La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, admitió ante un juez de primera instancia, en febrero de 2008, que no era arquitecta y que había trabajado sin licencia, según consta en la grabación de aquella vista oral difundida por el diario El País. En las últimas horas, el partido ultraderechista ha emitido un comunicado de respuesta en el que acusa al rotativo madrileño de publicar una información “falsa”, al tiempo que aporta un argumento exculpatorio de Monasterio cuanto menos sorprendente e inédito hasta hoy: “En los casos manipulados por los medios de comunicación, quien contrataba los proyectos citados era la sociedad Rocío Monasterio y Asociados, S.L., en la que Rocío Monasterio San Martín actúa como representante de la misma, no como técnico”. Es decir, según la formación de Santiago Abascal los proyectos profesionales los ejecutaba la empresa de Monasterio, no la propia Monasterio.
La explicación, lejos de aclarar el episodio, lo enturbia aún más, ya que ahora surgen algunas preguntas importantes que la portavoz de Vox por Madrid debería responder y aclarar: ¿en calidad de qué firmó ella la obra, como técnica titulada o como directiva empresarial?, ¿la rubricó su sociedad como entidad jurídica corporativa?, ¿qué empleado en nombre de la empresa certificó aquel proyecto como arquitecto?, ¿estaría dispuesto a dar la cara explicando el procedimiento administtativo que se siguió?, ¿cuántos técnicos en arquitectura, con competencias para tramitar las certificaciones oficiales oportunas, trabajaban para Monasterio en la citada mercantil?
Según un comunicado de Vox, que ha salido en defensa de su líder por Madrid, “dicha empresa contrataba a trabajadores con la habilitación técnica necesaria para visar y tramitar las licencias correspondientes en cada caso. Y dichos empleados han actuado siempre con la diligencia que corresponde a sus funciones”.
En sus informaciones, El País aporta como prueba un proyecto llevado a cabo en 2004 en la calle San Marcos de Madrid, en el que, según el periódico de tirada nacional, Monasterio “firmaba un certificado de obra como dirección facultativa, trámite que solo puede autorizar un arquitecto”. De hecho, es uno de los detalles que “afloran” en el juicio y “se puede observar en el vídeo” de la vista oral, que acompaña a la información de los periodistas. Además, el rotativo recuerda que Monasterio obtuvo el título de arquitectura en el año 2009, cinco años después de aquella obra.
En una denuncia pública, el grupo municipal Más Madrid también ha acusado a Rocío Monasterio de haber incurrido en irregularidades al haber realizado una actividad profesional sin tener en ese período el título superior, lo que implicaba que no estuviera colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El partido de Íñigo Errejón exige que se investiguen presuntas irregularidades urbanísticas en el caso de reformas acometidas por el estudio de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid en diversos proyectos acometidos entre los años 2000 y 2007. Sin embargo, en las últimas horas el COAM ha ratificado el archivo de la queja formulada por este grupo político.
Tras conocer la decisión del Colegio madrileño de arquitectos, la propia Monasterio ha difundido en redes sociales dos extractos de la resolución de la Comisión de Recursos de la organización colegial, que acuerda desestimar el escrito contra la resolución inicial de la comisión deontológica de la institución cursado por el edil de Más Madrid y arquitecto José Manuel Calvo. A través de un comunicado, la portavoz de Vox ha señalado que el COAM ha atendido las alegaciones presentadas, ha insistido en que no ha incurrido en ninguna “ilegalidad” y ha atribuido a Calvo “querer utilizar al órgano rector de los arquitectos madrileños con fines políticos”. “El Colegio de Arquitectos de Madrid, en el que estoy colegiada, desestima y archiva denuncia y recurso presentado contra mí por el concejal Calvo de Mas Madrid”, ha insistido Monasterio, quien ha acusado al edil de intentar “vulnerar su honor”.
Según Vox, el concejal de Más Madrid utilizó “noticias falsas creadas por el diario El País” para desacreditar a Monasterio. “El COAM, escuchadas las alegaciones de Monasterio, ha archivado el recurso de forma definitiva, poniendo fin a la vía administrativa. Aun así, la Comisión Deontológica del COAM tomará en consideración ahora las quejas formuladas por su arquitecto colegiada, que acusa a Calvo de querer utilizar al órgano rector de los arquitectos madrileños con fines políticos”, añade la nota del partido verde.
La formación ultraderechista insiste en que Monasterio nunca ha incurrido en ninguna ilegalidad, asegura que jamás ha firmado proyecto alguno como arquitecto colegiado antes de serlo y que las noticias de El País son falsas. “Rocío Monasterio agradece al COAM su rápida respuesta y lamenta las molestias ocasionadas por quienes han utilizado al Colegio para su causa contra Vox”, concluye el comunicado. Pero más allá de que las explicaciones del partido ultra se antojen más o menos suficientes, Monasterio debería aclarar este episodio en sede parlamentaria, ya que es diputada regional y como tal una representante de los ciudadanos, que tienen derecho a saber toda la verdad. El asunto no es ninguna bagatela. Y tampoco estaría de más que la Justicia actuara de oficio.
