Vox es un partido creado para armar lío, follón y ruido antisistema. Sus programas electorales (que por momentos parecen fabricados por aficionados) suelen moverse entre el desconocimiento absoluto de lo que es el ordenamiento jurídico español, la improvisación y el disparate. Hace apenas unas horas, los patriotas verdes han vuelto a quedar en evidencia. Resulta que ayer sus huestes se lanzaron a la calle a protestar desaforadamente contra la ley Celaá, mayormente contra la supuesta supresión del castellano en las escuelas (un bulo que ya ha quedado desmontado), contra los presuntos ataques a la concertada (falso, no hay nada en la ley que vaya en contra de esa modalidad educativa) y contra el hipotético cierre de la educación especial (otro fake que no aparece por ningún lado en la reforma del Gobierno de coalición). Pues precisamente en este tercer punto, Vox ha vuelto a demostrar que sus dirigentes ni siquiera se leen su programa electoral.

En efecto, el domingo los libertarios ultras se manifestaban a gritos, en la calle, contra el cierre de la educación especial –aquella destinada a atender las necesidades de niños y jóvenes con problemas de discapacidad− una curiosa reivindicación teniendo en cuenta que el programa electoral de la formación derechista de 2016 defendía su liquidación sin concesiones. De modo que el partido ultra ha vuelto a hacer el ultra-ridículo una vez más, consumándose así uno de esos esperpentos en los que suelen caer los patriotas de pacotilla. 

Ha sido Julián Macías Tovar, del equipo de redes de Podemos, quien se ha percatado de la grave contradicción tras rebuscar en el programa electoral del partido de Santiago Abascal y ha llegado a la conclusión de que, en su artículo 118, los voxistas proponían “acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva”.

Tras el desaguisado, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha tratado de restar importancia al dislate político y lo ha calificado como “irrelevante” o incluso como un “error tipográfico”. La coartada de Buxadé no se sostiene de ninguna manera, ya que no se trata de una hache intercalada mal puesta o de una tilde que se ha escapado en una palabra esdrújula. Hablamos de un punto fundamental de aquel programa educativo de Vox, una declaración de intenciones con su sujeto, verbo y predicado, de modo que puede ser cualquier cosa menos un gazapo negligente. Y llegados a este momento cabría preguntarse por qué diantres los ultras, en un momento de su procelosa existencia, exigieron la abolición de la educación especial, precisamente esa que debe prestar asistencia a los niños que más lo necesitan por sus problemas físicos o cognitivos. ¿Acaso no creían en la integración y ahora sí? ¿Es que Abascal y los suyos entendían en 2016 que la vida de los alumnos discapacitados no merecía una atención reforzada y una mayor dedicación? ¿Consideraban entonces que la educación especial era un chiringuito bolivariano en lugar de una actividad escolar que contribuye a defender los derechos humanos? Nada tiene el menor sentido en el mundo verde trumpista.

Ayer mismo, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, atribuía el supuesto intento del Gobierno Sánchez por acabar con la educación especial a un entramado para fomentar los abortos de personas con discapacidad. Tuvo que ser Pablo Echenique quien por medio de un mensaje en Twitter pusiera cordura y el dedo en la llaga: “Vox lleva días haciendo algo repugnante: mentir a las familias con niños con discapacidad diciéndoles que se va a acabar con la educación especial. En la nueva ley pone lo contrario”. Nadie mejor que él para entender de qué va este asunto de los derechos de las personas discapacitadas, un tema con el que Vox también trata de hacer propaganda y ganancia electoral.

Hace apenas unas horas, y tras el revuelo que se ha organizado, el partido liderado por Abascal eliminaba de su página web el programa con el que concurrió a las elecciones de 2016. Sin embargo, tal como han informado las agencias de noticias, el documento sí que incluía como medida para la integración de discapacitados “acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva”. Ahora Buxadé mantiene lo contrario de lo que su partido decía hace cuatro años y ha garantizado, esta vez sí, que “no ha habido ningún cambio de posición”.

De cualquier manera, echando un somero vistazo a la ley Celaá se puede concluir que el Gobierno no propone cerrar los centros de educación especial, ya que lo que dice la reforma es que las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. La propia ministra de Educación, Isabel Celaá, ha tenido que salir al paso para desmentir que se vayan a clausurar los centros de educación especial porque “son necesarios en el sistema” educativo actual y ha criticado que el proyecto de ley del Gobierno sea objetivo “de muchas fake news”.

Es evidente que esta vez Vox ha caído en su propia telaraña tejida con su habitual seda formada por bulos, insidias y rumores mal intencionados. Toda esa propaganda de baja estofa según el manual trumpista importado de Estados Unidos que tanto daño le está haciendo a las democracias de todo el mundo.

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