Vox pide certificados de penales de monitores que educan en igualdad y cree que la violencia de género es cosa de inmigrantes

Los agentes de la “brigada político social” de Vox siguen buscando sospechosos de practicar el comunismo, la homosexualidad y el feminismo allá donde PP y Ciudadanos le han dado poder real. El grupo parlamentario de Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana ha presentado dos solicitudes de información sobre educación sexual en las escuelas y subvenciones a los colectivos LGTBI, a los que acusa de haber promocionado “chiringuitos” para lucro y enriquecimiento personal. Su delirante grado de homofobia llega hasta el punto de exigir “certificados de antecedentes penales” de todas aquellas personas que tomen parte en cursos de formación para menores. “Solicitamos los datos de las personas que han impartido este tipo de actividades porque nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos”, asegura la diputada por Valencia Ángeles Criado.

En la misma línea del disparate sin sentido, los ultras reclaman al Consell los datos acumulados sobre casos de violencia de género en la comunidad desde la aprobación de la ley integral de 2004, lo que se interpreta como un primer paso para exigir después el recorte en las inversiones públicas para atender a las víctimas del machismo y para llevar a cabo políticas de educación en igualdad. En esta iniciativa el punto más polémico es la peligrosa insinuación que hace Vox de que la violencia de género es cosa de inmigrantes. “Tenemos indicios para sospechar que, en numerosos casos, la violencia ha sido ejercida por personas cuyo país de origen no es España”, ha afirmado la parlamentaria.

Primero fue Andalucía, donde el partido verde requirió los nombres y apellidos de los trabajadores sociales que luchan contra la lacra de la violencia de género para investigar sus biografías; ahora parece que se han fijado en la Comunidad Valenciana como centro para sus siniestras actividades. Paso a paso, y discretamente, los ultraderechistas van colando su agenda política, alimentados por el oxígeno que les proporcionan populares y naranjas.

Estamos sin duda ante una concepción totalitaria y patrimonial de un modelo de Estado en el que un grupo de funcionarios con una determinada ideología trata de meterse en la vida privada de las personas, persiguiendo los derechos y libertades que legítimamente han conquistado tras cuarenta años de democracia. Vox pretende convertir la Administración Pública en un nido es espías que fiscalizan, vigilan y escuchan todo el rato al ciudadano para tratar de inculcarles una doctrina moral, política y religiosa concreta por la vía de la represión, el chantaje y prácticas más propias de un Estado policial que de una democracia.

Así, por una parte los diez diputados de Vox en Valencia quieren conocer las partidas destinadas en los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2019 a cursos, asociaciones, conferencias, informes, asesorías o centros culturales que estén relacionados con la actividad de colectivos LGTBI. Por otro lado, pretenden tener acceso a las estadísticas de los casos de “violencia intrafamiliar”, como lo llaman ellos, de manera que no solo quieren saber el número de mujeres agredidas por sus parejas, sino en general “cualquier violencia ejercida” en el ámbito de la familia, tal como informó el grupo en un comunicado que fue recogido por las agencias de noticias.

El siguiente paso será llevar al Parlamento valenciano propuestas de ley para derogar todo tipo de políticas educativas encaminadas a proteger a los colectivos más vulnerables, como las mujeres maltratadas y las personas LGTBI. En concreto, con la primera petición de información sobre ayudas a asociaciones gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, Vox pide saber las cantidades asignadas a actividades formativas con menores que educan en igualdad de sexos.

De esta manera, Vox pretende erradicar de los colegios cualquier atisbo de educación en igualdad para imponer una concepción puritana y ultracatólica con la familia tradicional y de derechas como epicentro de todo y la homosexualidad metida en el armario, de modo que los niños no puedan verla, ni tomar contacto con ella, ni conocer la realidad de un mundo donde hay gente que se siente atraída por personas del mismo sexo o que no se siente a gusto con su sexualidad.

En la misma línea, Vox solicita documentación sobre “antecedentes penales, acreditación de la formación o preparación necesaria, contratos firmados con indicación de fechas, cantidades asignadas y colegios, así como la indicación del método de adjudicación y sus criterios”. También exige saber los contenidos y materias impartidos en estos cursos y actividades. La petición va en la línea de la última barbaridad pronunciada por Rocío Monasterio, presidenta de Vox-Madrid, que ayer mismo criticó la celebración del Día del Orgullo Gay por la cantidad de “actos sexuales explícitos” en la calle y en horario diurno.

En cuanto a la solicitud sobre estadísticas de violencia de género, Vox pide los datos oficiales de malos tratos “de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres”, con número de casos y fallecimientos por estas causas. También solicita las estadísticas oficiales y porcentajes de ancianos, “tanto hombres como mujeres”, que han sido víctimas, con número de maltratos y fallecimientos y, por otro, los datos y porcentajes de niños que han fallecido a manos de sus padres, “indicando si el agresor ha sido el padre o la madre”.

“Los organismos públicos y los medios de comunicación obvian a varios grupos de víctimas dentro de la familia, como pueden ser los ancianos, los niños o los propios hombres, a manos de sus familiares o parejas. En todos los casos se solicita el sexo, la edad y la nacionalidad del agresor, con indicación del país de origen en caso de que no sea España”.

Si en la primera solicitud nos encontramos ante una concepción claramente homofóbica, ya que Vox incluso llega a pedir certificados de penales de las personas que imparten las clases sobre tolerancia al colectivo LGTBI, en la segunda estamos sin duda ante un racismo confeso, ya que los diputados ultras entienden que la violencia de género ocurre entre personas extranjeras, lo cual es absolutamente falso, tal como demuestran las estadísticas.

Con este tipo de mensajes violentos que se trasladan a la sociedad no extraña que después ocurran episodios tan lamentables como la identificación de una persona del colectivo LGTBI a manos de un vigilante de seguridad que, según se puede ver en un vídeo, le espetó aquello tan fascista y cavernícola de “te voy a hacer heterosexual a hostias”.