Minutos de silencio. Pancartas. Performances. Palabras. Discursos. Este es el resumen de la estrategia española para erradicar la violencia machista, una estrategia que es cruel para con las víctimas porque la falta de hechos concretos y efectivos genera inseguridad entre las mujeres que viven sometidas a la violencia física y psicológica del maltratador y, en muchos casos, de su futuro asesino.
Sobran las palabras y hacen falta muchos hechos. Sobran los discursos y se precisan recursos. Sobran los gestos y se hace menester la implementación de una estrategia efectiva que pueda evitar que en los últimos 15 años hayan sido asesinadas 1.028 mujeres por violencia de género, según las cifras oficiales, lo cual indica que, en realidad, han sido muchas más, dado que no todas las mujeres asesinadas entran en esa estadística.
Las palabras sólo estarían justificadas si fueran acompañadas de las reformas necesarias para luchar decididamente contra la violencia machista. Mientras que el Estado destinó más de 25.000 millones de euros en la lucha contra ETA, porque era necesario y había que utilizarlo, en la actualidad, según lo indicado en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, el presupuesto destinado para la lucha contra el terrorismo machista es de 220 millones anuales. Si tomamos como referencia los años de actividad de ETA, nos damos cuenta que el Estado se gastó una media de 500 millones por año, es decir, más del doble de lo presupuestado contra el terrorismo machista. Todo ello, evidentemente, sin tener en cuenta el valor del dinero en el siglo XX, lo que daría una inversión estatal para terminar con ETA muy superior. Y ese dinero fue necesario.
Yo fui víctima de ETA y fui protegido durante 10 años por escoltas del Ministerio del Interior. ¿Por qué las mujeres que son víctimas del terrorismo machista no están protegidas por el Estado? ¿Por qué se permite que se continúen violando las órdenes de alejamiento? ¿Por qué no se da oportunidades en otros lugares de España para que estas mujeres rehagan sus vidas como lo hacen los testigos clave en investigaciones judiciales? Son muchos los por qué y la respuesta es siempre la misma: palabras y discursos vacíos de contenido porque no van acompañados por hechos coherentes con las costosas manifestaciones públicas.
El pasado 25 de noviembre ratifica esta reflexión, este pensamiento, ¿de qué le sirvió a Sara una noche de manifestaciones sin resultado de eficacia real? De nada, de nada de nada. ¿Dónde están los y las manifestantes del 25 de noviembre? En sus casas, con las pancartas enrolladas después de una velada solidaria. ¿Dónde están las 52 mujeres asesinadas este año a manos de terroristas machistas? En las tumbas, en el pesar de la minoría de conciencias solidarias, en el olvido, incluso en la marginación e ignorancia de una gran mayoría de la sociedad.
La violencia machista debe ser tratada no sólo como un tema de Estado, sino como lo que es: terrorismo o el terrorismo contra la igualdad real. Sobre todo, cuando ahora existen formaciones políticas con representación parlamentaria que niegan la existencia de la violencia del mismo modo en que otros afirman que el holocausto no existió.
Durante los años del terrorismo de ETA había quienes también negaban que el conflicto en Euskadi fuese terrorismo y fueron arrinconados. Ahora se les da poder a los que no ven que existe la violencia machista o se les pretende blanquear por parte de quienes dependen de los negacionistas para mantenerse en el poder.
Lo que está claro es que todo lo hecho hasta ahora no funciona porque las mujeres siguen siendo asesinadas y, por lo tanto, hay que cambiar de estrategia, es decir, pasar de las palabras a los hechos, hechos coherente con la verdad de los sentimientos en favor de una revolución para vencer a los asesinos machistas. Un compromiso constante que traspase fechas del calendario y reduzca el cómplice silencio de 352 días del año. Las pancartas deberán estar desplegadas siempre, cada día, cada hora, cada minuto y segundo y que la revolución de nuestras conciencias sean las que sostengan esas pancartas de coherencia y de verdad con la lucha diaria contra el terrorismo machista en todos los ámbitos de la sociedad, públicos y privados.
Es necesario resetear la estrategia, empezar de 0 y plantear la implementación de protocolos realmente efectivos. Al terrorismo político o tradicional se le combate con la interconexión de los servicios de inteligencia y de las policías. El terrorismo machista sólo puede ser combatido con estrategias realmente eficaces que den seguridad a la mujer a la hora de denunciar y, por tanto, convertirse dichos protocolos en el mejor sistema de persuasión a los criminales machistas. Esos protocolos pasan por la formación, la educación y los modelos de protección/seguridad para las mujeres que se encuentren en situación de maltrato y cuya vida corra peligro.
La estrategia de la formación y la educación en igualdad real es fundamental, sobre todo cuando los índices de machismo y maltrato entre los jóvenes se está disparando en cifras alarmantes.
Estos aspectos formativos no se deben centrar en exclusiva en el sector educativo, sino que deben implementarse en todos los ámbitos: en el judicial, el de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en las Universidades, empresas, medios de comunicación y redes sociales. Esta medida es fundamental porque son las que darán a las mujeres la fortaleza de saberse protegidas por el Estado y no mantenerse ocultas por el miedo que da que, como ocurrió en un caso real en Almería del que tuvo conocimiento Diario16, la propia Policía indicara a la víctima que «para qué iba a denunciar» si eso iba a empeorar más su situación.
¿Cómo es posible que ocurran cosas así, que se deje en manos de un o una policía la responsabilidad de decidir si una mujer en situación de maltrato grave debe denunciar porque va a ser peor el remedio que la enfermedad? ¿Cómo es posible que la carencia de protocolos efectivos de protección a la mujer sirva de excusa para decirle a una víctima que no denuncie? ¿Cómo se puede pretender que las mujeres den el paso ante las autoridades para que éstas las protejan y se encuentren con que el Estado y la sociedad no les pueden garantizar su seguridad? ¿Estarían pensando en ese momento los miembros de la seguridad del estado en que la denuncia podría haberle supuesto ser asesinada por el criminal machista? ¿Cómo evitar que hubiera sido real o si se hubiese dado el pensamiento por el que se le dijo a esta mujer que no denunciase? Si existiera la certeza de la existencia un protocolo que garantiza la protección, ese comentario no se hubiera producido.
Con unos protocolos adecuados, con una redistribución adecuada de los recursos, se pueden evitar situaciones de este tipo. Si ese o esa policía tuviera a su disposición unos protocolos efectivos, jamás le diría lo que le dijo a esa mujer. No se trata de invertir más o de multiplicar los presupuestos, se trata de redistribuir el dinero asignado a lo realmente necesario: la protección de las víctimas. Eso es lo que haría que las mujeres perdieran el miedo a la denuncia o a sentirse desprotegidas porque la causa principal de que no se interpongan más denuncias, a pesar de que el número va creciendo año a año, es el miedo, en primer lugar, a las represalias del criminal machista y, en segundo término, el miedo también a que el Estado las deje a expensas de la venganza, la ira y el instinto homicida de los maltratadores.
La protección de las víctimas, una vez formulada denuncia o detectada una situación de maltrato es crucial para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas. No se puede permitir que en España haya juzgados en los que se rechace más del 90% de las solicitudes de órdenes de protección o que no se activen las órdenes de alejamiento.
Para ello es fundamental la creación de protocolos eficaces sobre los que asentar procedimientos en los que el poder judicial y las Fuerzas de Seguridad sirvan de muralla contra los maltratadores y los asesinos. Para ello no hay más que aplicar procedimientos que garanticen la seguridad de las mujeres, sobre todo para que, en caso de que una víctima pueda encontrarse en peligro porque su maltratador esté cerca de ella, la reacción de las fuerzas de seguridad sea inmediata para poder actuar y abortar un asesinato. Algo así es posible, viable y prevendría, por un lado, actos de terrorismo machista y, sobre todo, daría seguridad a las mujeres maltratadas de que una denuncia no conlleva empeorar su situación, como ocurrió en el caso de Almería.
Otro de los ámbitos fundamentales para la prevención de la violencia machista está en el sector sanitario. Existen una serie de protocolos de detección que no funcionan o que no se aplican porque los profesionales de la sanidad no se atreven a adoptar decisiones porque, volvemos a lo mismo, no existe una estrategia clara de protección a la víctima. Por lo tanto, es crucial que sean los especialistas en violencia machista los que formen y eduquen a los profesionales de la sanidad para que los procedimientos de comunicación con las fuerzas de seguridad o los juzgados se activen de manera inmediata y los protocolos de protección de la víctima se implementen rápidamente.
Todo esto, que parece de sentido común, no se está realizando. Y aquí viene la necesidad de que el Estado, desde la administración local hasta la central, se impliquen dotando de recursos a los organismos, públicos o privados, capaces de generar el escenario en el que las mujeres se sientan seguras porque exista la seguridad de que todo el entramado estatal está comprometido con una de sus funciones fundamentales: garantizar la seguridad del pueblo.
Es cierto que son necesarias las campañas de concienciación, es cierto que ciertos eventos dan visibilidad a la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, se demuestra que no es efectivo porque este año, el primero en que está plenamente en vigor el Pacto de Estado, ya han sido asesinadas 52 mujeres.
Como decíamos antes, en la lucha contra ETA se destinaron más de 25.000 millones de euros, mientras que para erradicar la violencia machista sólo se destinan 220. En 15 años han sido asesinadas 1028 mujeres, 174 más que del total de 854 muertos de ETA en toda su historia criminal. Por eso, cada vez que se produce un atentado de terrorismo machista las palabras, los minutos de silencio y las pancartas se quedan vacías de contenido.
Si hay que ampliar el presupuesto, se hace, pero con responsabilidad, sabiendo a dónde se destina cada euro presupuestado y la efectividad real que tienen. Hay, quizá, demasiadas organizaciones que basan su actividad en actividades que ya se ha demostrado que no son efectivas. La concienciación es necesaria, pero, en una crisis terrorista como la que se está viviendo en España, son más necesarias las medidas con una efectividad factible. Todo pasa por una redistribución presupuestaria en la que se prime, precisamente, la efectividad de la formación, la educación y la seguridad, todo ello gestionado por verdaderas y verdaderos profesionales en cada materia. El activismo tiene una función fundamental en la visibilización, pero cuando hay tantas vidas en juego es necesario que los presupuestos prioricen la profesionalidad porque, de ahí, nacerá la efectividad.
Hay vidas en juego, hay menores que se quedan huérfanos (o son también asesinados). Existen soluciones de protección a un coste bajo que se ha demostrado que son efectivas. Eso sí, debe ser el Estado quien las implemente y no compañías privadas que durante los años de ETA se enriquecieron de forma alarmante, cercana a lo deshonesto. Desde los Ayuntamientos, pasando por las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas, hasta llegar a la administración central, deben ser quienes pongan todos los recursos que sean necesarios dotando sus presupuestos para luchar desde la verdad directa con el exclusivo fin de evitar más asesinatos. Y eso sólo se consigue si las mujeres se sienten seguras a la hora de denunciar una situación de maltrato que inevitablemente, puede conducir al asesinato.
Se trata de un terrorismo diferente al organizado porque los criminales machistas no están organizados. Sin embargo, hay soluciones que pasan por el compromiso real de que se pasará de las palabras y los discursos a los hechos, al compromiso real desde comportamientos coherentes. No hay tiempo que perder porque no puede haber una próxima asesinada.
