La guerra en Ucrania ha generado una situación marcada por el agravamiento de la crisis social tras el aumento de los precios de las materias primas, la energía y los alimentos. Esto afecta con mayor gravedad a las personas más vulnerables, ya de por sí afectadas por la pandemia de COVID-19, así como a sectores específicos, como el transporte o el sector primario.
Ante esta situación, las cinco principales organizaciones ecologistas estatales —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— además de mostrar su solidaridad con las víctimas del conflicto bélico y demandar de manera urgente la paz, consideran que el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas «deben dedicar todos los esfuerzos para paliar esta situación. Por ello, han hecho público un documento con diez medidas urgentes para disminuir la vulnerabilidad social y remediar la crisis ecológica», que han entregado a Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El contexto actual ha puesto de manifiesto la inseguridad del modelo de producción y consumo, muy deslocalizado, basado en las energías fósiles y con necesidades crecientes de materiales y energía. La COVID-19 también ha dejado claro que existen estrechas interrelaciones entre la protección del medioambiente, la salud y la sobrevivencia de la humanidad.
Los cinco grupos ecologistas consideran que la soberanía alimentaria y la soberanía energética, en un marco de conservación de la biodiversidad, deben ser los pilares de la hoja de ruta que guíe la respuesta a las preocupantes situaciones generadas por la pandemia o la guerra de Ucrania.
Soberanía energética
«Esta guerra y las distintas crisis que está provocando no pueden servir de excusa para profundizar en un modelo insostenible que aumenta la emergencia climática y la dependencia del exterior», explican. Por ello, piden evitar a toda costa rescatar megaproyectos vinculados al gas fósil que ya estaban descartados o paralizados (Midcat o el Musel) y que supondrían inversiones millonarias. Como alternativa proponen apostar por diversas medidas.
La primera de ellas, la puestaen marcha de un programa de ayudas a la movilidad y a la energía para los grupos socioeconómicos más vulnerables, a través de la creación de un bono social como apoyo a sufragar gastos de movilidad y de una tarifa social de electricidad para familias con rentas bajas y sectores directamente afectados a través de transferencias directas.
El refuerzo de los sistemas de transporte público urbanos y periurbanos, con apoyos directos a las empresas municipales de transporte para reforzar sus servicios en un escenario de aumento de precios del combustible, junto con medidas como la implantación de carril bus o carril VAO.
También piden la aceleración de la transición energética, pues entienden que «se necesita esta medida para hacer frente a la emergencia climática y no depender de energías que financian la guerra. Es decir, impulsar un sistema eléctrico eficiente, inteligente, de fuentes 100 % renovables y democrático para 2030, dando prioridad a las instalaciones que no supongan una amenaza para la biodiversidad y el medio rural».
Es esencial en los próximos meses, indican, «impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas, garantizando para estas opciones una reserva de al menos el 20% de la capacidad de evacuación en cada nudo de la red».
Otra de las propuestas es un plan de inversión a gran escala para la descarbonización de los hogares para 2035, con un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables.
Todo ello debería ir acompañado de la revisión de las políticas de formación de los precios de la electricidad. «Dichas políticas deben desvincularse del precio del gas, tienen que ir más allá de las medidas transitorias actuales y han de reflejar el coste real de su producción para beneficiar el abaratamiento que aportan las energías renovables».
Soberanía alimentaria
El modelo de producción agrario predominante en España es enormemente vulnerable por depender de insumos externos provenientes de Ucrania y Rusia. Un ejemplo son los cereales importados de Ucrania para la alimentación animal —27,6% del maíz, el 12,9% del trigo y el 31,4 % de las tortas de aceites vegetales— o los fertilizantes de Rusia, tanto directa —ya que acapara el 15 % del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17 % del de fertilizantes potásicos— como indirectamente, al ser responsable del 20% del comercio mundial de gas natural, un componente clave en la fabricación de los mismos.
En este sentido, las reivindicaciones de los colectivos ecologistas pasan por un plan de transición justa del sector ganadero que elimine de aquí a 2030 las explotaciones ganaderas industriales, previa moratoria a nuevas instalaciones de este tipo. Asimismo, exhortan a la puesta en la apuesta por un modelo de producción agroecológica, que minimice el consumo de combustibles fósiles e insumos agrarios y posibilite la relocalización de la producción y consumo de alimentos. Todo ello acompañado de la recuperación de un mínimo del 10 % de superficie agraria de espacios y elementos del paisaje «de alta riqueza para la biodiversidad agraria».
Otros dos aspectos en los que incide el enfoque de la soberanía alimentaria son la promoción de una dieta sostenible y saludable, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y atajar las pérdidas y desperdicio alimentario, «con una rápida tramitación, aprobación y puesta en marcha del Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario».
Frenar la pérdida de biodiversidad
Este conjunto de medidas contribuirá a erradicar la pérdida de biodiversidad, «pero son necesarias más acciones», comentan. La salida de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania «no puede dejar de lado las políticas e iniciativas centradas en abordar la crisis climática, la recuperación de la naturaleza y la acción global». Entre otras cuestiones, consideran que «es preciso que el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y la Biodiversidad sea una realidad antes del verano, que se aplique de forma efectiva la Ley 42/2007 de Biodiversidad y Patrimonio Natural, y que se eliminen los incentivos contrarios a la conservación de la biodiversidad en los presupuestos públicos y en los fondos Next Generation».
Este año, además, se está negociando el marco global de biodiversidad, que se aprobará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, prevista para el próximo mes de octubre. Las organizaciones ecologistas reclaman que España mantenga una posición de liderazgo para que el acuerdo permita una auténtica acción global en favor de la naturaleza.
Financiación
La implantación de estas medidas requiere de un compromiso económico tanto en el corto como en el medio y largo plazo, con partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado, los fondos agrarios y en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.
Para financiar dichas medidas, las organizaciones ecologistas creen que es primordial «no cargar a la sociedad con más costes, sino que estos sean soportados por quienes se han lucrado del modelo basado en los combustibles fósiles, en la contaminación del medio rural y en la globalización económica. Es decir, las compañías energéticas, tanto las petrogasistas, como las eléctricas, y las grandes corporaciones del sector agroindustrial».
Un ejemplo para la financiación, plantean, podría ser la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios «obtenidos por los grandes grupos energéticos en el mercado mayorista por los altos precios del gas».
