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Una investigación por abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia

Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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España quiere dejar de ser la excepción en el entorno europeo en la forma de encarar los abusos sexuales a menores en el sí de la Iglesia. Si sale adelante la propuesta no de ley registrada por el PSOE en el Congreso, una comisión independiente liderada por el Defensor del Pueblo y formada por expertos, miembros de la Administración, víctimas y, posiblemente, por el mismo clero, será la encargada de aclarar estos hechos, hasta ahora cubiertos por una capa de opacidad. La iniciativa de los socialistas, contrarios a que sea el Parlamento quien investigue estos delitos, empieza a congregar una mayoría holgada, mientras que el PP se opone y la Conferencia Episcopal Española (CEE), en una actitud diferente a la de los obispos otros países, se mantiene instalada en el silencio.

El Gobierno no pone plazos a la futura comisión. El precedente de Francia, donde un organismo independiente concluyó el octubre pasado que desde el 1950 unos 216.000 menores habían sufrido abusos por parte de cerca de 3.000 religiosos. El organismo estuvo trabajando dos años y medio antes de emitir sus conclusiones. No es una investigación fácil. Es muy complicada, con mucha documentación. Lo importante es hacerlo con rigor y que las víctimas se sientan amparadas, declaró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La investigación quizás no estará concluida cuando se celebren las próximas elecciones generales, a finales del 2023 o principios del 2024. Así que si hay cambio en el Gobierno, su trabajo podría correr riesgos, modificaciones o retrasos.

El PP ya ha dejado claro que no apoya la iniciativa. Desde Bruselas, Pablo Casado acusó al Gobierno de querer tapar con esta comisión los abusos de menores ocurridos en centros públicos en las Baleares y el País Valenciano, donde gobiernan los socialistas. Cómo en otras ocasiones, el líder del PP obvió que en Madrid, territorio en manos del PP, también se han producido hechos de este tipo. En cualquier caso, Casado rechazó que la investigación se ciñera a un determinado colectivo (?)

Se trata de una tesis similar a la que ha estado desplegando la Iglesia católica en los últimos años. Aun así, la CEE no ha aclarado si participará en la investigación, y no lo hará hasta que reúna su órgano de dirección. A pesar de que el Papa Francisco ha pedido encarar con más firmeza que sus antecesores el fenómeno de los abusos, los obispos españoles no han hecho hasta ahora ningún paso decidido en este terreno.

Bolaños le pidió al presidente de la CEE, Joan Josep Omella, que se implicara en la comisión. La respuesta fue que se lo pensarían. Esta es la diferencia con Francia. Mientras que en el país vecino fue la Iglesia quien impulsó la comisión de investigación, en España los obispos se sitúan a la defensiva.

El esquema de Pedro Sánchez es el de un organismo liderado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En el pasado, la institución llevó a cabo informes sobre las víctimas de la violencia de género (1998). Este modelo protege más la privacidad de las víctimas. Garantiza que son escuchadas en un entorno amable y de confidencialidad. En rigor, quien primero lanzó una propuesta de este tipo fue el PNB, a pesar de que sin citar el Defensor del Pueblo.

La iniciativa no se cree que tenga problemas para salir adelante, a falta de negociar la letra pequeña y que llevará a cabo Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera, que durante sus años en el Gobierno se encargó de las relaciones con el Vaticano. Calvo no ahorró críticas a los obispos. La Iglesia tiene que hacer su trabajo, señaló. Nos habría gustado que hubiera salido al paso en este asunto. La comisión la formarán juristas, psiquiatras, psicólogos, pediatras, sociólogos, representantes de las víctimas y la Iglesia, responsable de estos delitos. Siempre que los obispos quieran participar. De momento, un silencio total y decepcionante.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Es esta la respuesta que esperaban los creyentes del organismo máximo de la iglesia española? ¿No tienen vergüenza los obispos de este país? No han investigado ni tampoco han denunciado a los abusadores ignorando el problema, el silencio ha sido su forma de actuación hasta ahora.

Pero resulta que, durante muchos años, la iglesia y los gobiernos del estado, han declarado pomposamente que España era la reserva espiritual de occidente. ¿A qué se referían, concretamente, con esta afirmación?

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