Zoido critica la «absoluta pasividad» y «nula colaboración» de los Mossos el 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha criticado la «absoluta pasividad» y «nula colaboración» de los Mossos d’Esquadra para dar cumplimiento al mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre, en el que, según sus datos, en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas.

El titular de Interior ha señalado que la operación policial el 1 de octubre fue «legítima, profesional y proporcional» y ha revelado que el coste total de las operaciones de las fuerzas de seguridad durante el ‘procés fue de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.

Así mismo , ha recordado que durante el referéndum ilegal las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales «que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron» a pesar de la actuación de los comités de defensa del referéndum y de una «resistencia pasiva organizada«.

«Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar», ha señalado, denunciando la «organización y complicidad» de los organizadores, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.

Por su parte el portavoz de EAJ-PNV en Interior, Victoriano Gallastegi, reclama una investigación exhaustiva del operativo policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.

Gallastegi ha cuestionado al ministro las razones que llevaron a los cuerpos policiales a cargar contra los votantes, y le ha acusado de “saltarse la ley” al ordenar a la Policía Nacional y la Guardia Civil actuar el 1 de octubre en cometidos de orden público, posibilidad que elimina el artículo 164 del Estatut que establece esta función a los Mossos d’esquadra. “No es posible invocar la defensa de la Constitución y la legalidad si se vulneran y violan otras leyes y derechos en ese camino. Es una actitud hipócrita”.