Hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer y España, un país que ha sido pionero en la implementación de leyes contra esta lacra, está sufriendo un retroceso que lleva a que este año las cifras oficiales indiquen que el terrorismo machista ya ha asesinado a 51 mujeres, unos guarismos que se quedan cortos puesto que, a modo de ejemplo, dos de las asesinadas en el crimen machista de Valga no serán incluidas en las estadísticas. Desde el año 2001, la banda terrorista ETA asesinó a 31 personas.
Mientras que el Estado destinó más de 25.000 millones de euros en la lucha contra ETA, porque era necesario y había que utilizarlo, en la actualidad, según lo indicado en el pacto de Estado contra la violencia de género, el presupuesto destinado para la lucha contra el terrorismo machista es de 220 millones anuales. Si tomamos como referencia los años de actividad de ETA, nos damos cuenta que el Estado se gastó una media de 500 millones por año, es decir, más del doble de lo presupuestado contra el terrorismo machista. Todo ello, evidentemente, sin tener en cuenta el valor del dinero en el siglo XX, lo que daría una inversión estatal para terminar con ETA muy superior.
Han pasado sólo 15 años desde que se tienen datos de las mujeres asesinadas por la violencia machista. En este periodo se ha superado el número de víctimas que asesinó ETA en medio siglo de actividad terrorista. Estas cifras, ¿no justifican la declaración de «alerta terrorista» en España? ¿Por qué no se ponen en España todos los recursos que se utilizaron para terminar contra el terrorismo machista? ¿Será porque los partidos de la derecha y, por supuesto, de la ultra derecha, han visto que de este asunto no sacan el mismo rédito electoral que el tener la palabra ETA todo el día en la boca?
Estamos viendo cómo el negacionismo de la violencia machista por parte de Vox, que utiliza las tácticas de propaganda en redes sociales implementadas por Steve Bannon, está empezando a calar en una parte de la sociedad. Este discurso no sólo es miserable, sino que está provocando que muchas mujeres víctimas se sientan aún más reticentes a denunciar el maltrato físico o psicológico por miedo a encontrarse con personas en la administración que comulguen con las teorías negacionistas.
Esta situación límite en la que se encuentra España respecto a la violencia machista debe ser enfrentada por parte de los organismos públicos del mismo modo en que se atacó al terrorismo de ETA, poniendo todos los recursos que sean necesarios para dar las mismas herramientas a las distintas instituciones estatales para terminar con una aberración como la que sufren las mujeres de este país.
Sin embargo, hay otras cifras que deberían avergonzar a España y a sus instituciones. Por un lado, casi la mitad de las mujeres que han sido asesinadas en España por el terrorismo machista en 2019 eran madres con hijos menores de edad, lo que nos da un hecho que los maltratadores utilizan para hacer aún más vulnerable a la mujer: su maternidad, que se convierte en un factor de miedo ya que las víctimas no sólo temen por su vida, sino también por la de sus hijos, que pueden ser utilizados para hacerles daño a ellas.
Ese miedo por sus hijos provoca que tan sólo un 22% de las mujeres asesinadas en este año con hijos hubiera interpuesto algún tipo de denuncia contra su asesino, porque los hijos suponen una dificultad más para que estas mujeres maltratadas den el paso de interponer una denuncia.
Otro dato que debería hacer recapacitar a quienes tienen el poder de legislar es que más de un 10% de las asesinadas por terrorismo machista desde 2006 tenía órdenes de protección o de alejamiento, según muestran los datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.
Según los datos oficiales, sólo en 2019 se han solicitado más de 45.000 órdenes de protección a mujeres víctimas de maltrato, de las que se ha denegado un 30%. ¿Cómo la Justicia puede dejar sin protección a casi 14.000 mujeres que han denunciado violencia de género? ¿Entienden los jueces y las juezas que dejaron a todas esas mujeres expuestas a ser asesinadas y, en muchos casos, obligadas a volver a convivir con su agresor?
En una entrevista concedida a Diario16, la fiscal de violencia de género Teresa Peramato nos indicaba que son muy importantes una serie de puntos que, a pesar de la aprobación del Pacto de Estado, aún tienen demasiadas carencias. Peramato afirmaba que el primer paso que hay que dar es el de la concienciación y sensibilización. Eso incluye también a los profesionales socio sanitarios. Tienen que implicarse y dar cumplimiento a su obligación de comunicación de la violencia que detectan al fiscal o al juez. Si toda esa información que tienen familiares, amigos, personas del entorno, vecinos, también las tuviéramos en la Administración de Justicia también la respuesta sería distinta. Podríamos apoyar mucho mejor a las víctimas.
En segundo término, la fiscal se centraba en la educación. Siempre vamos a lo mismo, siempre vamos a hablar de la educación. Tenemos que educar. Un dato que nos asombra a todos. ¿Cómo puede ser que entre jóvenes y adolescentes se esté produciendo un nivel de violencia, de abuso, de acoso, que son las primeras manifestaciones, pueda estar repuntando entre jóvenes y adolescentes? Esto es un síntoma de que no estamos educando bien a las nuevas generaciones. Educación en la escuela, a las familias, en los medios de comunicación, educación en la sociedad en general. Eso es fundamental, pero esa educación, en vez de comprender igualdad, elementos de género, tendría que incluir la violencia de género para que esos jóvenes identifiquen correctamente las conductas de la violencia de género porque si la víctima no identifica esas formas tampoco podemos ayudar.
Teresa Peramato también nos indicaba que la prevención era fundamental. Ayuda, asistencia y apoyo a las víctimas siempre. Antes de la denuncia, durante el procedimiento penal, después del procedimiento penal e, incluso, al margen del procedimiento penal. La asistencia y el apoyo a las víctimas no se deben condicionar ni a la denuncia ni a la orden de protección. Que se les de ese apoyo por todas las administraciones en cualquier momento en que lo requieran. Si lo hacemos depender todo del procedimiento penal no estamos haciendo las cosas bien.
En referencia a la respuesta judicial, Peramato afirmó a Diario16 que se necesitaban mejoras y que la Justicia precisaba del auxilio de profesionales formados específicamente en violencia de género y herramientas que nos ayuden a hacer las valoraciones de riesgo adecuadas para proteger a las víctimas cuando ya tenemos conocimiento de la violencia. La administración de justicia sólo puede intervenir cuando se tiene conocimiento. El resto de las administraciones tienen que poner la carne en el asador en el antes y el después, y nosotros también, porque tendría que haber un sistema de coordinación y de comunicación adecuado para que todos pudiéramos actuar conjuntamente, pero obviamente la administración necesita del auxilio de profesionales formados.
