La dimisión de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, si es que se materializa en el pleno del día 30, no servirá de nada. La correlación de fuerzas no cambia. Los conservadores seguirán teniendo 10 vocalías y los progresistas bajarían a 6 más Enrique Lucas, propuesto por el PNV que suele votar con estos últimos, aunque, en ocasiones, se ha desmarcado de ellos. Sigue habiendo el quorum requerido por la ley. Sólo una dimisión en bloque provocaría una situación de consecuencias imprevisibles que obligaría al PP a ceder en su permanente bloqueo.
El Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 20 vocales y su presidente, en total 21 miembros. La ley tiene previstas sustituciones en caso de bajas. Pero es que, ahora mismo, ya no hay ni suplentes. Los 9 designados por el Congreso y el Senado, o bien cubrieron las plazas que dejaron vacantes Fernando Grande-Marlaska y Mercè Pigem, o bien han sido inhabilitados como es el caso de Antonio Álvarez Buylla, imputado de un delito de falsedad en una querella presentada contra él por la Asociación de Defensa del Procurador, ADP.
En otras palabras, que no queda nadie para sustituir por lo que si se provocase una baja masiva de vocales habría que buscar una solución no contemplada en la norma. La Ley Orgánica del Poder Judicial no regula la dimisión en bloque del CGPJ por lo que, según señalan en el órgano de gobierno de los jueces, “ no prevé qué puede ocurrir de producirse en esta hipótesis”. Sí queda claro en el artículo 600 de la LOPJ que se requiere un quorum mínimo de diez vocales más el presidente por lo que, de no existir dicho quorum, el CGPJ quedaría invalidado para ejercer sus funciones.
En cualquier caso, el Consejo General del Poder Judicial actual está en funciones por lo que tiene limitadas sus competencias. No puede, por ejemplo, proponer el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo ni el del presidente del propio CGPJ. De ahí que el actual titular, Rafael Mozo, lo sea en calidad de “presidente sustituto”. Y en la hipótesis de que renunciaran los vocales actuales y entraran unos “suplentes”, el CGPJ seguiría en funciones, por lo que no se solucionaría esta situación.
Sin prácticamente competencias, a los vocales conservadores del Consejo les queda el recurso de dictaminar sobre cuestiones “consultivas” sin que sus resoluciones tengan carácter vinculante. Así sucedió con el nombramiento de fiscal general del Estado, o con la ley del sólo sí es sí. Dictaminaron en contra y el gobierno y el parlamento no tuvieron en cuenta sus opiniones.
Pero al Partido Popular y a los vocales conservadores les da igual. El bloqueo del CGPJ les sirve de “caja de resonancia” y esperan que esta situación influya dentro de unos meses, cuando España asuma la presidencia de la UE sin haber hecho, según ellos, el “principal deber impuesto por Bruselas: la reforma del poder judicial”. Menos mal que se produjo el “milagro” de la renovación del Tribunal Constitucional. El Consejo designó, a regañadientes por parte de los vocales conservadores, a sus dos candidatos y la crisis en el órgano de garantías concluyó con evidente éxito. El TC se ha puesto al día y funciona con entera normalidad institucional.
Algo que no ocurre con el CGPJ. Y ese es el principal motivo al que ha llevado a la vocal, Concepción Sáez, a dimitir. “He confiado en que la renovación de este consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad, como bien sabes”, señala Sáez en la carta de dimisión que ha remitido al presidente, Rafael Mozo. “En este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial. La incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano, al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un consejo en funciones, ha terminado por agotar mi paciencia”, añade Sáez.
La vocal, que es letrada de la administración de justicia, se ha negado, en todo momento, a designar a jueces para las instancias judiciales estando “en funciones”. Por eso recibió con alivio el decreto por el cual se limitaban sus funciones y las de sus compañeros. Una iniciativa legislativa que ha sido cuestionada por el PP y por los vocales conservadores del Consejo quienes repiten hasta la saciedad, el “grave deterioro que se está generando en instancias como el Tribunal Supremo por no poderse cubrir las vacantes que se producen por jubilaciones, bajas por enfermedad o fallecimiento”.
Lo que quiere la derecha es que un órgano de gobierno de los jueces que lleva “en funciones” más de mil días, siga haciendo nombramientos de forma discrecional como hasta ahora han hecho. No necesitan a un presidente, como cuando tenían a Carlos Lesmes. Les basta con la mayoría de vocales. Pero el gobierno no está dispuesto a ceder en tal sentido. Demasiado es que las altas instancias judiciales, desde las audiencias provinciales hasta el Supremo, estén repletas de jueces y magistrados conservadores que están poniendo continuamente piedras en el camino de la acción política.
Por esas razones, la dimisión de Concepción Sáez es puramente testimonial, aunque coherente. Porque mientras la derecha siga bloqueando una renovación mas que necesaria se seguirá manteniendo este estado de cosas en la justicia de este país.
