La empresa Konecta BTO, participada en un 40% por el Banco Santander, ha sido condenada a contratar a 92 personas con discapacidad a las que no subrogó cuando en el mes de agosto consiguió la adjudicación del servicio de gestión telefónica de cita previa de la Agencia Tributaria, tal y como publicamos en Diario16.

Konecta decidió no contar con el personal con discapacidad y obligó a la anterior adjudicataria, Grupo SIFU, a entregar un listado con todas las personas que serían subrogadas a partir del día uno de agosto. Esta empresa participada por el Santander, a la que califican los sindicatos como «el número uno en precariedad», rechazó la subrogación y envió una carta a las plantillas en la que se indicaba que no reconocía el convenio del centro especial de empleo y sólo ofrecían lo que indica el artículo 18 del Convenio de Contact Center: un proceso de selección.

El sindicato CGT denunció esta situación y ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien ha decidido que los despidos de estas personas con discapacidad son nulos y obliga a Konecta a pagar el salario que dejaron de percibir desde el día 1 de agosto.

El Banco Santander tiene un riesgo reputacional evidente que viene lastrado por la conducta de sus dirigentes, directivos y de la familia Botín que gobierna el banco como si fuera su cortijo, con sucesión dinástica incluida desde hace generaciones, al protagonizar constantes escándalos de presunto fraude fiscal (cesiones de crédito, 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, etc.) y operaciones dudosas (Popular, Banesto, etc.) durante muchos años.

Por mucho que se empeñe su departamento de comunicación dirigido por Juan Manuel Cendoya, ni su presidenta es feminista ni el Santander es benefactor de las personas con discapacidad. Su labor social queda en entredicho con la aplicación de ERE salvajes y coactivos que han dejado en la calle a trabajadores y mujeres embarazadas, tal como ya hemos publicado en Diario16 en relación con el Popular.

En múltiples ocasiones Santander y Konecta han presumido y alardeado de su supuesta ayuda a las personas con discapacidad con programas de ayuda a proyectos inclusivos en los que dicen “promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad dentro del territorio nacional” e “impulsar proyectos dirigidos a la mejora de la empleabilidad, la autonomía y el empoderamiento de las personas con discapacidad”.

Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad y tienen la oportunidad de demostrar esa labor social de ayuda a las personas con discapacidad han mostrado su verdadera cara dejando sin empleo a 92 discapacitados, mostrando el rostro más cruel del nuevo capitalismo y que es falso todo lo que muestran a través de las campañas de marketing de su departamento de comunicación apoyadas por sus medios afines.

La actuación de Konecta fue en contra de lo que dicen que son sus principales objetivos «el apoyo, la formación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de larga duración y mujeres con cargas familiares. Además, apoya iniciativas de I+D que mejoren la accesibilidad física y tecnológica en los centros de trabajo, asesora a empresas para el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y desarrolla proyectos enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad».

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