El mayor atentado medioambiental acaecido en Canarias, el caso Áridos, ha sido protagonista en el Parlamento, con una interpelación presentada por el PSOE, que ha sido aprobada por unanimidad, en la que el resto de partidos, junto con el Ejecutivo canario, se han comprometido a tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de la ejecución de la sentencia condenatoria a los areneros por extracción ilegal, dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife, que insta a la restauración de los Barrancos de Güímar afectados en una superficie de 22 millones de metros cúbicos, así como a una indemnización de 204 millones de euros por el desastre ecológico causado en Tenerife durante treinta años.
El diputado socialista, Gustavo Matos, presentó una propuesta similar a una PNL (Proposición No de Ley), en respuesta a una comparecencia anterior del consejero de Industria, Pedro Ortega, en la que Matos acusa al Gobierno de Canarias “de no hacer nada hasta la fecha, para cumplir con la ejecución de un plan de restauración en los Barrancos de Güímar, a tenor de las vagas explicaciones del consejero Ortega, cuando el tiempo corre en contra del Ejecutivo, al finalizar el plazo de ejecución de sentencia el próximo 28 de enero de 2018”.
La Audiencia Provincial de Tenerife en 2016, condenó a tres areneros a penas de prisión de un año y tres meses a cada uno, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de otra condena de un año y medio para no ejercer la actividad de extracción. Entre los condenados se encuentra el empresario Antonio Plasencia, condenado recientemente a una pena de prisión de 5 años en el caso Las Teresitas, que ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.
Plasencia evitó la cárcel por el caso Áridos al negociar la restauración de los Barrancos de Güímar, en un plazo de dos años señalado por la Audiencia Provincial para ejecutar esta sentencia firme. Además la citada sentencia, insta a las instituciones públicas a elaborar un plan de restauración, hecho debatido en diversas ocasiones en el Cabildo de Tenerife, y el Parlamento de Canarias sin éxito de acuerdos entre instituciones, hasta el acuerdo plenario de hoy a propuesta del PSOE, logrando este compromiso institucional.
El PSOE califica el caso Áridos como el “mayor daño ambiental sufrido por el Archipiélago”, y ha solicitado ante la Cámara “velar por el cumplimiento de esta sentencia contra los empresarios condenados, realizar los estudios correspondientes y un plan de restauración de la zona afectada por la extracción ilegal de áridos, garantizando que no se vuelvan a ejercer los derechos extractivos, y cambiar la calificación extractiva a l abaja económica, cuando supone una actividad altamente lucrativa, equiparable a la extracción aurífera, dada la calidad de estos áridos, que han generado para algunos areneros ingresos millonarios”, defendió Gustavo Matos en su moción, que ha transado acuerdos con CC y PP para aprobar el texto por unanimidad.
El punto de la “discordia política y social”, debatido con el PP en esta moción del PSOE, radica en que el Gobierno de Canarias, no se convierta en el garante de las indemnizaciones a las que los empresarios podrían acceder por el fin del derecho a extraer áridos en los Barrancos de Gúímar. Los agujeros, algunos de 90 metros de profundidad, provocados conscientemente en esta tierra por los areneros condenados, son objeto de restauración, pero la polémica se suscita por las posibles indemnizaciones a los condenados, por su derecho extractivo. El PSOE ha dejado claro que “se opone a que sea el Gobierno de Canarias el que pague las indemnizaciones, si llegara a haberlas”, subrayando Matos que “en ningún caso las instituciones públicas deben compensar económicamente a los condenados, siendo deudores de 204 millones de euros según se deduce la sentencia del TSJC, ni el cumplimiento de este mandato judicial debe repercutir en los presupuestos canarios”.
El portavoz de CC, José Miguel Ruano, ha ratificado la moción del PSOE, “reconociendo el esfuerzo del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, con una Proposición de Ley ante el Parlamento de Canarias, para solucionar la restauración de los Barrancos de Güímar”, que fue rechazada por esta Cámara, motivando la moción de Gustavo Matos (PSOE). Ruano se ha acogido al RD 975/2009 que alude a un plan integral de restauración, “proponiendo la elaboración de los planes de restauración minera, en consonancia con el ayuntamiento de Güímar, el Cabildo de Tenerife, y el Gobierno de Canarias.
El PP, recordó que “han transcurrido 16 meses de los 24 meses disponibles para la restauración que dicta la sentencia”, señaló Cristina Tavío, que solicitó “suprimir el apartado de la moción original en el que se alude a prohibir la actividad extractiva sin contemplar los derechos indemnizatorios de los afectados”, a lo que el PSOE no se opuso, y pudo lograrse el acuerdo plenario.
El Grupo Mixto, con el portavoz de ASG (Agrupación Socialista Gomera), se sumó al cumplimiento de la sentencia del caso Áridos, recordando que “existe legislación en la que se reconoce el derecho a indemnización para los que realizan la actividad extractiva, valorada entre un 10% al 20%”, y subrayó que “hasta ahora ningún gobierno de ningún partido ha resuelto este problema”.
Román Rodríguez (NC), respaldó la moción socialista, y mostró su apoyo “a la restauración del daño causado por los extractores de áridos” y la oposición “a que el erario público cargue con la indemnización a los areneros, que podría ascender a miles de millones de euros”.
La formación Podemos ha castigado duramente la extracción ilegal en los Barrancos de Güímar, amparándose en el mandato judicial del TSJC, “no se puede premiar los agujeros ocasionados, ni a los propietarios de los áridos, -dueños y areneros condenados a la vez-, proponiendo mayor control sobre esta protección ambiental dada las competencias del Gobierno de Canarias”, señaló Asunción Delgado.
