La gran cantidad de alimentos que acaban en la basura es preocupante. Una alumna de la Universidad Pública de Navarra, Onintza Rojas, ha realizado una investigación en 13 comedores escolares y el resultado es que cada año se tiran 27.000 kilos de alimentos en dichos centros. Cifra que se dispara a nivel mundial según un informe de la ONU  que indica que cada año acaban en la basura casi 1.000 millones de toneladas de alimentos. Para luchar contra estas cifras, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que la ley contra la pérdida y el desperdicio alimentario entrará en vigor este año.

Acabar con el despilfarro

La ley pretende combatir el cambio climático; asumiendo como una prioridad acabar con el “despilfarro alimentario en todos los eslabones de la cadena, también en los hogares”, señala el ministro. Y continúa advirtiendo que tirar alimentos a la basura es también “despilfarrar recursos naturales”. Planas ha hecho estas declaraciones en una reunión con motivo de la celebración de la V Cumbre Mundial de la Alimentación, organizada por el Gobierno de Dinamarca. Bajo el bajo el lema «Innovaciones revolucionarias para sistemas alimentarios saludables y sostenibles”.

Falso

El activista contra el despilfarro de comida, Manuel Bruscas, señala en una entrevista al Huffington Post que la culpa de la gran cantidad de alimentos desperdiciados no recae únicamente en las familias. “Es habitual leer que las familias somos responsables de más del 50% del desperdicio de alimentos. Es falso. Pero es una mentira repetida que traslada toda la responsabilidad a una parte de la cadena”, defiende el activista.

Reducir a la mitad el desperdicio

Pero el ministro Planas defiende que la ley española contra el despilfarro alimentario “contempla actividades de sensibilización e información dirigidas a todos los agentes de la cadena alimentaria y a los consumidores”, algo que coincide con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y, en concreto, con el de “reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”, defienden desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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