El pin fue en su día un bonito accesorio con el que decorar las solapas de las chaquetas, que cayó en desuso a finales de los 90. Dos décadas después, la ultraderecha española demodé quiere marcar tendencia con otro tipo de pin, de apellido parental, una medida contra la libertad y los derechos de los menores a una educación pública y diversa.

Esta peligrosa medida, que fue implementada a principios de curso 2019-2020 en la Región de Murcia, pretende llevarse a las comunidades donde el conservadurismo gobierna en su ímpetu por arrebatar la formación en igualdad, dentro de las escuelas públicas. En este caso, Andalucía y Madrid son las candidatas para incluir este protocolo que busca limitar la capacidad de los estudiantes de asistir a actividades sobre diversidad afectivo-sexuales, si no es bajo consentimiento de los padres y las madres.

Como respuesta contra el pin parental que propone VOX y defiende el Partido Popular, los consejeros de Educación de nueve comunidades gobernadas por el PSOE se han movilizado contra el pin parental con una carta abierta en El País titulada “Educar en libertad para la libertad”. Las comunidades firmantes han sido Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunitat Valenciana, que exponen en el documento que “las libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras” y afirman que la polémica suscitada solo pretende “quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico”.

Asimismo, en el marco legislativo, el texto determina que “los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la CE, así como el derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado y el derecho de participación, asociación y reunión de lo menores”.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido la aplicación del pin parental en las escuelas murcianas durante una entrevista concedida esta mañana en la Ser. El dirigente ha reconocido que no tiene constancia de que se hayan producido estas denuncias ni que exista adoctrinamiento en las aulas y, a su vez, ha descartado retirar la instrucción a las escuelas de la Región, tal y como anunciaba el pasado viernes la ministra de Educación, Isabel Celáa.

Según informaba RTVE tras una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo “recurrirá cualquier intento de PP, Ciudadanos o VOX de vulnerar el derecho de los menores a recibir una educación integral”. Celaá también advirtió que “no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres y que, por tanto, estas actividades forman parte de un derecho fundamental del menor”.

Sería interesante recordar que el artículo 1 de la Ley de Educación establece que “se deben desarrollar en la escuela valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”. En este sentido, la educación se presenta como herramienta fundamental para la lucha contra la violencia machista, la formación de una sociedad educada en valores de igualdad, diversidad y respeto, así como una ventana a la libertad y al diálogo constructivo.

“El pin de la censura educativa”, así se refería en su perfil de Twitter la Ministra de Igualdad, Irene Montero, al veto parental, acusó a sus promotores de “romper el Pacto de Estado contra la Violencia de género”. Además, sentenció que el pin es “machismo puro y duro” y añadió que “l@s hij@s de padres homófobos tienen el mismo derecho que cualquier otr@ a ser educados en igualdad y a saber que pueden amar a quien quieras”.

Entre las reacciones contrarias al pin parental, cobran especial importancia las de las asociaciones LGTBIQ+. Un ejemplo lo encontramos en la convocatoria promovida por Arcópoli y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) el próximo jueves, a las 18h, en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid.

Amar en libertad, reconocer la diversidad y convivir desde el respeto y la igualdad son enseñanzas que desde las escuelas se deben aprender. De esta manera, las futuras generaciones serán garantes de sociedades democráticas, feministas y respetuosas con el medio ambiente.

La realidad se vive en las aulas

¿Cuál es la realidad que se vive en las escuelas públicas y en las casas de familias con menores en edad escolar?. Eva Sibajas, profesora de Lengua y Literatura en un instituto público de la provincia de Cádiz, afirmó a Diario16 que esta campaña de desprestigio de la Escuela Pública “no es nueva” y, a su juicio, “es el hashtag perfecto y da pie a repetirlo como un mantra sin profundizar muy bien en lo que se oculta detrás”. Alejandra Chenoll, madre de dos menores en una escuela pública de Granada, también habló con Diario16 y coincide con la profesora en que el veto parental “es un falso dilema y que el objetivo es la educación pública”.

Sibajas, por su parte, piensa que “no es casual que ese supuesto adoctrinamiento tenga siempre que ver con cuestiones relativas a la identidad sexual, a la igualdad de género o a la diversidad en general (racial, cultural, social…) y que, por tanto, los promotores sean “algunos partidos y asociaciones de ideología conservadora y moral cristiana”. Al hilo de las actividades, Alejandra explica que a sus hijas “les han dado charlas sanitarias sobre aspectos biológicos y respondían a las preguntas que la chavalería metía de forma anónima en una caja, para que no tuviesen vergüenza”, y espeta: “ya me dirás cuál es aquí el adoctrinamiento”.

Cuando se tratan estos temas, como parte de la formación de los estudiantes, la profesora recuerda que se hace “cumpliendo con lo recogido en nuestra Constitución, como el artículo 14, donde se reconoce que todos somos iguales ante la ley”. Y añade que, como docente, “no es un capricho, sino una obligación, educar en valores tales como la igualdad, la libertad, la solidaridad, la diversidad y el respeto mutuo”.

En el campo de la diversidad, como caso personal, Chenoll comenta que le preocupa que se intente “desnormalizar situaciones como la bisexualidad” y que haya casos en que madres o padres prohíban a sus hijos relacionarse con determinados amigos por ser LGTBI, y que esto llegue a la propia dirección del centro educativo. Al igual, Eva expresa que “como persona, como mujer y docente, no creo que hagamos ningún favor a la educación, suprimiendo aquellas realidades que no compartimos o que nos son incómodas”.

El Gobierno andaluz admite que no hay una sola denuncia de padres pero sí implantará el veto parental acordado con Vox

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