No es una noticia de El Mundo Today, ha ocurrido, es real. Un particular ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que el confinamiento es casi como un “arresto domiciliario”. Además, en su escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo exige la suspensión cautelar del decreto de estado de alarma ordenado el 14 de marzo, así como sus sucesivas prórrogas, porque atenta contra su derecho a la libertad de movimientos. De momento no ha trascendido la identidad del denunciante. Se sabe que es abogado, aunque se descarta que se trate de Javier Ortega Smith, siempre empeñado en desgastar al Ejecutivo comunista con sus ráfagas de querellas.

Ya lo decían los psiquiatras y psicólogos: el confinamiento empezará a pasar factura a los españoles. Son demasiadas semanas de reclusión y los nervios están a flor de piel, el estrés se dispara y las mentes empiezan a dar síntomas de debilidad. Solo así puede entenderse que el alcalde de Badalona se ponga al volante de un automóvil tras meterse unos buenos copazos en el cuerpo y conduzca haciendo eses por el centro de Barcelona. O que al periodista Alfonso Merlos le salga una señora en pelotas del baño mientras mantiene un serio y riguroso directo por videoconferencia con Javier Negre para explicar su punto de vista sobre la crisis sanitaria del coronavirus. O que Mariano Rajoy se líe la manta a la cabeza, haga caso omiso a todo el mundo (al ministro Illa, a los mandos de la Guardia Civil y probablemente hasta a su propia mujer) y se salte el confinamiento para darse sus trotes matutinos pese a la amenaza de una grave sanción.   

Y ahora ese particular anónimo que ha decidido llevar al Gobierno a los tribunales por secuestro y que es la viva imagen de la rabia contra los políticos, de la ansiedad, de la desesperación. A ese ciudadano ya no le vale el atracón diario de series de Netflix, ni los cursos de repostería para principiantes en Youtube, ni siquiera tocar la flauta en el balcón a las ocho en punto de la tarde, como un paciente faquir, después de aplaudir a los sanitarios. Hastiado ya, se ha ido al juzgado y ha tenido su día de furia. “A mí nadie me dice lo que tengo que hacer; solo Santi Abascal”, habrá pensado sin duda.

El impulsor de la acción judicial solicita en su escrito la suspensión del estado de alarma porque las medidas que este contiene “no tienen cabida en el marco constitucional”, ya que “han de ser adoptadas bajo la figura del estado de excepción”. Además, denuncia que el decreto le impide trasladar “a un enfermo de esquizofrenia” y “le parece mal que los ciudadanos no puedan desplazarse a su segunda residencia (los que la tengan)”.

Pese a parecer una chifladura, la denuncia ha llegado alto, muy alto, tanto como a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en las últimas horas también vive la tensión del momento tras el acalorado rifirrafe entre Carlos Lesmes y Pablo Iglesias a cuenta de la sentencia condenatoria contra Isa Serra. En su informe, en el que rechaza los postulados del airado ciudadano, el fiscal califica de “apodícticos”, “inconexos” y “contradictorios” los argumentos para exigir la suspensión inmediata del estado de alarma.

Sobre el enfermo al que tiene asistir, el Ministerio Público le recuerda que ese supuesto está contemplado en el decreto de estado de alarma y en relación con la aplicación del estado de excepción el fiscal le responde con un zasca en toda regla: “Si se cuestiona la limitación de movimientos impuesta a los ciudadanos, pero lo que se ofrece como correcta solución jurídica es la declaración del estado de excepción, que potencialmente comporta restricciones de derechos y garantías mucho más intensas, resulta difícil comprender cómo puede servir a ese objetivo el levantamiento cautelar del estado de alarma que, bien al contrario, dejaría sin ninguna cobertura legal parte de las medidas de prevención y contención del contagio”.

El acusador público considera las quejas del denunciante como “apreciaciones en algún caso claramente infundadas y por lo demás irrelevantes” y le informa de que lo importante ahora es “el interés general y combatir la epidemia”. Finalmente, al quejoso confinado se le ha condenado a las costas del proceso, ya que con su acción ha generado “una actividad procesal manifiestamente innecesaria” y ha provocado “un incidente de medidas cautelares carente de toda motivación jurídica e igualmente prescindible”. En otras palabras: Fiscalía le ha dado un par de capotazos al irritado miura y lo ha enviado de nuevo a los toriles. O sea, otra vez al sempiterno confinamiento, como todos.

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