Una de cada cinco personas dependientes en España no recibe aún la prestación económica que les corresponde. Esta falta de atención, provocada por la escasez del presupuesto social y en ocasiones por la desidia burocrática, estaría detrás del elevado número de fallecimientos que se producen en España cada año entre las personas mayores, enfermas o gravemente impedidas. Los cálculos son demoledores: cada día mueren 90 personas sin recibir la prestación. Las legislaturas van pasando, los gobiernos del PP y del PSOE se alternan, y las ayudas se siguen gestionando con cuentagotas, con retraso de meses y en muchos casos ni siquiera llegan a los afectados. Así las cosas, las listas de espera van engordando, convirtiendo la vida de estas personas en un auténtico calvario sin que ninguna administración se haga cargo del problema, pese a que la dependencia es un pilar fundamental del Estado Bienestar Social.
Desde que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha esta ley en el año 2007, la falta de dotación económica derivada de las políticas de austeridad ha sido una constante que están pagando las personas dependientes, condenadas a un “limbo legal”. Aurelia Jerez, representante de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, asegura a Diario16 que “el problema es que tenemos unos presupuestos heredados del PP, que no tenía demasiado interés en la ley de dependencia. Además venimos de unos años en que hemos sufrido unos recortes de 4.000 millones de euros”.
En un principio la ley de dependencia establecía que la financiación de las ayudas debe afrontarse al cincuenta por ciento entre la administración central y la autonómica, pero a fecha de hoy la aportación del Estado apenas llega al 18 por ciento mientras que las comunidades autónomas, asfixiadas en sus presupuestos tras la crisis, no pueden hacer frente a este gasto social. “Aún tengo esperanza de que la sensibilidad del nuevo Gobierno, poniendo el punto de mira en las personas dependientes, permita que por ejemplo se puedan recuperar temas como el de la cotización de los cuidadores, que Rajoy derogó en 2012. La ministra Montón ya ha dicho que quiere retomar la cuestión en el último trimestre de este año”, asegura Aurelia Jerez. El asunto de las cotizaciones está machacando a las personas que cuidan de sus familiares dependientes. Basta con echar un vistazo a los datos para concluir que la situación es “catastrófica”: de los 387 euros de ayuda tope que percibe el cuidador de una persona dependiente, 200 se le van en pagar los impuestos de autónomos. Jerez ha exigido a los políticos que “hablen claro” sobre el futuro de una ley que nadie parece cumplir en su integridad a fecha de hoy. “O la derogan o se la toman en serio y empiezan a trabajar en condiciones. No podemos permitir que en este país mueran casi cien personas al día sin atender”, se lamenta.
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia exige a los políticos que “hablen claro” sobre el futuro de una ley que nadie parece cumplir
Otro grave problema es el de la desigualdad que genera la falta de ayudas, ya que finalmente suele ser la mujer la que se ve obligada a optar por quedarse en casa cuidando al familiar al percibir un sueldo más bajo que el del hombre. Diario16 se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para recabar información sobre los retrasos en el cobro de las ayudas y para conocer si el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aumentar la dotación de la Ley de Dependencia en esta legislatura. De momento, este periódico no ha recibido respuesta.
Mucha gente cree que la ley de dependencia favorece solo a personas mayores, pero no es así. Hay cientos de niños que sufren los rigores de una incapacidad y cuyas familias dependen de la ayuda estatal para sobrevivir. Según la cifra actualizada del Sistema de Atención a la Dependencia, a 30 de junio de 2018 el número de personas con grado reconocido de dependencia en España y derecho a prestación ha aumentado hasta la cifra de 1.276.183, un 4,8 por ciento más que en 2017. Del total, 289.097, más de uno de cada cinco, aún no reciben la prestación que les corresponde. El perfil de solicitante es el de una mujer (64%) de 80 años o más (54,1%).
Del total de 1,6 millones de resoluciones, 1,27 millones de personas son beneficiarias con grado reconocido de dependencia y derecho a prestación en aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, frente a 330.248 que no tienen grado reconocido. En concreto, la mayoría tienen reconocido el grado II -dependencia severa (29,9%)-; un 26% el grado I -dependencia moderada-; y un 23,5% el grado III -grandes dependientes-.
Además, de los datos se desprende que de los 1,27 millones con derecho a prestación, 987.086 la reciben, mientras que 289.097, el 22,6 por ciento del total, están en lista de espera. Este porcentaje se sitúa cuatro puntos por debajo del registrado en junio de 2017, cuando había 1,21 millones de beneficiarios con derecho a prestación, de los cuales 319.112 no la recibía, un 26,2 por ciento.
Por tipo de prestación, el 32 por ciento de las que se conceden son ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, seguidas por un 17 por ciento para ayudas a domicilio y un 15,8 por ciento para teleasistencia. Atendiendo a las comunidades autónomas, el mayor número de solicitantes del Sistema de Atención a la Dependencia se encuentra en Andalucía, con 386.030 (22,2 por ciento); seguida de Cataluña, con 312.153 (17,9 por ciento); y Madrid, con 213.512 solicitantes (12,3 por ciento). En cuanto a las personas reconocidas como dependientes y con derecho a prestación, encabezan el listado Andalucía, con 285.730 personas dependientes; Cataluña, con 224.260; y Madrid, con 158.513.
