Mioara Muresan, madre de tres hijos, de nacionalidad rumana y residente en Sevilla, ha denunciado que la Junta de Andalucía le ha quitado a su hijo mayor, de 14 años, sin darle ninguna explicación.
Así lo recoge Confilegal, donde se señala que el pasado 13 de febrero, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias y Igualdad de Andalucía acordó el desamparo provisional del menor. En ese mismo momento, agentes de policía y funcionarios de la Administración se personaron en el instituto para llevarse al niño a un centro de menores.
José Antonio Sires es el abogado encargado de la defensa de la familia del menor, y ha explicado a Confilegal que «ni el menor ni la madre tenían constancia de ello, a pesar de la acción tan sumamente importante que se iba a llevar a cabo por decisión de la delegación».
El abogado ha explicado que, según la Junta de Andalucía, se ha cumplido con todas las garantías legales. Pero se ha solicitado por parte de la defensa de la madre, que como medida cautelar se aporte todo el expediente, desde el inicio, para poder conocer cuáles han sido los motivos por los que se han llevado al menor, puesto que a la madre no se le ha informado de nada, según su versión.
La normativa establece que una decisión administrativa, como la señalada, debe informarse a la madre con, al menos, 48 horas de antelación. Pero, según su abogado, esto no fue así.
La madre se enteró por la abuela, que está en Rumanía
Según explica Conflegal, la madre, que estaba en Sevilla, se enteró de la noticia porque su madre (la abuela del menor), le llamó por teléfono para preguntarle qué había sucedido.
Las autoridades de Rumanía acudieron al domicilio de la familia, donde reside la abuela, para comunicarle que se habían llevado a su nieto a un centro de menores. Fue entonces cuando la abuela llamó a su hija a España, para preguntarle por su nieto. Ante la información que estaba dando la abuela, la madre se comunicó con su hijo, quien le confirmó que le habían sacado del colegio unos señores y se lo habían llevado a un centro de menores.
El abogado de la familia ha señalado que no descarta tomar acciones penales y solicitar la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos y revisar el proceso administrativo llevado a cabo. Siguen sin conocer los motivos por los que han separado al hijo de su madre. El abogado ha recordado que en el año 2017 hubo un caso muy parecido, donde al final se demostró que se había actuado incorrectamente y se tuvo que indemnizar a la familia.
