La Fiscalía Provincial de Álava ha denegado las visitas de una madre de Vitoria a su hijo de 14 años, ingresado en el Hospital de Cruces, en Bilbao, desde el pasado 18 de mayo, por un linfoma del que está siendo tratado. Así, se ratifica en su informe del 21 de marzo de 2022 y considera que «la medida cautelar de prohibición de comunicación acordada lleva implícita la imposibilidad de realizar las visitas de la madre con el menor mientras esté en vigor dicho régimen de visitas sin que quepa en principio excepcionar tal prohibición».
Por si no fuera suficiente, el escrito añade que «subsidiariamente, y dado que las circunstancias de salud del menor no permiten la realización en la Unidad de Visitas de manera supervisada, en presencia de un tutor o supervisor, no se considera procedente la realización de visitas dado que en esas circunstancias no parece viable la supervisión adecuada por parte de un tutor o supervisor que debe estar presente necesariamente en la realización de las visitas, y, en caso de que tan supervisión pudiera ser viable, tampoco se considera procedente la realización de las visitas si las mismas pudieran suponer un riesgo para la salud del menor dado su estado».
Detrás de esta historia están Inmaculada Fuentes, su hija Paula de 18 años y su hijo menor. La situación se remonta casi 3 años atrás. Para muchos, el caso es más que conocido en Vitoria y, según explica la madre del menor, «sobre todo en el Departamento de Justicia, Igualdad y Política Social del Gobierno vasco, cuya consejera, Beatriz Artolazábal, no acudió hace un mes a la comparecencia en Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia a la que sí asistimos mi hija y yo, y otras madres en situación muy similar para contar lo que nos está sucediendo».
Y es que Inmaculada y el resto de madres forman parte de la Red Resistencia contra el SAP (Síndrome de Alienación Parental). Cabe recordar que las Juntas Generales de Álava votaron no al SAP en julio de 2020.
Durante su comparecencia, denunció ante la Comisión «la violencia institucional a la que nos están sometiendo instituciones como el Área del Menor y Familia por parte de varias trabajadoras sociales y el Consejo del Menor. Respecto a este organismo, se me aplicó un desamparo por instrumentalización, término que como todos sabéis no se puede usar. Una institución en la que realizan informes falsos de mis dos hijos, creando desamparo en uno de ellos y una situación de riesgo en otro, incluyendo el ingreso de mi hijo menor en un centro tutelado. Y planteando una situación de riesgo sin conocer a mi hija, que en ese caso era menor. Esa situación fue retirada. Y esa menor ha crecido y hoy está con nosotros».
Una trabajadora social a la madre: «no te voy a enviar nada porque no me da la gana y seguiré utilizando el SAP»
Cuando se refiere al Consejo del Menor lo hace como «una institución que según ellos vela por el bienestar del menor, algo muy contradictorio vistos los informes que realiza. Informes que no se avalan con nada, pues a la trabajadora social no le consta nunca nada de lo que le sucede a mi hijo, algo contradictorio ya que es el propio menor el que escribe correos que hace llegar por medio de compañeros, estando en un piso tutelado. Tras más de 400 escritos remitidos a dicha trabajadora social, muchos de ellos repetidos, lo que se le solicita no se envía. Informes de Psicología, informes de la directora del centro y un largo etc…».
Durante la última reunión con la trabajadora social asignada, el pasado 17 de mayo de 2022, «que llevaba pidiendo desde septiembre de 2021, pues a ella nunca le venía bien o estaba de baja. Ella misma me dice que no me va a enviar nada porque no le da la gana. Esa trabajadora me dice esa misma mañana que ella utiliza el SAP (Síndrome de Alienación Parental) y que lo va a seguir haciendo. No lo dice una vez, sino en muchas ocasiones», relata Inmaculada.
Informes psicosociales sólo para madre e hijos
También se refirió en su comparecencia y lo manifiesta, en conversación con Diario16, «las juezas de familia de los juzgados 4 y 8 de Vitoria trabajan de la mano. En estos juzgados se nos asignó un equipo psicosocial a mis hijos y a mi, pero nuevamente el Consejo del Menor decidió que al padre de los niños no se le hiciese una valoración, algo contradictorio porque al padre de estos niños le sacaron de la vivienda por violencia doméstica».
Según esta madre, son otras las presuntas irregularidades en sede judicial. «Los trámites en estos juzgados siempre se van retrasando, siempre faltan papeles o no se quieren dar respuestas porque estaba todo apelado a la Audiencia. Este caso es el de las visitas que tenía con mi hijo. La Diputación dice que tiene que ser el Juzgado y el Juzgado dice que tienen que ser ellos. Así llevo desde octubre de 2021, sin poder verle».
Incluso afirma que «ambos juzgados pierden las transcripciones de los menores, no queriendo volver a citarlos. Tras meses de retrasos dan una fecha para dictar sentencia, siendo el 25 de diciembre. Otra metedura de pata más. Ese día no se trabaja en juzgados, así que lo aplazan un mes más tarde».
Denuncia por maltrato psicológico a su expareja y su hija
Ese día, Inmaculada descubre con sorpresa que han aparecido las transcripciones de su hijo, «donde deja claro que quiere vivir con su madre y su hermana, y visitas con su padre, pero nuevamente vulneran sus derechos y le dan la custodia al padre, a un padre maltratador. Todo esto ocurrió a finales de enero. Ese mismo día el padre nos denuncia tanto a mí como a mi hija por maltrato psicológico. Llevábamos sin verle cuatro meses en ese momento».
En esa ocasión, la titular del Juzgado nº2 de Vitoria «me pone una orden de alejamiento, pero con visitas en un punto de encuentro. Esas visitas no se han producido todavía», comenta.
Levantan la orden de alejamiento por tres días
Recientemente, según la madre, «el padre y su abogada levantaron la orden de alejamiento durante tres días, sin consultar en el juzgado. Y la volvieron a reestablecer. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo estaba feliz de que estuviese con él en el Hospital de Cruces».
Frente al suplicio que Inmaculada y su hija afirman vivir sin poder ver a su hijo y hermano, han vuelto a solicitar a la consejera del Departamento de Justicia, Igualdad y Política Social «la aplicación del artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia 8/2021 que les obliga a impedir el falso SAP, interferencias parentales, manipulación y cualquier otro criterio no avalado científicamente, si es necesario por encima del corrupto sistema judicial, porque esta ley obliga a cualquiera de los tres poderes públicos. Que se reabran los casos, se haga un estudio minucioso desde el día que mi hijo salió de mi casa, retirando de estos casos a estas juezas y se deje presentar las documentaciones y se de respuestas a todo lo solicitado por el interés superior del menor», concluye.
