Intensas negociaciones durante una semana y sobre todo una llamada in extremis del líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, a sus 12 diputados andaluces, decisivos para el ejecutivo bipartito PP-Ciudadanos del presidente Juanma Moreno, han servido para que la enmienda a la totalidad a los Presupuestos andaluces para 2019 presentada la pasada semana por los ultraderechistas se quede en un simple amago cargado de efectismo teatral insustancial con olor a burdo chantaje. Ese apelativo de «derechita cobarde» con que Abascal bautizó a PP y Ciudadanos ya tiene un nuevo miembro en Andalucía: Vox.
«La rigidez del reglamento nos obligaba. Vamos a retirar la enmienda a la totalidad», anunció el portavoz de Vox a última hora del debate de las enmiendas a los Presupuestos de 2019
Pocos han dado verosimilitud al órdago de Vox, ya que habría situado a los ultraderechistas junto a PSOE y Adelante Andalucía para forzar al ejecutivo bipartito andaluz a prorrogar los ya prorrogados de 2018 por el Gobierno socialista de Susana Díaz.
Finalmente, Vox ha vuelto a rascar del ejecutivo andaluz otra batería de reclamaciones ya habituales en la formación ultraderechista, sobre todo relacionadas con el negacionismo de la violencia de género y la memoria histórica, y también fundamentalmente para abordar el desmantelamiento progresivo de lo que los radicales llaman «chiringuitos políticos ideologizados».
Durante su intervención, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha defendido ante el pleno del Parlamento unas cuentas públicas para 2019 que reflejan «una inversión récord en políticas de sanidad, educación y dependencia», ámbitos que concentran el 53% del gasto total, lo que según Bravo «denota la vocación social del nuevo Gobierno andaluz».
El consejero de Hacienda ha incidido en que este presupuesto «establece un mayor control sobre la administración instrumental de la Junta de Andalucía, aportando transparencia sobre sus cuentas y sus plantillas como primer paso para tomar decisiones en el futuro que permitan avanzar en la racionalización y optimización de su funcionamiento», al tiempo que «remedia problemas endémicos, estableciendo un sistema más eficaz para la justificación de subvenciones», recogiendo de esta manera las reclamaciones formuladas por la Cámara de Cuentas.
