Carlos Izquierdo Téllez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Palma, recibió en 2014 el premio Miguel Degà Frontera a la Ética Jurídica.

Una madre maltratada con graves problemas de movilidad lleva más de cinco meses sin poder ver a sus hijos gemelos de cinco años de edad, después de que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma de Mallorca, Carlos Izquierdo Téllez, decidiera el pasado junio suspender cautelarmente el régimen de visitas a los menores, tras alegar incumplimiento por parte de ella, sin tener en cuenta que el progenitor tiene una condena firme por violencia de género y dos órdenes de alejamiento en vigor ni tampoco las condiciones de movilidad reducida de la madre, que debía realizar 26 traslados mensuales al punto de encuentro, sistema requerido por el progenitor y aceptado por el juez, pese a que la madre ofreció numerosas opciones alternativas más acordes con sus necesidades específicas de movilidad. A todo esto se suma que esta mujer maltratada ha sido juzgada este jueves 31 de octubre por la titular del Juzgado de lo Penal 5 de Palma, Magdalena Morro, por un presunto delito de desobediencia por el que la Fiscalía le pide hasta un año de prisión.

Los niños tuvieron que ser ingresados en junio en un hospital tras sufrir crisis de ansiedad por no querer ser entregados a su padre

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma de Mallorca decidió, en un auto del 10 de junio pasado, suspender cautelarmente el régimen de visitas de los menores, establecido en otro anterior de febrero de este año, en el que el juez decidió el cambio del régimen de guarda y custodia de los hijos menores a favor del padre, pese a conocer que tiene desde 2018 una condena por coacciones y quebrantamiento y dos órdenes de alejamiento en vigor.

Pese a todo, el juez estableció en febrero un régimen de visitas de los menores con su madre de dos tardes entre semana y fines de semana alternos, además de una pensión de alimentos que deberá ser abonada por la madre al padre de los menores por valor de 360 euros mensuales.

En el auto del pasado junio, el juez creyó “necesario” suspender cautelarmente el régimen de visitas establecido “a la vista de las incidencias producidas, el incumplimiento por el no retorno de los menores en la forma establecida y la continua situación de conflictividad generada con el equipo técnico del Punt de Trobada Familiar, con afectación a los propios menores”. El magistrado cree que esta suspensión es el “único modo de garantizar su superior interés, que es el de estar libres de interferencias y cumplimiento del régimen en la forma debida, hasta tanto no se elimine la producción de nuevas situaciones como las expuestas”.

Este magistrado no ha tenido en cuenta los informes médicos presentados por la madre en los que se recogen los episodios de ansiedad y agresividad sufridos por los menores cuando debían ser entregados a su padre en el punto de encuentro. En la exploración médica a la niña, se le detectan unos hematomas en la cara interna de ambos brazos, que admite a los facultativos que se los hizo su padre cuando lloraba porque “echaba de menos” a su madre. El diagnóstico pediátrico realizado en el hospital universitari Son Espases es claro: “Sospecha de maltrato infantil”. Se decide remitir informe a la Fiscalía de Menores y a los servicios sociales de menores.

Cuando interviene la Fiscalía, lejos de buscar la protección de esta madre y sus hijos frente al condenado por violencia de género, decide frenar las diligencias solicitadas por la víctima discapacitada para que los médicos forenses dictaminen sobre las presuntas lesiones sobre los menores.

El juez creyó “necesario” suspender el régimen de visitas a la madre por “el incumplimiento por el no retorno de los menores en la forma establecida y la continua situación de conflictividad generada con el equipo técnico”

Anteriormente, el fiscal Miguel Ángel Anadón se opuso en noviembre de 2018 a las alternativas de traslados de los menores al punto de encuentro que ofreció la madre, e incluso días después instó a la juez de Instrucción 9 de Palma para que procesara a esta víctima de malos tratos por un presunto delito de desobediencia, penado con hasta un año de prisión, por el que ha sido ahora juzgada mientras sigue sin ver a sus hijos desde hace más de cinco meses.

“Niños invisibilizados”

Fuentes cercanas al caso aseguran a Diario16 que “los niños están invisibilizados, por más gestiones que hace la madre o el pediatra de los niños”. Pese a haber informado al Registro Unificado de Maltrato Infaltil (RUMI), nadie se encarga de tratar a los menores, aunque a finales de marzo se tramitó una interconsulta por parte del pediatra para ser valorados y tratados en el Institut per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) del Hospital Son Espases de Palma.

Varias asociaciones de defensa de las personas con discapacidad y de protección a los menores se han interesado por este caso adelantado por Diario16 el pasado julio. Además, personas allegadas a la madre de los menores han intentado hacer llegar la voz de alarma y solicitar al Consejo General del Poder Judicial que actúe y evite esta situación de desprotección sobre esta madre y sus dos hijos menores.

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2 Comentarios

  1. Esta Fiscalía es la peor de todas las fiscalías. La más delincuente de todas las fiscalías. Voy a vomitar.

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