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Verdades ocultas tras el cierre del colegio Mary Ward

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Perplejidad. Desconcierto. Impotencia. Tristeza. Estos son algunos de los sentimientos que afloran en los más de 270 alumnos, familias y personal docente del colegio Mary Ward de Barcelona después de que esta semana anunciara el cierre definitivo del centro.

El motivo que esgrime la Fundación Narcís Jubany (a la que pertenece el centro educativo) es la inviabilidad económica del proyecto después de que el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya denegara la renovación del concierto educativo a los grupos de P3, P4 y P5.

Un escenario que se produce a menos de una semana para que se acabe el curso escolar y cuando el periodo ordinario de preinscripción para el año académico 2022-2023 ya ha concluido.

El Consejero de Educación, Josep González Cambray, ha intentado calmar la crispación de las familias y ha asegurado que abrirá un periodo de preinscripción extraordinario entre el 20 y el 30 de junio para todos los alumnos afectados.

No obstante, desde el AMPA aseguran que el colegio ha actuado de forma arbitraria y que se ha mostrado acérrimo defensor del cierre, circunstancia que ha levantado sospechas entre muchos de los padres al entender que podría haber otro motivo detrás de todo esto. 

Y es que según explican algunos afectados, las familias habrían solicitado postergar el cierre al próximo año, asumiendo un incremento en las cuotas mensuales para hacer frente a las pérdidas económicas. Sin embargo, el centro habría rehusado esta propuesta y habría concluido que la decisión era irreversible.

Los alumnos viven un auténtico calvario. Muchos de ellos llevan media vida en el colegio. Sus paredes, aulas y patios forman parte de su casa. De la noche a la mañana han de asumir que pronto abandonaran para siempre aquellos pasillos que les vieron crecer  y que su colegio no volverá a albergar futuras generaciones.

La vida es caprichosa y el mundo del capitalismo, más. Constantemente somos partícipes de decisiones que vienen amparadas única y exclusivamente en un afán recaudatorio. El dinero ha engullido todo aquello que realmente importaba, por ejemplo la felicidad, el bienestar y el éxito académico de nuestros menores.

Porque si algo debe recordar la sociedad retrógrada en la que vivimos es que ellos son la esperanza de nuestro futuro. En ellos debemos depositar la confianza de la humanidad y de la prosperidad. ¿Así es como los cuidamos?

Me permitirán que haga una reflexión. Y es que no puedo dejar de advertir que la verdad en este caso está muy difuminada. El motivo que esgrime la Fundación es la pérdida del concierto económico para las clases de P3, P4 y P5.

No obstante, tienen concierto para los cursos de primaria y secundaria. ¿Por qué no continúan ni siquiera éstos? O, mejor dicho aun, ¿por qué no permiten que los padres asuman un incremento de su cuota para sanar la pérdida del concierto de P3, P4 y P5?

La respuesta, queridos lectores, es muy sencilla. Todo es una telaraña tras la que se trata de esconder el verdadero motivo del cierre del centro. Y es que desde el mes de marzo tuvo entrada una solicitud de alteración catastral en la Sede de Catastro, bien fuere para un cambio de uso, bien para un cambio de titularidad.

Por ese motivo me atrevo a decir que no parece tratarse de una decisión motivada por la pérdida del concierto. Más bien al contrario. Se han venido moviendo hilos desde hace meses. No se sabe con qué objetivo. Lo único evidente es que se ha hecho con total ocultamiento hacia las familias.

Señores gobernantes, ¿no estamos ante una de las intromisiones más flagrantes del derecho fundamental a la educación? Porque si me lo permiten, no basta con abrir un periodo extraordinario de preinscripción para garantizar el derecho del que ustedes son garantes.

Lamentablemente, están todos ellos muy ocupados con el rescate de Celsa y la inyección de capital de 550 millones de euros. Y es que eso sí que da votos y reputación electoral. Sobre todo a las puertas de los comicios andaluces donde la izquierda parece perder apoyo hora tras hora.

La fundación religiosa deja en la estacada a 270 alumnos, familias y personal docente. El gobierno no hace nada para remediarlo y es culpable por omisión de la intromisión más ilegítima de los últimos tiempos en el derecho a la educación.

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