por ello, beneficios económicos, según dice Ángel del Cabo en su conversación carcelaria. Una conversación que el educador puso en manos de sus superiores. Fue sancionado por tal motivo, ya que está prohibido grabar a los presos. La grabación, no obstante, fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción. También pasó por la Audiencia Nacional y por algún juzgado de Instrucción. Nadie hizo caso de lo dicho por el que fue el último propietario de Viajes Marsans. Por su parte, del funcionario poco o nada se sabe. Ni siquiera si ha vuelto a reincorporarse o si se le ha apartado definitivamente del servicio.

Los silencios en la Justicia son elocuentes. Hasta que toca a sus dirigentes. El juez Fernando Presencia fue condenado por prevaricación. Acusó a un fiscal de corrupción y lo pagó muy caro. Hombre combativo como pocos, Presencia no se arrugó. Presentó una querella contra Carlos Lesmes, y nueve autoridades judiciales, por “prevaricación al encubrir casos de corrupción”. El pasado 29, el Supremo le notificó el archivo de la querella. Un día después, la comisión disciplinaria del CGPJ le sancionaba con 7 meses de suspensión y 3.000 euros de multa “por retrasos injustificados en las diligencias en su juzgado” y “por falta de motivación de autos, providencias, y sentencias”. Normalmente los argumentos que se utilizan cuando no hay otra manera de justificar el intento de apartar de la carrera a una persona que se ha vuelto “incómoda”.

Tampoco se ha rendido Presencia, que piensa ir a Estrasburgo, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia en la que deja sentado que la independencia judicial se vulnera si los miembros de sus órganos de gobierno están designados directamente por instancias políticas. Es el caso de España. El anterior gobierno del PP, se cargó el sistema inspirado por el socialista Rodríguez Zapatero, mediante el cual parte del CGPJ era propuesto por las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y secretarios judiciales. La reforma de Ruiz Gallardón retornó al pasado. Los miembros del CGPJ son elegidos por Congreso y Senado, es decir, por los políticos. Y eso es contrario a la doctrina del TEDH.

La “Plataforma Cívica por la independencia judicial” muestra su preocupación  por la posibilidad de que los jueces españoles puedan ser sancionados por presiones políticas. Y es que, los “indicios de politización” son  evidentes. Todavía está sin resolver la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que debe juzgar el “Caso Gurtel”. Ambos están vinculados al PP. Tampoco nunca se ha vuelto a decir lo que pasa con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que está incluido en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2005 y 2011.

El CGPJ también se cuestiona por otros motivos. El nombramiento de Miguel Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Murcia, fue impugnado. El Supremo falló a favor de la impugnación y el Consejo hizo caso omiso de la sentencia.

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