En su momento fue un verdadero escándalo social. Partido Popular y Partido Socialista no tuvieron ningún inconveniente en unir sus fuerzas en el Parlamento para entregar a la Unión Europea la soberanía económica de España. Para ello reformaron el artículo 135 de la Constitución. En esos momentos, el país estaba gobernado por José Luis Rodríguez Zapatero, y se hurtó al pueblo español la posibilidad de decidir sobre si estaban de acuerdo con la introducción del principio de estabilidad presupuestaria que dejaba a la ciudadanía vendida a las exigencias de una Unión Europea con instintos austericidas. Por otro lado, esa reforma rompió definitivamente el consenso constitucional de la Transición, esa época que tanto PP como PSOE tienen blindada a las críticas a pesar de que el proceso quedó incompleto y sin ningún tipo de voluntad de regeneración.

Sin embargo, lo peor de la reforma constitucional impuesta por el bipartidismo aún tenía un golpe más para un pueblo que aún no se ha recuperado de las consecuencias de la crisis global, unas consecuencias que se acentuaron, precisamente, por los efectos de esa reforma. El artículo 135.2 entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2020, es decir, que quedará prohibido que las Administraciones Públicas superen los márgenes de deuda presupuestaria que imponga Europa, es decir, que nuevamente las políticas neoliberales impuestas desde Bruselas, Fráncfort o Berlín frenarán el proyecto de gobierno orientado a la justicia social pactado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estará hipotecado. Si se superan esos límites impuestos por la UE, el gobierno podría incurrir en un presunto delito de prevaricación puesto que, con la entrada en vigor de dicho artículo, la vulneración de los límites de gasto impuestos por Europa será considerada como inconstitucional.

La reforma de Zapatero y Rajoy hipoteca directamente cualquier proyecto de economía expansiva que refuerce los pilares básicos del Estado del Bienestar que quedaron tan tocados tras las políticas austericidas impuestas por la Unión Europea y que España tuvo que aceptar gracias a la reforma del artículo 135.

Por otro lado, con la situación política actual, no hay posibilidad alguna de retrotraer dicha reforma constitucional puesto que no hay una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados que esté de acuerdo con una rebelión contra las exigencias de una Europa que se ha convertido en una trituradora de la justicia social y del bienestar democrático de la ciudadanía.

Ante esta situación, ¿alguien se sorprende de que el euroescepticismo crezca en España? Cuando se hagan los presupuestos, ya sea de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o del Estado, no se podrán superar los límites austericidas impuestos por Bruselas que, al fin y al cabo, lo que provocan es que las élites financieras, empresariales y económicas continúen beneficiándose de la pérdida de derechos y libertades que, precisamente, reconoce la Constitución.

¿Es esta la política económica continuista por la que apuesta la ministra Calviño? La imposibilidad de implementar políticas expansivas es un lastre social y democrático para los españoles y las españolas. El gobierno de Zapatero hizo mucho daño con esta reforma constitucional al plegarse a las exigencias de la UE. Sin embargo, cuando parecía que llegaba la esperanza de un Ejecutivo con espíritu progresista y con políticas de justicia social, llega la segunda parte de la infamia que supuso la reforma del 135, la puntilla para un pueblo que ya ha sufrido demasiado y que teme la llegada de una nueva recesión con un sistema de protección social casi inexistente.

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1 Comentario

  1. el articulista parece que espera algún puesto de asesor en el próximo Gobierno «podemita». El rollo del Estado del Bienestar se ha convertido en el «Bienestar del Estado». Todo el mundo sabe que no puedes gastar más de lo ingresas, y que si lo haces, hipotecas el futuro de tus hijos, de tus nietos, etc. Es como contaminar ahora porque nosotros no vamos a sufrir las consecuencias, que se apañen los siguientes que yo quiero vivir bien. En España tenemos un infierno fiscal, en el que si hacemos la cuentas bien hechas, un trabajador que le queden 1500 euros limpios al mes, paga del orden de un 60% en impuestos directos e indirectos, aunque una parte lo pague el empresario, se trata de exprimir la capacidad productiva del trabajador. Y que se hace con tanto dinero: nos cuentan la milonga de que es para los servicios, hospitales, enseñanza, carreteras, etc…. Falso. En España tenemos mas de 3 millones de empleados públicos, entre funcionarios y personal contratado. Se nos va el dinero en esta basura de las autonomias que han multiplicado el gasto y no han mejorado los servicios. Se han creado multitud de chiringuitos, a la derecha, izquierda y centro, para mantener a muchos vagos y maleantes, como los etarras y los independentistos. La agencia tributaria opera con sicarios al margen de la ley, y el que se puede pagar un abogado, recurre y gana, como vemos en las ultimas sentencias. Nos sobra dinero para otros muchas cosas, para muchas chorradas, cuando un análisis serio y riguroso daría como resultado que tendríamos dinero hasta para sufragar los tratamientos dentales y los psiquiatricos. Si para resolver el problema que han generado las autonomías, el mercado de trabajo actual, herencia del franquismo, al que lo le afecta la ley de memoria histórica, la herencia e influencia de la iglesia católica, etc… es endeudarnos, en vez de recortar gastos superflueos e improductivos, estaremos dejando el futuro de nuestros hijos y nietos hipotecados con el único fin de vivir bien el presente, y ande yo caliente, ríase la gente. Alea Jacta Est

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