El frío en España, como el poder ejecutivo, tarda en llegar, pero finalmente llega sin avisar, casi como el nuevo Gobierno. Y lo hace con una implacabilidad que millones de hogares de este país a día de hoy no pueden afrontar con garantías de superación después de la peor crisis económica vivida en su historia más reciente.

Los datos oficiales, no por conocidos, dejan de ser demoledores: uno de cada diez hogares en España, o lo que es lo mismo, aproximadamente 5’1 millones de personas se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en las épocas del año en las que el frío hace acto de presencia. El incremento de estos hogares se ha incrementado hasta un 22% en dos años. Por comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son en las que mayor incidencia tiene la pobreza energética, según el último informe de abril de este año de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) titulado Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética.

Según este estudio, a pesar de las medidas y avances que se han puesto en marcha en España desde que esta asociación presentara su anterior estudio en 2014, especialmente en el ámbito autonómico y local, el nuevo estudio revela que hasta un 21% de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6% (aproximadamente 2’6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

Unos cinco millones de españoles apenas tienen con qué vivir una vez pagados los gastos de hogar y de energía

Otro de los indicadores usados en el estudio situaría al 7% de los hogares españoles en una situación de pobreza energética, dado que los ingresos del hogar son menores que la renta mínima de inserción española (417 euros al mes en el año 2014) descontando los gastos de vivienda y energía doméstica, es decir, que casi cinco millones de españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagados los gastos de hogar y de energía.

El informe de este 2016 subraya que se mantienen las cifras de mortalidad prematura posiblemente asociada a la pobreza energética calculadas en informes anteriores. Cálculos de la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) actualizados al periodo 1996-2014 indican que en España se produce un 20,3% más de muertes en invierno (de diciembre a marzo) que en el resto del año. Este porcentaje equivale a 24.000 muertes anuales, de las cuales 7.100 (el 30%, según metodología de la Organización Mundial de la Salud) podrían estar asociadas a la pobreza energética. En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996-2014, y se estima que la contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en España.

Air Conditioned

En paralelo a este estudio a nivel nacional, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado recientemente los resultados de otro estudio, bajo el título Punto de Información al consumidor vulnerable, una herramienta que quiere convertirse en imprescindible para “prevenir y erradicar la pobreza energética”. La conclusión más clamorosa del sondeo es que uno de cada tres hogares encuestados reconoce ser incapaz de calentar su hogar con la llegada del frío invernal.

El proyecto parte de la realización de encuestas en un centenar de hogares del municipio madrileño de Azuqueca de Henares, con la monitorización y seguimiento de los consumos energéticos en cinco viviendas, lo que ha permitido conocer mejor la realidad de la pobreza energética en los propios hogares que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.

Esta encuesta fue diseñada específicamente para observar y cuantificar la pobreza y la vulnerabilidad energética de los hogares del ámbito de estudio. Este hecho novedoso permitió solucionar una de las limitaciones con las que la propia ACA se había encontrado en sus tres informes sobre pobreza energética realizados a nivel estatal hasta la fecha (2012, 2014 y 2016). Esta limitación es que no existen fuentes de datos ni encuestas que estén diseñadas específicamente para observar el fenómeno de la pobreza energética.

El sondeo sirvió para extraer unos datos demoledores: el 32% de los hogares encuestados afirmó ser incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, es decir, aproximadamente uno de cada tres hogares encuestados. El 12% de los hogares admitió haber tenido dos o más retrasos en el pago de las facturas de agua, luz o gas en los últimos 12 meses debido a dificultades económicas. Este porcentaje supera la media del país en el año 2014 que recogía el último informe de ACA (11%).

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Asimismo, el 27% de las familias declaró haber detectado goteras, humedades o podredumbre en sus viviendas y el 8% de estos hogares analizados reconoció no contar con ningún tipo de sistema de calefacción mientras que solo el 30% dice poseer un aparato de aire acondicionado.

También resalta el dato de que el 23% de los encuestados que respondieron respecto a sus ingresos y gastos en energía, destinaban más del 10% de sus nóminas para pagar las facturas de la energía.

Este estudio resaltaba también otros datos muy llamativos. Tras monitorizarse y analizarse las facturas se llevaron a cabo microauditorías energéticas para llegar a conocer el comportamiento de los hogares en cuanto al uso de la energía, así como para analizar el estado de su vivienda, tanto en términos de la envolvente térmica como en cuanto a sus equipos e instalaciones. Además, se practicaron termografías infrarrojas en el exterior e interior de las viviendas que lograron mostrar a sus ocupantes las zonas con mayores pérdidas de energía y las deficiencias del edificio. Del resultado de la monitorización y el seguimiento de los consumos energéticos de las viviendas, se pudo constatar, por ejemplo, que la potencia contratada por los hogares, por lo general, era superior a la necesaria, asumiendo costes fijos más elevados independientemente del consumo realizado.

También estos hogares desconocían la existencia del bono social eléctrico y las condiciones para poder optar a él y, para colmo, contaban con tipologías de contratos no adatados a los usos de la energía que realizaban, por ejemplo, tarifas con discriminación horaria que no aprovechaban al no encender los acumuladores de tarifa nocturna. A estos datos hay que añadir que desconocían por completo los equipos y aparatos que generaban un mayor consumo de energía y no aplicaban hábitos de ahorro por desconocimiento o por barreras culturales o sociales. En algunas de estas viviendas analizadas se registraron temperaturas mínimas que apenas superaron los 9ºC y cuya media se situaba en torno a 13ºC.

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