Una imagen del Tribunal Supremo, en el punto de mira tras su reciente sentencia de las hipotecas.

La carta que un grupo de jueces españoles envió a la ONU en febrero del pasado año para denunciar las “injerencias políticas” del Gobierno del PP en el Poder Judicial y las sospechosas maniobras para colocar a sus peones en los puestos más altos de la judicatura explica el grado de degradación al que ha llegado el Tribunal Supremo en los últimos años. Leyendo las líneas y párrafos de aquel informe se puede llegar a comprender lo que está sucediendo estos días en el alto tribunal y se pueden explicar otras muchas cosas, incluso la escandalosa sentencia de las hipotecas, con el consiguiente espectáculo bochornoso y de descrédito que ha dado la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En aquella carta confeccionada por reconocidos juristas se contenía una clara señal de alarma, una advertencia desesperada, un semáforo en rojo al que nadie hizo caso. Y hoy sufrimos las consecuencias de aquellas políticas de manipulación del Poder Judicial que están a punto de liquidar la independencia del Tribunal Supremo, si es que no lo han hecho ya.

En la misiva se cita el informe Greco, que hace referencia a una encuesta llevada a cabo por el propio Consejo General del Poder Judicial en la que el 75 por ciento de los jueces encuestados consideran que su órgano de Gobierno “no protege suficientemente el principio de independencia judicial”, mientras que un 67 por ciento expresan que los criterios de “mérito” y “competencia” no se están respetando en los nombramientos y designaciones. Es decir, a los puestos de máxima responsabilidad, como son los del Tribunal Supremo, no llegan siempre los mejores, sino los que están mejor conectados con el poder político.

La carta que hace un año firmaron Juezas y Jueces para la Democracia, entre otras asociaciones, y que remitieron al Relator Especial de Naciones Unidas, no solo sugiere que hubo una operación orquestada para colocar al magistrado Luis María Díez-Picazo como nuevo presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, sino que denunciaba “la grave situación que atraviesa el Estado español en cuanto a los importantes desafíos a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía”.

La queja, grave en sí misma, entrañaba una especie de presagio o augurio que se ha cumplido un año después con el asunto de las hipotecas, donde Díez-Picazo y su mentor, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes −hombre que trabajó para el PP de Aznar−, han jugado un importante papel en la convocatoria del Pleno de magistrados que fijaron la jurisprudencia definitiva: los ciudadanos a pagar y los bancos a cobrar. La explosiva carta que Juezas y Jueces para la Democracia enviaron al Relator de la ONU ya advertía de que estas cosas podían suceder en nuestro país y citaba el informe Greco –elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa– donde se expresaba la preocupación de la UE por las “interferencias del Gobierno” en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial e, indirectamente, de los altos cargos judiciales.

El Consejo de Europa tuvo que recordar a España que “si bien el nombramiento de los miembros del CGPJ es una cuestión constitucional, la Constitución no especifica la manera en que estos miembros son seleccionados” y advirtió de que el método de selección de los altos cargos –como es la presidencia de la Sala que hoy dirige Díez-Picazo–, debería hacerse de tal manera que el Poder Judicial “no solo sea libre, sino también percibido como libre de toda influencia política”.

La falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial fue constatada recientemente por el propio Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del Consejo de Europa, que afirmó que “el CGPJ no ha podido garantizar la división de poderes del Estado. Más bien al contrario, su propia configuración (al estar compuesto por jueces, juezas y juristas elegidos en su totalidad por las autoridades políticas) supone una amenaza a la independencia judicial”.

El documento sugiere que el gran responsable de que órganos judiciales como el Tribunal Supremo hayan visto gravemente erosionada su imagen de imparcialidad e independencia no ha sido otro que el Gobierno del Partido Popular. Las políticas que ha llevado a cabo en los últimos años, sus maniobras y montajes, sus constantes injerencias e intentos de controlar la judicatura, han ido socavando poco a poco un pilar básico de la democracia, como es la Administración de Justicia. Así, a lo largo de la X Legislatura, a instancia del Gobierno o del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, la Ley Orgánica del Poder Judicial −la que regula entre otras cuestiones las normas de gobierno de los jueces y magistrados y su acceso a los diferentes puestos del escalafón judicial−, ha sufrido hasta nueve reformas (mermándose de esta manera el principio de seguridad jurídica). Por supuesto, tales reformas solo contaron con el apoyo parlamentario de ese único partido, sin que se entablara un diálogo entre fuerzas políticas y sin que se tuviera en cuenta las opiniones de los profesionales de la Justicia. “Estas reformas afectan de manera adversa al buen funcionamiento de instituciones encargadas de proteger el Estado de Derecho”, según la carta que Juezas y Jueces para la Democracia ha puesto en manos del Relator Especial de la ONU.

Lo que se desprende del informe es que han sido demasiados años de argucias, tejemanejes, designaciones a dedo, operaciones en la sombra e injerencias en el Poder Judicial y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, de aquellas maniobras y de tanto jugar con la Justicia para controlarla nos llegan ahora sentencias inasumibles como la de las hipotecas, un fallo que desde una visión política neoliberal otorga toda la protección posible a la banca y ningunea los derechos de los consumidores. Entre todas aquellas reformas del PP de dudosa procedencia (más bien habría que decir entre todas aquellas maquinaciones del PP para tratar de amordazar a la Justicia), una de las más peligrosas –y que fue ampliamente criticada por las asociaciones de jueces− fue la que posibilitó que el presidente del Consejo General del Poder Judicial pueda realizar “propuestas vinculantes” al órgano de Gobierno de la judicatura, en detrimento del carácter colegiado de la institución. Fue tanto como abolir el principio democrático en la Justicia y reducir al CGPJ a un organismo regido por la voluntad de un solo hombre. Como también son preocupantes las reformas que han permitido modificar el sistema de reparto de asuntos y distribución de las cargas de trabajo, acabando de esta manera con el principio constitucional de juez predeterminado por la ley. Todas estas aberraciones jurídicas que se han cometido en los últimos años de Gobierno de Rajoy han sido denunciadas también por el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del Consejo de Europa pero aquí, en España, el PP siempre desatendió los toques de atención que llegaban desde Bruselas. Hacerse el sordo era lo que interesaba en aquel momento. De modo que es ahora cuando recogemos los frutos de lo que nos han sembrado durante tanto tiempo: una sentencia escandalosa, la de las hipotecas, que somete al Poder Judicial a los dictados de la banca, la gran dueña y señora de esta “democracia del dinero” –no del pueblo–, que estamos padeciendo.

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2 Comentarios

  1. Basta ver o Caso vergonhoso do Banco Popular. Um caso que se Rouba discaradamente e que não se faz Justiça.

  2. Dicen que la justicia es lenta pero constante y más pronto que tarde llega. No es cierto aquí.Los ciudadanos condenados por las “prevaricaciones normales” del terrorismo de toga, cumplen y pierden su vida en cárceles injustas. Los exiliados ja son muchos, demasiados. Entre el franquismo y el terrorismo de toga borbònico ha perdido lo mejor de su gente. Este es un país terrorista para la mejor de su gente.El terrorismo mató el verdadero y estableció, mediante un genocidio, un estado sobre los cadáveres de la gente justa y fiel a la legalidad.Los jóvenes de Altsasu, Otegui y tantos más que fueron torturados por una cárcel injusta.

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