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Se han cumplido ya dos semanas desde que el pasado 12 de febrero comenzase el juicio al proceso de soberanía catalana.

A través de International Trial Watch han estado presentes en la sesión del juicio cuatro observadores, tres de ellos internacionales: John Philpot, pionero en Derecho Penal Internacional. Actuó en la Corte Penal Internacional en La Haya en Kenia y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda; Paul Newman, doctorado en Filosofía sobre la situación de los desplazamientos internos y los derechos humanos en el norte de Sri Lanka, por la Universidad de Bangalore. Orador habitual en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Fue uno de los cuatro oradores públicos en el Tribunal Popular Permanente sobre Crímenes de Guerra contra Sri Lanka;  Bill Bowring, profesor en la Universidad de Birbick, miembro de European Association Lawyers for Democracy & World Human Rights y Miembro del Comité Ejecutivo del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales y Joaquín Urías, Profesor titular de Derecho Constitucional y Exletrado del Tribunal Constitucional.

Las valoraciones que ha dado a conocer ITW a través de un informe, de esta segunda semana son las siguientes:

– El Tribunal no ha reservado plazas específicas para los observadores. Por este motivo, han acudido a la audiencia pública, cuestión realmente complicada, por lo que su asistencia está siendo difícil. Han de esperar turno para conseguir un “número”, a las siete de la mañana, que les permita poder acceder posteriormente a la sala. Además, al acceder, han de dejar fuera todos los dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos). Esta limitación no es generalizada, y se denuncia que no ocurre en todos los casos, por lo que puede que se esté produciendo una arbitrariedad.

Una vez en el interior del edificio han de esperar unas dos o tres horas hasta que comienza la vista, sin poder salir de él.

 

Se ha valorado positivamente:

1.- el hecho de que el Tribunal permita que los acusados puedan sentarse con sus respectivas defensas una vez acabado el interrogatorio.

2.- el hecho de que el Tribunal no haya limitado el tiempo de los interrogatorios a ninguno de los declarantes, permitiendo que puedan expresarse como deseen durante el tiempo que consideren oportuno.

 

Denuncias:

1.- El segundo día de vista (miércoles 13 de febrero) los acusados presos estuvieron en el Tribunal desde las 8 de la mañana hasta las 22.30 de la noche, que fue cuando terminó el interrogatorio. Llegaron al centro penitenciaro alrededor de las doce de la noche, momento en el que ya no había cena caliente disponible ni posibilidad de ducharse. Al día siguiente tenían que levantarse a las 6 de la mañana para volver al Tribunal. Algunas de las defensas plantearon sus quejas al respecto por el hecho de que sus defendidos tuvieran que declarar en estas condiciones, puesto que es obvio que no se encontraban en plenas facultades para someterse a un duro interrogatorio que duraría horas.

 

2.- No se ha habilitado un sistema de traducción simultánea del catalán, lengua materna de los procesados. Solamente se ha ofrecido la traducción consecutiva, mucho menos ágil. Todas las personas acusadas han renunciado precisamente a este sistema porque elimina la espontaneidad y dificulta además para poder expresarse de manera tranquila y sin distracciones. Esto ha sido denunciado por casi todos ellos, puesto que genera indefensión. Podría estar afectándose su derecho de defensa así como sus derechos lingüísticos. Estas afectaciones se derivarían, a su vez, de la alegada vulneración del derecho al Juez predeterminado por ley, que debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

3.- Derechos fundamentales: en relación a la libertad de reunión, las preguntas del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado planteadas a Jordi Sánchez han sido preocupantes para ITW. En ellas se confunde la comunicación de las manifestaciones y/o concentraciones con una supuesta autorización o permiso (que no es constitucional=, y se criminaliza la convocatoria y participación en manifestaciones masivas. Además, se desconoce también el concepto de las “manifestaciones espontáneas”, reconocidas y amparadas por el derecho internacional, que es derecho interno directamente aplicable en España. Las acusaciones están invirtiendo el orden interpretativo constitucionalmente exigible cuando hay derechos fundamentales en juego, según se denuncia.

 

4.- Alteración del orden en la práctica de la prueba: según se prevé en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se ha seguido el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, sino que la elección de los declarantes responde al hecho de haber ocupado un cargo político, independientemente de quien los haya propuesto. Alguna defensa ha solicitado que los seis testigos que solamente han sido propuestos por las defensas (como el caso de Nuria de Gispert, Fabriel Rufián, Alabano Dante, Iñigo Urkullu, Ernest Benach y Juan Ignacio Zoido) declaren después de que se hayan practicado las testificales de la acusación, para poder así garantizar el derecho de defensa de los procesados. En Sala, el Presidente del Tribunal afirmó que se atendería su petición, pero sin embargo en la diligencia de ordenación de 22 de febrero siguen constando estos testigos para la próxima semana.

ITW ha informado también de los nombres de los próximos observadores para esta tercera semana del juicio. Serán Jelle Klaas, abogado penalista y director de litigio de NJCM (Dutch Section of the International Comissions of Jurists), Patrizio Gonnella, Presidente de Asociación Antígone (desde 2005) y Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (desde 2014), Susanna Marietti, coordinadora nacional de Antígone, asociación que ha luchado por los derechos y garantías en el sistema penal y penitenciario durante más de veinte años, Mathieu Crettenand, Adjunto al rectorado de la Universidad de Ginebra y Doctor en ciencias de la comunicación y medios, e  Iñaki Lasagabaster, Catedrático de derecho administrativo en la Universidad del País Vasco.

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