Nuria Medina Ramos y Manuel Hernández Jiménez se casaron hace catorce años y tienen tres hijos. Explican que llevaban una vida normal cuando, tras el confinamiento por el COVID-19, la mayor de sus hijas empezó a sufrir una afección en la piel, que los dermatólogos diagnosticaron como sarna. El vector del contagio habría sido el perro de la cuñada de Nuria. No solo se vieron afectados por la enfermedad los tres menores, sino sus propios sobrinos.
«Empezamos a llevarlos al médico. Nos derivaron al dermatólogo, nos dieron un tratamiento y nos dijeron que no podían ir al colegio hasta que no se curaran del todo porque era muy contagioso. Y eso hicimos. Fuimos entregando los justificantes en el colegio. Siguieron con su tratamiento hasta que se metió Menores por medio por absentismo escolar. Les explicamos lo que pasaba, les enseñamos el parte de faltas, y un día me dieron una cita. Fue mi marido, porque yo trabajaba. Yo no me imaginaba que íbamos a llegar a este punto. Es algo que ni se me pasaba por la cabeza. Nos dan una nueva cita y ese día estábamos trabajando mi marido y yo. Entonces fue mi madre y le dijeron que los niños tenían que empezar a ir al colegio».
Los hijos de Nuria y Manuel no pudieron acudir al colegio durante nueve meses al estar recuperándose de la enfermedad. «Estaba ya a punto de terminar el colegio. Parecía que les había desaparecido, se reincorporaban, y a los tres días volvían a tener síntomas y de nuevo para casa».
Confiesa Nuria que «cuando se metió Menores cogí mucho miedo. Y me empecé a informar de lo que podía ocurrir. Y me enteré de que, después de un seguimiento, ellos podían decidir apartarlos de la familia. Yo hablé con la coordinadora y le dije: ¿no llegaremos a este extremo, verdad? Y me dijeron que no, que no, que cómo íbamos a llegar a esto. Que eso era en casos muy extremos».
Y su intuición, desafortunadamente, no falló. Explica que el 1 de junio de 2022, a las 07:00 de la mañana, «entran en mi casa literalmente, se llevan a la niña pequeña, porque los otros dos no estaban. Hay un forcejeo con mi marido, pues éste se resistía a que se llevaran a su hija. Y nos dijeron que presentáramos a los otros dos o daban en adopción a la pequeña de 6 años». En este instante, Nuria rompe a llorar desconsoladamente al recordar los hechos. Continúa diciendo que tuvo que presentar a sus otros dos hijos, a quienes se llevaron el 5 de junio, «y hasta hoy».
Nuria y Manuel denuncian que les han mentido en todo momento. «Primero nos dijeron que esto iba a ser algo temporal hasta que nos estudiaran y vieran que los niños estaban bien. Luego nos dijeron que ya no iban a volver más con nosotros. Después que les veríamos una vez a la semana. Ahora, una vez cada quince días. Y así continuamente».
Dice Nuria que «los niños están sufriendo y cada vez que vamos, mal».
Pido la tutela de mis hijos
Los menores han sido dados en acogida familiar extensa a su tía, la hermana de Nuria. «Desde entonces cada vez les veo menos y les están separando de mi. Dicen que tienen que crear un vínculo entre ellos y ella, y que quieren la separación definitiva de los niños respecto a nosotros que somos sus padres». Así asegura Nuria que se lo dijeron en el Grupo VI de la Diputación General de Aragón en Zaragoza.
«Pido la tutela de mis hijos. Cada semana estoy introduciendo un escrito, y todo se me deniega. He pedido que vinieran a casa los fines de semana, y se me ha denegado. He pedido que vinieran para fiestas, y se me ha denegado».
Nuria ha presentado una contrademanda en el juzgado. «He pedido que declare mi hija de 12 años. El 20 de enero tiene que declarar. Y el día 13 de febrero es el juicio».
Una denuncia global
«Lo que denunciamos es que se están haciendo informes falsos. Hay 50.000 niños en centros y un 80% injustamente. Hay niños que son maltratados por sus padres, que tienen problemas en su casa o que no tienen una familia estable, pero el 80% no. Únicamente el 20% de los menores están en los centros por situaciones de vulnerabilidad muy concretas».
Por eso, piden al Gobierno y al resto de partidos políticos que reflexionen sobre la realidad de los menores tutelados en España, «que cese la retirada de niños y niñas, y que aquellos que permanecen en centros regresen con sus familias biológicas, es decir, con sus padres».
Esta previsto que Nuria y Manuel lleguen a Madrid entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, la noche de fin de año. Serán recibidos por miembros de las asociaciones Diwork y Familias para la Sociedad del Siglo XXI
Una audiencia con los Reyes de España
El deseo de Nuria y Manuel es trasladar la problemática del Sistema de Protección a la Infancia a S.M. el Rey Don Felipe VI y S.M. la Reina Doña Letizia pues, según afirman, han enviado «varios escritos a la Casa Real sin obtener respuesta alguna». Ahora esperan que, coincidiendo con su estancia en Madrid, puedan ser recibidos en Zarzuela.
Recogida de firmas y directos de la marcha
De forma paralela a la marcha, que esta noche ha tenido parada y fonda en Calatayud, han iniciado una recogida de firmas. » Queremos que nos escuchen en el Congreso, para que terminen con esto, que pongan remedio…que hagan algo. Alguien tiene que hacer algo. Esto no puede seguir así», suplica Nuria.
También están realizando una campaña en redes sociales, a través de contactos y amistades, y cada día narran sus vivencias durante la marcha que les conduce a Madrid en sus directos de Tik Tok.
Artículo 39 de la Constitución Española, una simple quimera
Historias como la de Nuria y Manuel llevan a analizar las contradicciones del famoso Artículo 39 de la Constitución:
- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
- Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
- Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Sin embargo, hoy día, de entrada no se cumplen los puntos 1 y 2. Más bien, las familias viven en el desamparo permanente, en una ansiedad lacerante cada vez que buscan protección y ayuda de los Servicios Sociales Públicos, porque saben que sistemáticamente se les niega, en especial ante hechos como la retirada de un menor a su familia biológica. En los puntos 3 y 4, se citan los deberes de los padres y la protección de los derechos de los niños. Pero, si en las circunstancias de máxima vulnerabilidad el Estado y las Comunidades Autónomas se ponen de perfil frente a un Sistema de Protección a la Infancia que hace aguas, difícilmente se podrán cumplir los puntos 1 y 2, porque esa protección a la que se apela es prácticamente inexistente, sobre todo ante el dramático capítulo que representa para una familia la privación de libertad de cualquiera de sus miembros. Habrá quien considere que vivir en un centro de menores no es un régimen carcelario y empleará toda suerte de eufemismos para defenderlo, incluso entre los propios políticos, y no precisamente de derechas.
La realidad es que una gran mayoría de los 50.000 menores tutelados que hay en España no va a tener las mismas oportunidades de desarrollo que otros chicos y otras chicas de su edad, que afortunadamente no han terminado en un centro de menores, arrancados de sus padres e incluso de la familia extensa que podría hacerse cargo de ellos (abuelos, tíos, hermanos, si se dieran los requisitos).
Estado vs Familias
Pero no, «en lugar de facilitar a las familias de origen los medios sociales, jurídicos y asistenciales, se les retira a sus hijos, cuando todo humano tiene como derecho fundamental vivir en su familia de origen o extensa», explica Victoriano Fernández , presidente de la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI .
Luego, ¿qué modelo de protección a las familias y la infancia es este que les deja abandonados en la cuneta? ¿Cómo es posible que con la retirada de menores el Estado avoque a miles de familias a desembolsar cantidades de dinero -de las que no disponen- para pagar a un abogado que lleve su caso? Esto sucede en España. Se permite que las familias más vulnerables se hundan económicamente más de lo que están para afrontar los procesos judiciales por la retirada de menores tutelados. Muchas familias terminan por desistir por falta de recursos. Y luego tienen que afrontar la dolorosa dación en acogida o la adopción de sus hijos e hijas.
El momento de que Ione Belarra de la cara
La lista de preguntas es interminable. Pero hay una que resume lo que debería ser una prioridad en estos momentos para la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a la vista del alarmante cariz que está adquiriendo la situación de los menores tutelados en toda España: ¿Qué clase de tutela están ejerciendo el Estado y las Comunidades Autónomas sobre los hijos ajenos desde el momento en que permiten las situaciones que denuncian los colectivos de familias de menores tutelados?
