Los grupos parlamentarios de EH Bildu, Unidas Podemos, Más País, ERC, PDeCat, CUP, BNG, Junts acaban de presentar ante la mesa del Congreso de los Diputados una propuesta para la creación de una Comisión de investigación sobre «la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y «parapolicial», con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados».
Señalan en el escrito de propuesta que, «habida cuenta de la luz que han arrojado las diferentes investigaciones periodísticas, judiciales y pesquisas llevadas a cabo en las Cortes Generales en sendas comisiones de investigación, se puede afirmar sin lugar a duda que en el Estado español hay estructuras parapoliciales, al margen de la legalidad vigente, formadas por altos funcionarios integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con acceso a herramientas -y armas- de altísima sensibilidad».
Consideran que, «si bien sería ajustado remontarse a los inicios de la democracia y las poco transparentes implicaciones de los «servicios de inteligencia» y otras instituciones del Estado con el Golpe del 23F o la trama de terrorismo de los GAL, estos extremos sirven para inferir que parece ser una constante histórica la existencia de este tipo de estructuras en el Estado español, que no dan cuenta a la ciudadanía ni están sometidas a control alguno, sirviendo a intereses espurios y opacos y siempre sufragados con recursos públicos».
Conclusiones de la Comisión de Investigación en 2017
El escrito recupera las conclusiones de la Comisión de investigación que fue llevada a cabo en las Cortes Generales durante la XII Legislatura en el año 2017. En ese momento, el escrito aprobado por el Congreso indicaba un modus operandi recurrente por la misma cúpula política y policial de la que ahora es objeto de pesquisas. En aquel momento el Congreso de los Diputados consideró probado lo siguiente:
«(…) 3. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación de trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (Señor Trías), o Podemos (Informa PISA).
4. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho.»
Recoge el texto presentado ante la Mesa del Congreso que «queda acreditado, según el legislativo, la existencia de un sistema institucionalizado, al margen de la ley, sufragado a través de erario y que se usaba para perseguir, con métodos mafiosos, a una determinada disidencia política».
Dictamen de conclusiones recientemente aprobado en el Congreso
Señalan estas formaciones que, más recientemente, también en las Cortes, se ha aprobado un dictamen de conclusiones por una amplísima mayoría de representantes que señala: «El desarrollo de la Comisión de Investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban».
Recuerdan que la Operación se dirigía desde tres sedes: la sede del Partido Popular en la calle Génova con el conocimiento de la Secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, que informaba al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey; la sede del Ministerio del Interior, con el Ministro Jorge Fernández Díaz que le encargó al Secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez Vázquez la puesta en marcha de todo el operativo delictivo; y su epicentro, en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino Sánchez.
La finalidad de la Operación Kitchen era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la Administración de Justicia, e incluso de los propios miembros del Cuerpo que actuaban como policía judicial.
Subrayan los partidos que presentan esta propuesta que «el Partido en el Gobierno, parece ser que usaba estas estructuras para alterar y sustraer pruebas que incriminasen a sus dirigentes y los vincularan a las tramas corruptas que se investigan en sede judicial».
Espionaje Pegasus
Según ha recogido EuropaPress, Unidas Podemos y el resto de firmantes «ponen en duda las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez, negando que hoy siga existiendo este tipo de tramas». «No se han explicado los movimientos llevados a cabo por el Ministerio», denuncian.
Estas formaciones ya pidieron una comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus, entre otros sistemas, que acaba de salir a la luz, pero el PSOE se ha negado a debatirlo en el Pleno del Congreso. Por esta actitud del partido socialista se pide una nueva comisión de investigación cuyo primer objetivo sería «conocer en detalle la vinculación con la Policía y el entramado mediático del excomisario Villarejo creado a fin de conseguir dinero a partir de presionar a personajes públicos y partidos con información obtenida de manera irregular».
