Vox puede ser ilegalizado con las leyes de Aznar

Vox está aprovechando cualquier resquicio que deja la democracia para generar desafección en el pueblo a través de un discurso basado en el odio, en el nacionalismo radical y aprovechándose de las nuevas tecnologías para llevar su mensaje ultra a todos los hogares por medio de la utilización de las técnicas de propaganda de Joseph Goebbels, unos métodos que son una herramienta común en todos los regímenes totalitarios del mundo.

La situación actual es propicia para el ascenso de Vox, y no sólo por la pandemia del Covid19. Las consecuencias de la crisis económica, al igual que ocurrió en la década de los años 30 del siglo XX, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que el autoritarismo y las ideas populistas de la extrema derecha hayan sido vistas por muchos ciudadanos y ciudadanas como la solución que la democracia no ha podido, o no ha querido, dar.

Estas técnicas no son nuevas y fueron clave para el ascenso de personajes como Mussolini o Adolf Hitler en Italia y Alemania. En España, el crecimiento de Falange vino acompañado, además de por las propuestas populistas, de una incomprensible pasividad por parte de la derecha de la CEDA que, finalmente, se unió al golpe de Estado de los militares que desencadenó en la Guerra Civil y le dejó el campo libre a los ultras de camisas azules.

El fenómeno de la extrema derecha está alcanzando a casi todos los países de Europa e, incluso, ha llegado al poder en la tan «democrática» Estados Unidos. Todo ello es la consecuencia de la globalización económica que sólo ha servido para que las grandes fortunas y las élites empresariales y financieras aumenten la desigualdad a costa del incremento de la pobreza. Ahí está el mejor aliado de los ultras: la desesperación. Si a todo eso le unimos los conflictos territoriales de los últimos años en España que han incendiado al nacionalismo español más radical ­­⸺alentado por el propio Felipe VI con su discurso del 3 de octubre de 2017⸺ tenemos el cóctel perfecto para que la gente se acoja al discurso fácil y al odio que oculta.

Desde que Vox llegó a las instituciones democráticas, con el afán evidente de destruirlas desde dentro, han sido muchas las instituciones, asociaciones y organismos que han reclamado la ilegalización del partido de extrema derecha, muchas, incluso, cercanas a la derecha teóricamente democrática.

El Estado tiene, desde el año 2002, una herramienta para hacerlo: la Ley de Partidos aprobada por el gobierno de José María Aznar para, en aquellos años, arrinconar política y socialmente a las formaciones abertzales. Si hacemos un análisis de esta ley se comprueba que hay razones suficientes para que Vox sea ilegalizado.

Ya en la exposición de motivos de la ley se indica que el objetivo del texto legal es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades de los ciudadanos y se pretende impedir que un partido político pueda «atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas». ¿Cuántas menciones racistas y xenófobas ha hecho Vox a través de sus portavoces? No hay más que recordar las afirmaciones de Rocío Monasterio, por ejemplo, respecto a los «menas».

Si avanzamos en el análisis, el artículo 9, se incide en que los partidos deberán respetar los derechos humanos y los principios democráticos, además de realizar su actividad aceptando el pluralismo ideológico. Vox no encaja en estas palabras, no en vano, han determinado por su propia voluntad que el actual gobierno no es legítimo sólo por el hecho de que a la extrema derecha no le gusta que el pueblo español decidiera que quería ser gobernado por una coalición progresista. Además, volviendo al tema del racismo y la xenofobia, ¿cómo se puede justificar la legalidad de Vox cuando pretenden expulsar a decenas de miles de personas sólo por el hecho de ser extranjeros?

La ley aprobada por José María Aznar afirma que cualquier formación política puede ser ilegalizada cuando su actividad vulnere «las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual». Vox ha atacado a los musulmanes, a los inmigrantes, a las feministas, a los homosexuales y a todo aquel que no piense como ellos.

La reivindicación de la derogación de la ley contra la violencia de género choca, el negacionismo de que las mujeres tienen un problema con el terrorismo machista, son hechos que chocan con el espíritu de la Ley de Partidos y, por lo tanto, jurídicamente la ilegalización de Vox es posible.

Además, la ley expone claramente que ningún partido puede ir acompañado de simbología que incite a la violencia. En los actos del partido ultra se pueden ver banderas preconstitucionales, lo que supone una clara apología del fascismo y de una dictadura salvaje que se caracterizó, precisamente, por la violencia, la tortura, las ejecuciones y la persecución a quienes eran contrarios a los Principios Generales del Movimiento Nacional.

Las propias directivas y reglamentos de la Unión Europea justificarían la ilegalización de Vox. En el año 2018, el Parlamento Europeo instó a «luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacional».

Por otro lado, Vox está atacando constantemente a los principios de la Constitución. Por ejemplo, en su desaforado intento de imponer nuevamente el centralismo y derogar el Estado de las Autonomías, los ultras ponen en duda uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la descentralización.

Argumentos jurídicos hay de sobra. Ahora sólo queda la intención política de dignificar a nuestra democracia.