Año tras año, el Tribunal de Cuentas detecta graves irregularidades en la financiación de los partidos políticos españoles y las pone en negro sobre blanco en un completo informe que por lo visto ya no le interesa a nadie. El gran drama nacional, más allá de que la pandemia se extienda por todas partes ante la indolencia de buena parte de la sociedad, es que la corrupción está tan enquistada y asumida en nuestro país que ya ha dejado de sorprendernos. A fuerza de años de escándalos −desde el caso Filesa hasta hoy pasando por la trama Gürtel− nos han insensibilizado ante un aire enrarecido, el que produce la degradación moral que emana de la clase política. Ese ambiente putrefacto que debería provocarnos un asco tremendo lo respiramos ya con total normalidad, como esas gotitas venenosas de coronavirus que quedan suspendidas en el aire y nos las tragamos hasta enfermar.

Solo la anestesia incurable de la sociedad puede explicar que nadie se escandalice ante el cachondeo de la opaca contabilidad de nuestros partidos de todo signo y color. Las organizaciones políticas son el Corral de la Pacheca de las democracias europeas, un jaleo de facturas que no encajan, donaciones que no se justifican, libros de contabilidad que no cuadran y dinero que sobra o que falta. La ley de financiación de partidos nunca se ha cumplido pese a que el texto que trataba de regular el problema ya advertía, allá por 2007 cuando fue promulgado, que “la ley actualmente vigente no garantiza de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia de su actividad económica”.

Poco o nada ha cambiado desde entonces. Los partidos siguen funcionando de aquella manera y el dinero fluye con nulo o escaso control. El problema es grave, ya que afecta a la calidad de nuestra democracia y por mucho que Pablo Casado se rasgue las vestiduras tras el supuesto escándalo de la contabilidad de Unidas Podemos (que veremos en qué queda finalmente) el líder del PP es el que menos lecciones puede dar en este tema. Ahí está la hemeroteca para recordar que Génova 13 fue durante muchos años un zoco de comisionistas, intermediarios y maletines que aparecían mayormente en tiempo de campaña electoral.

La hipocresía en el siempre espinoso asunto de la financiación y cuentas de los partidos políticos es ya insoportable. Ayer mismo, sin ir más lejos, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se hacía eco del caso abierto contra el partido de Pablo Iglesias en un juzgado de Madrid y aseguraba que lo más grave de la financiación de Unidas Podemos “no es su ilegalidad, como la del PP o PSOE. Lo terrible es que ese dinero viene de narcodictaduras y regímenes totalitarios que han logrado desestabilizar nuestra nación con un engendro de gobierno patrocinado por los enemigos de España”. Y llegados a este punto habría que tirar del sabio refranero castellano para recuperar aquel que dice eso de “en casa de herrero cuchillo de palo”. Efectivamente, Abascal no es el más indicado para dar lecciones de correcta financiación. En enero de 2019, el diario El Mundo, nada sospechoso de comunista, publicaba un llamativo titular: “Los financiadores iraníes de Vox son exterroristas rehabilitados a golpe de talonario”. Y completaba la información asegurando que la organización que sufragó los primeros años de la formación ultraderechista española −el Consejo Nacional de la Resistencia en Irán (CNRI)− “es un grupo de origen marxista e islamista, aliado del régimen de Sadam Husein, que figuró hasta 2012 en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos”. A comienzos de este año, el propio portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, admitía que la campaña de las elecciones europeas del 2014 estuvo financiada en un 80 por ciento por donaciones procedentes del exilio iraní, en concreto 800.000 euros de “abogados, médicos y consultores que viven en Occidente y se oponen al régimen totalitario y terrorista de los ayatolás de Irán”.

¿Se investigó aquella pista hasta sus últimas consecuencias? Hasta donde se sabe no. ¿Se depuraron responsabilidades judiciales y políticas para llegar al fondo del asunto y determinar si realmente era cierto que los talibanes fundamentalistas estaban detrás del proyecto ultrapatriótico español? No parece. Una vez más, se pasó página y todo quedó debidamente enterrado. Ahora, la Justicia española parece haberse tomado mucho más en serio la denuncia de ese abogado que tras ser despedido de Podemos decidió irse al juzgado con los libros de contabilidad para darse un festín de despecho. Por lo visto, en esto de la financiación de los partidos también hay clases, de modo que cuando la sospecha recae sobre los proletas de la izquierda los jueces van a por todas y con todas las de la ley mientras que cuando se trata del patriótico partido defensor de los privilegios de las élites económicas y la nobleza aristocrática ahí ya se hace un poco más la vista gorda.

El problema de la cuentas y cuentos de nuestros partidos es generalizado y endémico y convendría que las instituciones competentes, tanto políticas como judiciales, se plantearan una auditoria global en toda regla para radiografiar cómo está la economía de las distintas fuerzas parlamentarias. Solo así veríamos que el patio trasero, en general, no está precisamente limpio y reluciente. Lo demás, montar un escándalo judicial por un abogado vengativo para ganar unos cuantos votos, no dejar de ser el mismo paripé propagandístico de siempre. Ruido y furia inútil mientras nuestra democracia sigue degradándose a marchas forzadas.

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1 Comentario

  1. O sea,que al final todos los partidos politicos son todos unos corruptos y ladrones Aquí no se salva ni el tato.

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