Unidas Podemos ha anunciado este jueves sus propuestas en materia de vivienda para la Comunidad de Madrid, donde destaca la regulación de los alquileres de las zonas tensionadas de Madrid vinculando la renta de las viviendas a los ingresos medios de los hogares en la zona. De esta manera, la formación liderada por Iglesias propone que los alquileres no puedan superar el 30% del salario medio de la zona correspondiente. 

«Ha llegado la hora de proteger el derecho a la vivienda en Madrid. Un derecho fundamental que nos ha sido arrebatado desde hace 26 años. Regularemos los alquileres para que el precio no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. Movilizaremos la vivienda vacía en manos de grandes propietarios, bancos y fondos buitre para incorporarla al parque público de alquiler social mediante la cesión obligatoria de uso e impulsando un impuesto a la vivienda vacía», ha asegurado Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid.

Además, Unidas Podemos insta a que la administración pueda movilizar la vivienda vacía de los grandes propietarios, considerando como tal a los propietarios de más de 10 inmuebles, bancos, fondos de inversión y SOCIMIS, para destinarla a alquiler social. Las viviendas así incorporadas al parque público de viviendas en alquiler serán puestas a disposición de jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monomarentales y otros colectivos vulnerables con alquileres asequibles, estableciendo el precio social del alquiler en el 15% de los ingresos medios de los hogares en la zona en la que se halle sito el inmueble.

Asimismo, Unidas Podemos propone un impuesto a la vivienda vacía de grandes propietarios -cuyo uso no haya sido cedido para alquiler social-, en consonancia con el trabajo que se está llevando a cabo en la Comunitat Valenciana. 

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A su vez, la formación morada ve necesario aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid con enfoque de Derechos Humanos, tomando como punto de partida la Iniciativa Legislativa Popular que fue rechazada en 2017 por el Partido Popular y Ciudadanos.


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