La que fuera jueza sustituta del Juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, ha condenado al sindicalista que alertó sobre la corrupción de UGT-Andalucía, Roberto Macías, a 2 años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Macías destapó la trama de facturas falsas que la federación andaluza de UGT confeccionó fraudulentamente para «justificar» las subvenciones millonarias destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía.
La sentencia, que fue notificada el pasado 13 de mayo, considera sin embargo que esas facturas presuntamente falsas confeccionadas por el sindicato son “información reservada y sensible” que Ana María León entiende que merecen protección, como si se tratara de los secretos lícitos de cualquier empresa.
Según los hechos probados de la sentencia «el 7 de noviembre de 2012, sobre las 17.02 horas, el acusado se conectó al PC, cuando se hallaba en horario laboral, conectando el dispositivo de almacenamiento masivo USB, en el que volcó o copió al menos 374 elementos (342 ficheros y 32 carpetas), lo que supone un total de 22.500 archivos o ficheros informáticos, extraídos del Servidor de datos de UGT-A, en concreto de una carpeta denominada ‘COMPRAS’ y que a su vez se hallaba dentro de otra denominada ‘CONFIDENCIAL/COMPRAS'».
Sigue diciendo la sentencia que “dichos archivos o ficheros contenían información reservada y sensible del referido Sindicato, entre la que se encontraban facturas emitidas por diversos proveedores de UGT-A, como las mercantiles PINEDA, ASESORES DE VIAJES, LIENZO GRÁFICO, CHAVSA, PUBLICAR, SIOSA y VIAJES MACARENA, documentación relativa a los denominados «RAPEL» y «BOTES», figuras éstas que hacían referencia a determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas, que estaban siendo objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción nº 9 de esta capital, por la presunta financiación ilegal del Sindicato, así como datos personales de alguno de sus integrantes contenidos en una agenda de teléfonos», apunta la sentencia.
Ana María León considera además que la querella (que luego interpuso UGT-A contra Roberto Macías por destapar la “trama de las facturas falsas”) no se puede calificar como represalia porque dice que la Directiva europea que las prohíbe (2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión) todavía no ha sido transpuesta al Derecho Español, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dicho que sí que es aplicable para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales que contempla (STS 2ª 35/2020).
La jueza sustituta fue amonestada un año antes por la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía por su “mala actuación y dejadez”
En el Acta de la reunión celebrada el día 09/04/2019, la Sala de Gobierno del Tribunal Andaluz dejó constancia de la “mala actuación y dejadez de la Juez sustituta” cuando Ana María León sustituyó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Sevilla, a pesar de lo cual fue nombrada posteriormente al menos en otras cinco ocasiones más, la última de las cuales fue precisamente el juzgado de lo Penal nº 15 de la capital hispalense, que según fuentes jurídicas consultadas habría abandonado también a fecha de hoy.
