Si bien la nueva ley hipotecaria resuelve parcialmente algunos aspectos de la anterior, es de prever que en un año va a producirse una avalancha de desahucios. Asociaciones como Stop Desahucios, las PAH y asociaciones de clientes bancarios buscan cómo evitar que cientos de miles de familias se queden en la calle.
Sin embargo, a veces la ayuda viene de dónde menos se espera. Una nueva brecha se ha introducido en la larga trayectoria de defensa del consumidor ante el abuso bancario: las cláusulas REDAL.
REDAL es la abreviatura de Redito Ad Libitum (devolución a voluntad) y significa que, en caso de dificultades económicas, el cliente tiene derecho a devolver un importe mucho menor del que marca la cuota mensual que le está cargando el banco.
Esta situación no pasaría de anecdótica si no fuera porque un grupo de matemáticos y abogados ha descubierto que las hipotecas REDAL son más de la mitad de las firmadas en el período 2000-2018. Es decir, que con un poco de suerte, si un deudor pasa por un mal momento, tiene una defensa jurídica fuerte ante el banco porque su propia escritura le protege.
Las ventajas de tener una hipoteca REDAL son muy importantes. En primer lugar, durante todo el tiempo que se discuta con el banco, el cliente mantiene la propiedad de su casa. Por otra parte, durante este tiempo paga una cuota muy pequeña y no incumple el contrato (por lo cual no le pueden echar de su vivienda). Y, finalmente, dispone hasta el final del período de amortización marcado en la hipoteca para regularizar su situación, o bien vender su casa dentro de unos años a un precio mayor y, por tanto, quedar libre de deuda (o incluso obtener beneficio).
Primeras victorias judiciales
En la actualidad, estos abogados y matemáticos señalan que ya han obtenido dos sentencias REDAL en primera instancia, un segundo caso en el que el banco desistió y pidió al cliente negociar y la tercera, y más importante, una sentencia de segunda instancia (crea jurisprudencia).
La dificultad más importante que se encuentran a la hora de defender un caso REDAL es la deficiente formación financiera de los jueces y abogados que llevan los casos civiles. “Es obvio que un juez de lo civil no tiene por qué entender a fondo cómo funcionan los préstamos hipotecarios. En estas circunstancias, cuando presentamos un peritaje, tiene que ser más didáctico que numérico y, en todo caso, siempre hay que esperar que tanto el juez como los abogados van a entenderlo”, confirma a Diario16 uno de los miembros de esta asociación.
Para curarse en salud, estos asociados se dirigieron a dos universidades españolas, al Departamento de Economía y al Departamento de Matemáticas, y obtuvieron por escrito la ratificación de sus conclusiones. Es decir, ya disponen de la certificación, hecha por un doctor funcionario público, de que tal como está redactada la hipoteca el cliente tiene derecho a la devolución mediante el sistema REDAL.
El camino para defender el derecho de los clientes en cualquier otro país pasaría por las vías regladas: los parlamentarios se interesarían por este recurso para defender a la formación o, por ejemplo, los jueces pedirían formación específica para juzgar mejor los casos donde se exija familiaridad con los cálculos financieros. Sin embargo, en España las cosas funcionan así: unas pocas personas, sin ningún apoyo de ninguna institución pública ni de la administración ni de ninguna organización de defensa de los ciudadanos, se han lanzado solas a defender a los cientos de miles de familias que ahora mismo están en riesgo.
