El empresario Juan Miguel Villar Mir es un superviviente nato. Salió adelante en dictadura y lo ha hecho en democracia hasta convertirse en uno de los grandes empresarios de este país. O dicho en palabras del escritor Mariano Sánchez Soler, autor de Los ricos de Franco, “a la vista de los hechos, el tránsito desde la dictadura hasta una democracia parlamentaria representativa con sufragio universal no ha resultado demasiado traumático para quienes supieron manejar las riendas político-financieras de la Transición. Todos aprendieron el axioma de Lampedusa e incluso los más lúcidos se jactaron de ello. Ese es el balance”.

En 1958, en pleno franquismo, Villar Mir fichó por la Administración como funcionario del Puerto de Cádiz. Tres años más tarde ya era subdirector general de Puertos y Señales Marítimas. En 1964 fue nombrado director general de Empleo y en el 67 accedió a la presidencia del Fondo Nacional de Protección del Trabajo. A finales de la década de los 60 se convirtió en presidente de Altos Hornos de Vizcaya y de sus filiales Altos Hornos del Mediterráneo e Hidronitro Española. A partir de ahí tocó el Olimpo de la política, pese a que los tiempos cambiaban a una velocidad de vértigo y el país pasaba del Antiguo Régimen al nuevo orden constitucional. Llegó a ser ministro de Hacienda y vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos en el primer Gobierno del reinado de Juan Carlos I presidido por Carlos Arias Navarro y en 1987, ya en pleno felipismo, adquirió a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Obrascon por la cantidad de una peseta (ya entonces se fraguaban grandes negocios a precios de saldo). Aquello fue el embrión de su futuro imperio, ya que finalmente, en 1999, el proyecto terminó cuajando en la actual OHL.

Hoy Villar Mir ha hecho honor a su condición de gran superviviente de la historia y ha salido airoso del proceso que tenía abierto en los tribunales. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él en dos piezas del conocido como caso Púnica por considerar que los hechos que se le imputan son por ahora “meras sospechas o conjeturas, no corroboradas”, según informa Europa Press. La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha aceptado parcialmente el recurso presentado por el industrial contra el auto dictado el pasado 30 de septiembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, en el que se negaba a retirarle la condición de investigado, algo a lo que también se oponía la Fiscalía. Villar Mir pretendía que se ordenara el archivo definitivo de las actuaciones en su contra en las piezas 8 y 9 de la trama de corrupción Púnica, en las que se investiga la venta de Grabitum −filial de OHL− a una empresa del empresario David Marjaliza y unas supuestas donaciones de OHL al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

El tribunal considera que “no consta, según las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha, participación alguna del señor Villar Mir” en esas operaciones. “No constan en las actuaciones fuente alguna de la que emanan los indicios que acreditarían la supuesta participación”, aseguran las fuentes judiciales, que descartan su implicación tanto por las declaraciones de los principales implicados −entre los que menciona al empresario David Marjaliza−, como “documentalmente” por el consejo de administración de la empresa constructora.

Los magistrados han aludido asimismo a las cantidades invertidas en la mercantil Bustren, “que indiciariamente tendrían su origen en la comisión entregada por el señor Villar Mir para archivar un expediente sancionador supuestamente incoado a OHL” por Minstra, empresa pública de transportes de la Comunidad de Madrid. “Resulta materialmente imposible sostener que los pagos de OHL de 2012 y 2013 tuvieran por objeto el archivo de un expediente sancionador, ya que el señor (Jesús) Trabada dejó su cargo en Minstra en el año 2011, sin que conste que después de esa fecha ostentase cargo alguno en la Comunidad de Madrid, por lo que, aunque se le hubiere efectuado pago alguno, mal podría influir en el archivo de un expediente sancionador respecto del que carecía de la más mínima relación”, concluye la resolución.

“Estamos en presencia de meras sospechas o conjeturas, no corroboradas (…) por lo que una decisión de sobreseimiento de las actuaciones así acordada ni se reputa prematura ni precipitada, sino todo lo contrario, al eliminar la pendencia de la condición de investigado”, añade el tribunal. No obstante, la Audiencia Nacional rebaja la petición de Villar Mir al considerar que “resulta más ajustado a derecho decretar el sobreseimiento provisional”, por el momento procesal en el que se encuentran las causas, dado que “permite la reapertura de las actuaciones en cualquier momento si aparecen nuevos datos que así lo aconsejen”. Nada puede con Villar Mir. Ni en dictadura ni en democr

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