A Vox no le gusta la democracia, ni el parlamentarismo, ni la libertad. Como son caudillistas y añoran los tiempos de un “hombre fuerte” en el poder, a ellos les gustaría que España fuese un régimen mucho menos liberal y más autoritario. Si algún día llegan al Gobierno, asistiremos sin duda a una tarea de demolición de derechos y conquistas sociales como nunca antes en la historia de España.
La última de los ultraderechistas es tratar de liquidar los derechos laborales que los trabajadores de este país han hecho suyos tras décadas de sacrificios, abusos patronales y lucha en la calle. Macarena Olona, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, dejó muy claro ayer en las Cortes cuáles son las verdaderas intenciones de su grupo político: acabar con todo rastro de sindicalismo socialista y del marco laboral actual. Vox se define como un partido ultraliberal de clase y cualquier atisbo de pacto con los sindicatos les produce urticaria. Hoy mismo el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha asegurado a los suyos que la reforma laboral que propone el Gobierno le parece interesante y la firma de un acuerdo está cada vez más cerca. Esa es la grandeza de la democracia: diálogo entre partes antagónicas para llegar a acuerdos. Con Vox en el poder (un partido rupturista y antisistema que rechaza cualquier consenso progre) el pacto se antoja casi imposible, ya que el partido de Santiago Abascal lleva en su programa el despido casi libre, una fuerte reducción en las indemnizaciones por despido, la anulación de la negociación colectiva y una ley de huelga que recortaría drásticamente los derechos de los trabajadores, sobre todo en lo referente a los piquetes y los servicios mínimos. Todo ello por no hablar de que para Vox el mercado laboral español es demasiado rígido y habría que seguir avanzando en el empleo temporal, causa y origen de la precariedad que sufre este país desde hace décadas.
El programa laboral de Vox choca frontalmente con la Constitución, con los derechos humanos, con las recomendaciones de los organismos internacionales que regulan el derecho al trabajo, con las directivas de la UE y con las teorías de los economistas liberales, que aconsejan mantener la paz social mediante el pacto y el acuerdo entre los agentes sociales.
Ayer, en su cara a cara con Olona, Yolanda Díaz puso en solfa los planes de Vox solo leyendo punto por punto el programa electoral del partido ultra. Según la diputada voxista, “los trabajadores han perdido hasta el derecho de protesta” y añadió que “con este Gobierno, el derecho de huelga únicamente se reconoce a los juguetes”. De esta manera, Olona solo trataba de hacer un chiste fácil con la reciente campaña navideña impulsada por el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, en la que unos muñecos cobran vida para reivindicar la igualdad de sexo entre niños y niñas.
Sin embargo, detrás de ese juego retórico o boutade se escondía un maquiavélico plan contra la clase trabajadora de este país que Díaz supo desenmascarar a tiempo: “Dígale a los trabajadores de este país en Cádiz lo que quiere hacer con el derecho de huelga (..) De llevarse adelante su programa, ustedes sí van a ser víctimas de movilizaciones masivas”. Y es exactamente así. El derecho de huelga peligra con la ultraderecha. Pero no solo el derecho de huelga. El programa electoral de Vox es francamente retrógrado en lo que se refiere a los derechos laborales. En uno de sus puntos, el de los contratos basura recogido en la página 56 del programa, se habla de un contrato para menores de 24 años con un supuesto salario de inserción que es otra puerta abierta a la precariedad. Vox no da más datos sobre esa fórmula contractual pero cabe preguntarse con inquietud que supondría ese salario de inserción.
Vox también pretende demoler todo lo conseguido en el tema de los despidos y las indemnizaciones. El punto tres de esa misma página del programa voxista establece: “Unificar las indemnizaciones por despido (…) reduciéndolas a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses”. Esa cifra que Vox quiere rebajar a 20 hoy está en 33, mientras que el máximo es de 24 meses y no de 12 como propone el partido en su último programa electoral nacional. Así pretende la extrema derecha abaratar el despido.
Por último, ¿qué quiere hacer Vox con los piquetes? En la página 59 punto C explican que su intención es reformar la ley de huelga y proponen que “la actividad de los piquetes informativos se realice exclusivamente dentro de su centro de trabajo”. Eso se traduce en que prohibirían las movilizaciones de los huelguistas en la calle. Los piquetes informativos no podrían manifestarse ni a la puerta de los centros de trabajo. Tras leer estas propuestas cabría preguntarse cómo puede ser que muchos trabajadores estén pensando romper con la izquierda para votar a Vox pese a que esa decisión supone un peligroso retroceso a los derechos laborales. Pero así es la demagogia populista, que va calando en las capas más desfavorecidas de la sociedad mientras los partidos progresistas se ven incapaces de desmontar las mentiras de la extrema derecha y de volver a seducir a las masas. De momento el patriotismo rancio que va vendiendo Vox parece que hechiza al proletariado. Lamentablemente para esos obreros rabiosos contra el sistema, del patriotismo no se come.
