“El objetivo de mi Gobierno es asegurar la recuperación del empleo de calidad, con derechos laborales y prestaciones sociales adecuadas”. Con estas palabras la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, exponía ante los asistentes al Foro Político de Alto Nivel sobre Estrategia de Empleo de la OCDE, que se celebra en París, el compromiso del Gobierno de España de armonizar la competitividad empresarial con un empleo digno, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 y con el debate en torno al futuro del trabajo auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Precisamente en este contexto de compromiso del Gobierno con el trabajo decente y una redistribución más justa de la riqueza se enmarca la adhesión de España el pasado 22 de noviembre al “Pacto Global para el trabajo digno y el crecimiento inclusivo” (Global Deal) promovido por el Gobierno sueco en cooperación con la OIT y con la OCDE.
La lucha contra la precariedad laboral enlaza a su vez con el compromiso de revertir los efectos más perniciosos de la reforma laboral de 2012 a través de cuatro actuaciones. La primera de ellas, explicó Valerio, “es la recuperación del diálogo social como elemento vertebrador en el ámbito de las relaciones laborales”.
La ministra ha recordado que el pasado mes de julio se pusieron en marcha cinco mesas de trabajo con los interlocutores sociales para tratar sobre: Empleo y Relaciones Laborales; Seguridad Social, Formación y Cualificación Profesional; Igualdad; y Economía Sumergida, cuya finalidad es mejorar el mercado de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores.
La segunda medida abordada por el Ejecutivo ha sido el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, aprobado el 27 de julio, un Plan destinado a acabar con la precariedad laboral y recuperar los derechos de los trabajadores, en el que han participado los agentes sociales y las comunidades autónomas. “Los resultados, ha afirmado la ministra, están siendo muy positivos, porque están favoreciendo la conversión de contratos temporales en indefinidos”.
Las actuaciones dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables, como jóvenes y parados de larga duración, es la tercera medida en la que está volcado el Gobierno, “y por eso estamos trabajando en un Plan de Choque de Empleo Joven y en un Plan de Parados de Larga Duración”.
La cuarta y última medida se refiere al incremento del SMI, “que permitirá luchar contra la pobreza laboral y garantizar una mayor participación de los salarios en el aumento de la productividad, asegurando mayores ingresos a la Seguridad Social”.
Trabajar por la cohesión social
Para la titular de Trabajo la reforma laboral del anterior Gobierno “generó puestos de trabajo, pero con contratos precarios y bajos salarios; y el coste fue muy elevado, dado que causó una severa devaluación salarial que nuestro Gobierno va a revertir con el incremento del SMI”.
Otros efectos negativos de dicha reforma destacadas por Valerio son la fuerte precariedad a través de economía sumergida, horas extraordinarias no pagadas, falsos autónomos; recorte de las prestaciones por desempleo y desplome de las políticas activas de empleo; aumento del riesgo de pobreza en España, (se estima que el porcentaje de trabajadores pobres ronda el 14,8%); incremento de la brecha de género y aumento de la tasa de temporalidad, casi 5 puntos desde 2013.
La reforma dio lugar también, según la ministra, a un debilitamiento de la negociación colectiva al priorizar el convenio de empresa sobre el convenio de sector, y por la limitación a un año de la vigencia de los convenios una vez finalizada su duración máxima, “dejando al trabajador en una situación de debilidad extrema en momentos de crisis económica y fuerte desempleo”.
Por todo ello, al final de su intervención, donde la ministra española ha estado acompañada del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, de sus homólogos de Francia, Grecia y Chile, así como de represntantes del área laboral de los Gobiernos de Canadá y Portugal, Valerio ha reiterado la importancia de apostar por la igualdad de oportunidades y el crecimiento justo e inclusivo como “única garantía de cohesión social”.
