El nombre de Mariano Rajoy ha vuelto a salir, otra vez, en un sonado expediente judicial. Cuando aún resuenan los ecos del escándalo Gürtel −la Audiencia Nacional citó al expresidente popular, en calidad de testigo, para dar explicaciones por aquel feo asunto en julio de 2017− la figura del jefe de Gobierno vuelve a estar en el ojo del huracán. Parece que fue en el Pleistoceno superior, pero no hace ni tres años que Rajoy tuvo que responder a las preguntas sobre las adjudicaciones irregulares a empresas de la trama de Francisco Correa, don Vito, el cabecilla de la red, durante los años 1990 y 2003. Aquel bochorno quedó como una mancha indeleble en el currículum del registrador de la propiedad, que ya no volvió a levantar cabeza. Tan tocado dejó el caso Gürtel a Mariano Rajoy que aquello fue el detonante de la moción de censura que le costó el cargo apenas un año después.
Hoy, ya retirado de la política, el expresidente vuelve a ser noticia, y no solo por su supuesto interés en presidir la Federación Española de Fútbol, sino por un nuevo asunto turbio que tiene que ver con las andanzas del comisario José Manuel Villarejo, a quien la Justicia considera cabecilla de las cloacas policiales que han funcionado en las últimas décadas en nuestro país. El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con los gobiernos del PP, Eugenio Pino, declaró el pasado martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, a petición de Mariano Rajoy, le llamó para quejarse de que trataba mal a Villarejo. Fue la supuesta reacción de las más altas instancias del Ejecutivo central después de que el polémico comisario trasladara su disgusto y malestar por el trato recibido de sus superiores al entonces presidente del Gobierno.
Este nuevo escándalo ha sacudido las redacciones de los periódicos y los platós de televisión, y probablemente también al mismo Rajoy, que hoy vive una vida apacible y tranquila de político retirado lejos de los grandes asuntos del país (entre ellos las famosas cloacas del Estado que durante los años de mandato del político gallego adquirieron tintes de gran cáncer nacional).
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Pino −que ejerció como DAO entre 2012 y 2016− llegó a asegurar ante el magistrado García Castellón que desconocía gran parte de las operaciones de Villarejo −investigado por la Audiencia Nacional en la macrocausa del caso Tándem−, e insinuó que el ahora comisario jubilado y en prisión preventiva respondía ante “otras instancias”. ¿Pero qué otras instancias, sin duda superiores jerárquicamente, daban órdenes directas a Villarejo, un policía que por lo visto tenía licencia para todo al margen de la ley, como un James Bond a la española? El periódico Vozpópuli ha publicado estos días que la supuesta queja de Mariano Rajoy en defensa de Villarejo se produjo “después de que Pino reclamara que se apartara de la Policía al comisario”. Sin embargo, Villarejo no fue defenestrado, “ya que continuó en su puesto”. ¿Quién lo protegió y le dio amparo?
El asunto es de una gravedad extrema, sobre todo teniendo en cuenta que “entre las operaciones realizadas por Villarejo sin aval policial, según Pino, estarían las reuniones mantenidas por el excomisario con Jordi Pujol”, siempre según la información de Vozpópuli. Cabe preguntarse si la “policía patriótica” funcionaba ya a pleno rendimiento después de que los líderes independentistas catalanes anunciaran la puesta en marcha del “procés” y si el Estado español necesitaba “información fresca” sobre las actividades de los promotores soberanistas.
En cualquier caso, durante su declaración judicial, Pino ha asegurado que la Policía Nacional nunca aprobó el uso de las empresas de Villarejo, a pesar de que en el Cuerpo tenían conocimiento de su existencia. Y que él pidió en alguna ocasión el cese inmediato del polémico policía jubilado. Con posterioridad a esa petición, el exDAO fue supuestamente contactado por el ministro Fernández Díaz. Este le hizo saber que Villarejo había trasladado a Mariano Rajoy −se desconoce si a través de terceros−, su malestar por el trato recibido de Pino, añade Europa Press. El pasado martes, el magistrado García Castelló se sorprendió en ese momento de la declaración al escuchar que el exDAO desconocía gran parte de “los trabajos de Villarejo”, por lo que mostró su extrañeza al respecto, dado que Pino era “era el dios en el Olimpo de la Policía”.
El asunto parece cada vez más enmarañado, y eso que queda pendiente de aclarar quién ordenó redactar sendas cartas fechadas en 2018, en las que supuestamente se afirmaba que el Villarejo contaba con autorización para llevar su “doble vida” policial y empresarial. Una especie de “bula policial” de la que a buen seguro se aprovechó el famoso comisario y por la que algunos mandos ya han sido preguntados en sede judicial. En definitiva, todo un inmenso embrollo salpicado de fango que amenaza con tocar a los más altos estamentos de la cúpula policial en aquellos años en los que Fernández Díaz era ministro y Rajoy jefe del Gobierno.
De momento, el actual vicepresidente, Pablo Iglesias, ya ha valorado el asunto que colea en la Audiencia Nacional. “Las cloacas del Estado son una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia y los tribunales tienen que actuar y se tiene que aplicar la ley caiga quien caiga”, ha asegurado como afectado, ya que él también fue víctima, en sus propias carnes, de un brutal espionaje contra su vida privada.
Las declaraciones de mandos policiales que desfilan estos días por los juzgados de Madrid para aclarar un asunto tan sórdido como las guerras internas a cuenta del comisario Villarejo hay que tomarlas siempre con todas las cautelas y reservas. Sin embargo, conviene no olvidar que es la segunda vez que el nombre de Mariano Rajoy sale a relucir en un affaire gravísimo, como lo fue en su día el caso Gürtel. Al ex presidente del Gobierno le asiste todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia, como no podía ser de otra manera, y mucho más considerando el pelaje y condición de un comisario como Villarejo (hoy en prisión preventiva) cuyas actividades y grabaciones ilegales de personajes públicos han ensuciado, y siguen ensuciando, las instituciones democráticas. Lo lógico en un Estado de Derecho sería que Rajoy fuese llamado a declarar, siquiera como testigo, para dar su versión y arrojar algo de luz sobre este espectáculo denigrante. La democracia exige máxima transparencia y en el caso Villarejo hay muchas preguntas sin respuesta. Demasiadas condecoraciones por explicar, demasiados fondos reservados sin controlar y demasiadas actividades y operaciones policiales clandestinas, al margen de la ley, sin depurar.
