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Una reforma de la Constitución para las ‘personas con discapacidad’

El Gobierno aprueba, la tercera reforma de la Carta Magna está vez a diferencia de las otras dos, por consenso de todas las fuerzas políticas y no impuesta por la política exterior o los mercados

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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El Gobierno ha aprobado este viernes, la tercera reforma de la Constitución española, está vez a diferencia de las otras dos, por consenso de todas las fuerzas políticas y no impuesta por la política exterior o los mercados.

Como ya adelantó Diario 16, el Consejo de Ministros ha aprobado eliminar el término «disminuidos» del artículo 49 y sustituirlo por «personas con discapacidad», un día después del 40º aniversario de la Constitución, como llevaba años reclamando el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad el CERMI.

Se reconocerá la «igualdad real y efectiva» de este colectivo y obligará a los poderes públicos a «garantizar una vida participativa, autónoma e independiente» de estas personas, algo que quedará recogido por primera vez en el texto de la Constitución.

La nueva redacción del artículo 49 de la Constitución española es fruto del acuerdo alcanzado en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados por todos los partidos políticos.

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Anteriormente ha habido dos reformas de la Carta Magna. La primera en el año 1992 para reconocer el voto a los ciudadanos de la Unión Europea, al añadir, en el artículo 13.2, la expresión ‘y pasivo’, referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales.

El 7 de febrero de 1992 se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea por el que, entre otros, se modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. El artículo 8.B de éste, prescribiría, tras la aprobación del Tratado de Maastricht, que «todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida…».

La ultima y vergonzosa reforma se produjo en plena recesión, con nocturnidad y alevosía, para satisfacer a los mercados que amenazaban con un rescate duro al Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero. Con la excusa de una profunda y prolongada crisis económica y financiera, los mercados desestabilizan las políticas presupuestarias para obligar al Gobierno de España a cambiar la Constitución. La reforma del artículo 135, perseguía introducir el principio de estabilidad presupuestaria de manera exprés y sin referéndum.

A finales de agosto de 2011, se debatió en el Congreso la ampliación del artículo 135 para incluir la obligación de “todas las Administraciones Públicas” de adecuar “sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria” y que le deuda goce de prioridad absoluta. La reforma se aprobó el 2 de septiembre con CiU y PNV que aún presentes no votaron, la ausencia de IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai y el voto en contra de CC y UPyD.

Hicieron la modificación para poder obtener el rescate financiero. Fue una garantía para que los capitales no asumieran ningún riesgo, ya que pasaron a estar amparados por la Constitución, afirmaron muchos economistas. Esto trajo consecuencias que aún hoy arrastramos. Aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso hacer la reforma lo más rápido posible, pactando en los despachos con el PP una reforma exprés, la modificación del artículo indignó a los movimientos sociales, la ‘Cumbre Social Estatal’, constituida al año siguiente por los sindicatos UGT, CCOO, USO y más de 150 organizaciones sociales del Estado español, las Mareas Ciudadanas, Attac, etc.

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha explicado que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de reforma que busca impulsar la protección y promoción de las «personas diversas con discapacidad» y que retirará términos «tan obsoletos e injustos» como «disminuido» y «minusválido» del artículo 49, aunque en su momento, como ha recordado, fue «un gran avance».

El artículo 49 establece que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

La periodista Vicky Bendito inició una campaña para recoger firma con el lema «Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución», bajo el amparo del CERMI, que llegó a recoger más de 81.000 firmas para que se cambie el artículo 49 de la Carta Magna.

«Es muy positivo que la primera reforma social de la Constitución esté dirigida a las personas con discapacidad», ha recalcado el presidente del CERMI.

El artículo 49 de la Constitución estaba redactado de una forma «médico rehabilitadora y asistencial» y ahora va a tener un enfoque de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha explicado Vicky Bendito.

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