El acuerdo firmado hace una semana por Vox y la Consejería de Educación andaluza, en manos de Ciudadanos, para aplicar la implantación progresiva del veto o pin parental en las aulas de Andalucía antes de la finalización del presente curso académico, como contemplaba el acuerdo de legislatura entre el ejecutivo bipartito de Juan Manuel Moreno Bonilla y la formación ultraderechista, es interpretado de forma diametralmente opuesta por los dos firmantes. Mientras los dirigentes de Vox dan por hecho que se aplicará en su integridad en los próximos meses en los colegios de la comunidad, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha subrayado de nuevo este miércoles en el Parlamento andaluz que el acuerdo “no recoge nada de veto parental, ni pin parental, ni autorización expresa”. Según Imbroda, se trata de “seguir avanzando en mejorar la información de las familias cuando acceden a su centro escolar”, algo que ya está contemplado en la normativa vigente desde hace años.
No lo ve así el otro firmante del acuerdo. El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien ha asegurado a Canal Sur que el pacto firmado recoge la implementación del “pin parental” en el sistema educativo andaluz este primer semestre de 2021, “aunque Javier Imbroda diga lo que estime oportuno pero no puede negar”, ha subrayado el diputado ultraderechista.
Conocimiento previo sin vetos
El consejero ha asegurado en el Parlamento que el objetivo del polémico acuerdo pasa por “fomentar una mayor participación e implicación de las familias con un conocimiento previo pero sin vetos”. Imbroda ha añadido que es “incuestionable” su “absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de los centros”.
Nada más conocerse el acuerdo la semana pasada, oposición política, docentes y directores de centros educativos mostraron su absoluto rechazo a la imposición del veto parental en las aulas andaluzas, ya que supone una injerencia de los progenitores en la autonomía de los centros. Además, los propios consejos escolares ya contemplan la participación activa de los padres en los planes de estudio de sus hijos, como así viene regulado en la normativa en vigor.
Imbroda ha recordado en sede parlamentaria lo mismo que dijo en la Cámara autonómica hace un año, es decir, que “no procede la implantación del pin parental” en Andalucía por dos motivos: porque el ordenamiento jurídico “no tiene lagunas significativas y promueve una educación en valores que garantiza la neutralidad ideológica en las aulas”, y también porque “las familias conocen el proyecto educativo del centro en el que se incluyen las actividades”.
