La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho una defensa a ultranza del decreto ley que fija la condición de asalariados de los repartidores de las plataformas digitales, denominados ‘Ley rider’, que este jueves se aprobará en el Pleno del Congreso.
La ultraderecha anuncia que la llevará al Tribunal Constitucional ‘Ley Rider’, ante el regocijo de la vicepresidenta, que se lo agradece con estas palabras: “Están diciendo a los trabajadores que están contra ellos”
‘Ley Rider’
Durante su defensa ha afirmado que “uno no elige si es laboral o si es autónomo, sino que «se dispone lo que hay en las razones laborales. A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio”, ha enfatizado, recordando a la bancada de extrema derecha que eso “supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias”.
La aplicación del derecho del trabajo no es optativa
Díaz ha insistido en que “una prestación de servicios será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste”. Algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre. El auto unificaba doctrina, al igual que otros tribunales internacionales, que se han reafirmado en el mismo “el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa”.
La Ley Rider’ recoge la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales. Por medio del decreto ley se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto. Es decir, que los rider dejarán de ser (falsos) autónomos y pasarán a ser trabajadores por cuenta ajena.
Las reglas entorno a los logaritmos
En la norma se especifica que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos. También de los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas.
Tribunal Constitucional
Durante el debate de convalidación, Vox ha utilizado un turno en contra para rechazar la nueva regulación. Y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante una bronca machista y mal educada.
El debate ha sido interrumpido en varias ocasiones por el vicepresidente de la Cámara, ante los gritos procedentes de la bancada de Vox. Interrumpiendo el turno de la vicepresidenta.
Vox cree que son «trabas» contra los m DÉBILES»
En este intercambio de improperios machistas por parte de la extrema derecha de Vox, su portavoz de laboral, Juan José Aizcorbe, ha recordado que la ‘Ley Rider’, ni siquiera ha entrado en vigor. Por que ofrece tres meses a las empresas de reparto para cumplir lo dispuesto en el decreto y regularizar la situación de sus trabajadores.
No hay emprendimiento en un joven que reparte en las calles
“Gracias por su franqueza. Le están diciendo a los trabajadores que están ustedes contra ellos”, ha replicado la vicepresidenta. Todo ello antes de acusar a Vox “de pretender que con la excusa del desempleo valga todo contra las personas trabajadoras, que las empresas puedan hacer lo que quieran y perpetuar un modelo basado en la explotación. Los agentes sociales no quieren modelos laborales basados en el siglo XIX”, ha remachado.
“Desde Espartaco esto está escrito, convendrían que defendiera la legalidad vigente”, ha glosado Díaz. Se ha preguntado si la cascada de resoluciones al respecto, también fuera de España, “implica que estas cortes han enloquecido o es que es tan aberrante lo que está pasando con las plataformas digitales que tienen que intervenir”.
Por último, ha criticado que desde Vox “se considere poner muros a establecer normas en el marco laboral”, pues considera que “no hay ningún emprendimiento en un joven que reparta en las calles, acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea”.
Acuerdo
El pasado 10 de marzo el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme cerraron un acuerdo para la ley que fija la condición de asalariados de los repartidores de las plataformas digitales con un plazo de tres meses para que las empresas se adapten.
